A menos de 48 horas para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el Frente de Todos volvió a presentarse en la justicia electoral para reclamar el apartamiento urgente de la empresa SmartMatic, contratada por el Gobierno de Mauricio Macri para la realización del escrutinio provisorio y la transmisión electrónica de los telegramas desde los centros de votación. En el escrito, al que accedió Página/12, se denuncia que el último jueves se realizó un nuevo simulacro por parte de la empresa venezolana "que volvió a presentar fallas en el sistema". "Era un ensayo al que no fuimos invitados", aseguró el apoderado del PJ, Jorge Landau, dando cuenta de la opacidad con la que el macrismo está llevando adelante el proceso.

Pese a los esfuerzos del Poder Ejecutivo por defender los cambios implementados unilateralmente en el recuento de votos que se realizará el domingo, las fuerzas opositoras coinciden en señalar el peligro para la integridad y transparencia de los resultados de los comicios. "Los fundamentos de nuestra petición responden a las vulnerabilidades de las que probadamente adolece el sistema contratado por el Correo Oficial de la República Argentina, autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que implica la posibilidad cierta de una eventual manipulación de la puesta en el conocimiento público de los resultados del recuento provisorio", alerta el Frente de Todos en el texto presentado ayer ante la jueza federal con competencia electoral María Servini.

El Frente de Todos ya había solicitado el martes una medida cautelar para que se vuelva al sistema de recuento anterior. A última hora del miércoles, la jueza argumentó que no había tiempo suficiente para hacerlo y que emitir opinión sobre los cuestionamientos sería adelantar su postura sobre la cuestión de fondo sin contar con los peritajes correspondientes. En cambio, sí accedió al pedido para designar veedores judiciales con el objetivo de reforzar el control del proceso. Remitió entonces al Consejo de la Magistratura una solicitud para nombrar al titular de la Dirección de Tecnología de ese organismo, Juan Franchino, como responsable de un equipo de veedores judiciales a su cargo.

Fuentes de la oposición en el Consejo advirtieron a este diario que Franchino tampoco es una garantía de transparencia ya que había llegado a ese cargo de la mano del administrador general del Poder Judicial, Carlos Bedetta, un hombre de confianza directa de Macri. En el bunker del Frente de Todos, incluso, dejaron entrever que el súbito optimismo de los mercados de ayer, la entrada de dólares y la suba de las acciones de empresas argentinas podría estar vinculado con la "confianza" que Smartmatic le otorga a un resultado beneficioso para Juntos por el Cambio.

"Las pruebas realizadas por la empresa y la Dirección Nacional Electoral han fallado todas y las comprobaciones o auditorías que correspondía que fueran realizadas por la justicia electoral y las agrupaciones políticas no pudieron realizarse consecuencia de los incumplimientos de la empresa y del Estado Nacional", asegura el FdT en la presentación de ayer.

Este afirmación se sustenta en la acordada extraordinaria número 52, del martes de esta misma semana, emitida por la Cámara Nacional Electoral, en la que había intimado al Gobierno a "dar inmediato cumplimiento a la entrega del software para escrutinio provisorio" a los partidos políticos. Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía recordaron que según su propia jurisprudencia, el software utilizado debía estar a disposición de los partidos 30 días antes de la fecha de la elección. El jueves, al día siguiente de esa acordada (y a sólo cuatro días de la votación), los partidos opositores asistieron a una reunión con las autoridades nacionales. "Nos decepcionaron más todavía tratándonos de boludos y presentándonos un PowerPoint", relató a este diario Daniel Pires, apoderado de Consenso Federal, el frente que lleva de candidato a presidente a Roberto Lavagna.

En este contexto se conoció ayer la nueva denuncia del PJ. "El problema estuvo en el server, aparentemente. No puedo saber mucho más porque me llegó de modo indirecto, pero es justamente lo que tendrían que averiguar los peritos informáticos designados", explicó Landau en declaraciones a Radio 10. Para el ex diputado nacional "más que la mala intención, que la puede haber, no la descarto en absoluto porque hay una cantidad de cosas con mala intención para complicarnos la fiscalización, pero sobre todas las cosas hay una fuerte ineptitud e ineficacia, por parte de quienes están llevando adelante este proceso".

El escrito solicita que se habiliten los días y horas para el tratamiento del tema y finaliza con una dura advertencia en caso de que sea rechazado: "se afectarán gravemente los derechos tanto de ciudadanos como de los partidos que gozan de protección con rango constitucional y la efectiva tutela judicial que se persiguen con la presente solicitud".

En paralelo a la presentación, el Gobierno Nacional intentó dar ayer una señal de confianza y fortaleza. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, responsable político del escrutinio provisorio, encabezó una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en la que se mostró junto al resto de los principales actores institucionales del proceso electoral del próximo domingo. Lo acompañaban el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, Adrián González; el director Nacional Electoral, Rodrigo Conte Grand; y el titular del Comando General Electoral, Carlos Pérez Aquino.

Frigerio se encargó de reiterar las críticas a la oposición por manifestar sus preocupaciones y dedicó varios minutos a elogiar la decisión adoptada por su ministerio. "Por primera vez, en un cuarto de siglo, tuvimos una competencia" para ver quien se adjudicaba la operatoria del "escrutinio provisorio de las elecciones PASO", aseguró. Esa afirmación fue desmentida ayer mismo por Indra, la empresa española a cargo del escrutinio provisorio durante los últimos 22 años. Fuentes de la compañía señalaron a Página/12 que compitieron contra Techint en más de una oportunidad, otra contra IBM y que en 2017, de hecho, le ganaron la compulsa a Smartmatic.

Orgulloso de llevar adelante un ajuste incluso en cuestiones tan delicadas, Frigerio afirmó que la contratación de Smartmatic "costó 17 millones de dólares, cuando la de hace dos salió 33 millones de la misma moneda, es decir aproximadamente un 50 por ciento menos de costo para el Estado". Desde Indra señalaron que ésto no fue así: "Las elecciones en 2017 salieron 23 millones de dólares y en esa oportunidad Smartmatic había ofertado 27", remarcaron.

Para esta elección, en cambio, Indra había ofertado 19 millones, dos más que su competidora. Sin embargo, el Comité de Evaluación Técnica había calificado a Smartmatic como la peor de las tres competidoras en cuanto a la calidad técnica y sus antecedentes. El Gobierno optó por la más barata.

Otra afirmación que lanzó el jueves el secretario de Modernización, Andrés Ibarra, es que la adjudicación a la empresa venezolana no había sido cuestionada cuando en verdad la propia Indra denunció irregularidades y arbitrariedades en el proceso licitatorio de 2019. Los planteos se hicieron mediante notas y cartas certificadas ante distintos organismos públicos pero nunca llegó a judicializarse.

Por lo pronto, hoy Servini debería resolver si rechaza nuevamente el pedido de la oposición.