Hay derechos que en la interpretación de la economía que se transmite mayoritariamente por la prensa dominante quedan relegados a un segundo, tercer o cuarto lugar. Como si no fueran importantes. Derechos básicos, que la economía debería priorizar. Pero en esos análisis no aparecen. O aparecen mencionados con eufemismos, a modo de aviso de que serán recortados. “No se puede gastar tanto en jubilaciones” es un ejemplo típico. La prioridad deja de ser el jubilado y pasa a ser el gasto público. La economía se independiza de su objeto. O de su objetivo, que debería ser asegurar las condiciones de vida de los adultos mayores.

La operación se repite con muchos otros derechos, que supuestamente primero hay que suprimir o devaluar para lograr las condiciones que conduzcan a una economía sana, sin déficit fiscal por ejemplo, y entonces sí se recuperarán esos derechos pero a salvo de contaminaciones populistas. 

Los promotores de esas ideas nunca aclaran cuánto llevará retomar lo perdido ni si ellos estarían dispuestos a hacer el sacrificio. El tiempo de sufrimiento de amplios núcleos sociales es un elemento secundario para ellos. Además está visto en la historia nacional que en esos esquemas el momento de cruzar el río nunca llega, siempre hace falta bajar un derecho más para que los capitales se sientan seguros y las inversiones lleguen. 

En esa línea, el FMI ahora reclama las reformas laboral y del sistema de jubilaciones, en ambos casos consideradas “difíciles” pero necesarias. Son “difíciles” justamente porque suponen nuevos recortes de derechos para trabajadores y jubilados.

Alfonso Prat Gay, como ministro de Hacienda y Finanzas, fue uno de los primeros funcionarios del gobierno de Cambiemos en transmitir ese concepto. Fue cuando dijo que los trabajadores debían optar entre salario y empleo. Si quieren trabajo, deberán aceptar menores ingresos, planteó. Uno de sus mentores, Javier González Fraga, fue igual de directo en otra declaración famosa de mayo de 2016: “Le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso era todo una ilusión, eso no era normal. No digo si era bueno o malo. Por supuesto que era bueno, pero no era normal, no era sostenible. Eso entonces ahora tiene que basarse en mayor productividad, en exportaciones, en ser más productivos. Todo eso va a llevar tiempo. Estamos sincerando la economía para que en lugar de tener una burbuja de crecimiento que alimente proyectos populistas tengamos décadas de crecimiento”. El presidente del Banco Nación estimaba que el sinceramiento de la economía permitiría consolidar una tendencia de crecimiento firme a partir de 2017. Las estimaciones oficiales señalaban que para 2019 esa expansión se produciría ya con una tasa de inflación del 5 por ciento anual. Sin embargo, este año la economía volverá a caer, como lo hizo en 2016 y 2018, y la inflación no bajará del 40 por ciento.

La producción de autos al cabo de cuatro años de seguir esa lógica se hundió en julio al nivel más bajo desde 2004. Es un retroceso de quince años, de acuerdo a las estadísticas de las automotrices conocidas esta semana. En julio de este año se produjeron 21.646 vehículos. El mismo mes de 2018 habían sido 41.450 unidades, y ese fue el mejor julio durante el macrismo, por arriba de las marcas de 2017 y 2016. En julio de 2015, en cambio, la producción de autos fue de 56.213. En 2014 habían sido 54.184. En 2013, 71.895. Y en 2012, 65.900. El promedio de producción automotriz para los meses de julio durante el actual gobierno quedó en 34.742 unidades. Para el período anterior, 2012-2015, la producción promedio de julio fue de 62.048 autos, poco menos del doble. Semejante caída se manifiesta en máquinas paradas, trabajadores despedidos o suspendidos y autopartistas que cierran. Esta semana se conoció el cierre de Dino Mattioli y de Ran Bat. La primera era una empresa de 45 años. Producía repuestos para Ford, Toyota, Renault, Chevrolet, Chrysler, Citröen, Fiat, Honda, Volkswagen, Mercedes Benz y Peugeot, entre otras automotrices. Tenía una planta de 7000 metros cuadrados y había llegado a contar con un plantel de 70 operarios. Ran Bat, por su parte, había logrado producir 700 baterías por día hace unos años, con 60 empleos directos.

El mensaje de González Fraga de que no era normal comprar un auto con un salario medio se tradujo en esa realidad. Los consumos de celulares, motos, televisores y viajes al exterior también se derrumbaron. Por ejemplo estos últimos, los viajes fuera del país, involucraron en mayo –último dato disponible- a 327 mil turistas argentinos. El mismo mes de 2018 habían sido 391 mil. En mayo de 2017, 305 mil. Y en 2016, 264 mil. En cambio, en mayo de 2015 fueron 512 mil, y en 2014, 435 mil. Las estadísticas no son comparables hacia atrás porque cambió el sistema de medición del Indec, dado que antes no se computaban todos los pasos fronterizos del país. Pero lo que se observa es que incluso en tiempos de restricciones a la compra de divisas el poder adquisitivo de la clase media le permitía viajar en mayor número al exterior.

Otros ejemplos de recortes de derechos sociales más universales son la disminución del consumo de electricidad y gas, por los tarifazos, y de combustibles, por la dolarización de su precio. Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, llegó a decir que la nafta era para quien la pudiera pagar. “Si el consumidor considera que el precio del combustible es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir”, lo simplificó en mayo de 2016. Es decir, lo que era una aspiración generalizada de tener un auto se transformó en un consumo cada vez más exclusivo, avalado por la política oficial.

El derecho a la cobertura de medicamentos para los jubilados, el derecho a las pensiones por invalidez, el derecho a una educación de calidad, el derecho a la salud, el derecho a un ingreso digno, el derecho a bienes culturales y al esparcimiento, entre otros, también fueron sacrificados en pos de necesidades de “la economía” que supuestamente había que garantizar antes que ellos, como la venta irrestricta de dólares a inversores y capitales especulativos. Desde 2016 no hay ningún límite a la compra de divisas, ni siquiera los 2 millones mensuales que regían hasta 2011. Esa decisión es una de las causantes de la crisis cambiaria y del explosivo endeudamiento que se ha visto los últimos cuatro años. Pero mientras esas libertades para los fondos de inversión no se tocan, los demás derechos sí se pueden recortar. Frente a ese orden de prioridades, la sociedad tiene la herramienta del voto para definir si quiere ratificarlo o cambiarlo en el próximo período presidencial.