El Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN) realizó una campaña para promover que las personas internadas por cuestiones de salud mental puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones. Desde el organismo público advirtieron que las personas con discapacidad psicosocial e intelectual suelen encontrar barreras cuando quieren ir a votar. “A pesar de que hubo un avance (a partir de la implementación de la ley de Salud Mental), todavía hay muchas personas que no pueden acceder al voto”, dijo a Página|12 María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del ORN.

Iglesias contó que el órgano trabajó de forma articulada con otros organismos estatales, como el área de Salud Mental y la Defensoría del Pueblo, “para que en todo el país haya comprensión de este derecho y de la accesibilidad al mismo” para las personas que se encuentran alojadas voluntaria o involuntariamente en centros de internación públicos y privados. Según el ORN, los problemas más frecuentes que tienen las personas internadas a la hora de votar son “la ausencia de información sobre las y los candidatos; déficit de apoyos y acompañamientos, y falta de documentación”.

“Trabajamos para que se habiliten en todo el país los medios necesarios para hacer posible ese derecho. Que la persona pueda ir acompañada, que vaya en calidad ciudadana: en una combi y no en ambulancia o móvil policial”, afirmó Iglesias. Algunos centros de internación, aseguró, ya tienen solucionado el problema del transporte y, aquellos que no lo tienen, contarán con medios de traslado provistos por la Defensoría del Pueblo.

Según el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, realizado entre 2018 y 2019, en Argentina hay 12.035 personas internadas en un total de 162 instituciones. Iglesias sostuvo que aún no tienen estadísticas que les permitan saber con exactitud cuántas de estas personas tienen dificultades para votar, pero que luego de la sanción e implementación de la Ley Nacional de Salud Mental “no se restringe tanto el derecho al voto como antes”.

Para estas elecciones, la ORN promovió la capacitación de profesionales de la salud para que puedan informar a las personas institucionalizadas acerca de quiénes son los candidatos que se presentan y qué propuestas tienen. “Lo inmediato es (resolver) cómo se lleva a votar, pero lo otro es que (se le dé información a) la persona para que esté en el mismo pie de igualdad que los demás y conozca a los candidatos sin condicionamientos”, sostuvo Iglesias.

La titular de ORN aseguró que existen “distintas formas de sensibilizar y capacitar”, y contó cómo trabajaron instituciones de distintas regiones del país. “En Entre Ríos y en el Moyano se hizo un simulacro con boletas y urnas. Esto es muy bueno para que lo que se hable no sea una entelequia. Así la persona se puede informar y tener la mayor comprensión posible para que pueda ejercer su derecho”, agregó Iglesias.

Simulacros

En el caso de Chaco, se hizo una campaña de sensibilización a través de los medios de comunicación, detalló la funcionaria. En los hospitales Borda y Moyano de la ciudad de Buenos Aires “se trata esto con los equipos que, además, acompañan y asesoran a las personas para que vayan a votar de acuerdo a su preferencia y ejerciendo su acto ciudadano”.

“Tenemos la responsabilidad de velar por los derechos de las personas que están bajo el sistema de salud mental y uno de los derechos de las personas que están internados en instituciones es ejercer el derecho al voto”, explicó Iglesias y señaló que según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad “no se puede restringir el acceso al voto por motivo de discapacidad”.

En el caso de personas con otro tipo de discapacidad, como puede ser la visual o la motriz, las escuelas cuentan con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) para que puedan votar sin dificultades. Además, las autoridades de mesa están capacitados para brindar asistencia en caso de que sea necesario. Sin embargo, algunas personas con discapacidad psicosocial o intelectual están privadas de ejercer su derecho porque, según el inciso a del artículo 3 del Código Penal, están excluidos del padrón electoral “los dementes declarados tales en juicio”.

“Hoy con la reforma del Código Civil y Comercial ninguna persona puede ser declarada demente”, afirmó Iglesias y contó que desde la Defensoría se está trabajando en un proyecto que derogue el inciso del Código.

La titular de ORN lamentó que todavía hay personas con sentencias que restringen su derecho al voto, pero sostuvo que “eso hay que trabajarlo de acuerdo a los estándares que se tienen ahora y revisar esas sentencias”. “Adoptamos el paradigma de la Convención que establece que (las personas con discapacidad psicosocial e intelectual) pueden tomar decisiones con apoyo --explicó Iglesias--. (En las sentencias judiciales) se intenta cercenar la menor cantidad de derechos posible y que haya más reconocimiento del ejercicio del derecho al voto”.

Informe: Ludmila Ferrer.