Haciendo lugar al reclamo de un grupo de vecinos, la jueza federal de San Martín Martina Forns dispuso la prohibición de la operación de vuelos en el Aeropuerto de El Palomar entre las 23 horas y las 6 de la mañana, atendiendo el respeto a las horas de descanso y la preservación de la salud de los habitantes próximos al emplazamiento. La habilitación como aeropuerto para la operación de los vuelos de las compañías low cost de la base aérea de El Palomar ocasionó más de una controversia con una parte de los vecinos de la zona, que consideran que el cambio de destino del lugar, por el impacto ambiental y otras cuestiones relativas a la seguridad, debió contar previamente con una consulta pública que no se hizo. Tras conocerse la prohibición para vuelos nocturnos dispuesta mediante una medida cautelar por la jueza en lo civil y comercial de San Martín, se conoció el rechazo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que apelará la misma.
Fuentes oficiales estimaron que son más de 40 vuelos semanales los que se verán afectados, ya que en muchos casos la reprogramación es poco probable dado que se trata de compañías con pocas aeronaves en servicio. También se señaló que las dos empresas que operan tradicionalmente en horario nocturno son Flybondi y Jetsmart. Por su lado, la ANAC indicó que el total de pasajeros afectados sumaría unos 6000, que utilizan los vuelos que unen el aeropuerto de El Palomar con la capital paraguaya, Asunción, y diversos destinos turísticos o de trabajo en diferentes provincias del país, en el norte, oeste y sur (Salta, Tucumán, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Córdoba y Bariloche).
El fallo de la juez justifica la decisión en la necesidad de "preservar la salud de la población ubicada en los alrededores del Aeropuerto de El Palomar, que a la fecha está siendo alterada en su descanso y el sueño nocturno". El reclamo abarca no sólo a los vecinos pertenecientes al partido de Tres de Febrero, en el que está emplazado el aeropuerto, sino también a los habitantes de los partidos circundantes de Morón y Hurlingham, que se han manifestado en queja por los ruidos molestos en horas de descanso. Además, no ocultan su temor a ser afectados por un eventual accidente aeronáutico.
La ANAC, al hacer público su rechazo a la medida cautelar, a la que calificó de falta de sustento jurídico, advirtió además que la orden judicial "incluso pone en peligro los planes de inversión y expansión de las empresas operadoras: la llegada de nuevas aeronaves, la generación de nuevos empleos y la operación de nuevas rutas que ya le fueron otorgadas mediante Audiencia Pública".
