El juez de Avellaneda Luis Carzoglio fue suspendido este viernes por el jury de enjuiciamiento hasta que se termine el proceso orientado a destituirlo. El caso es grosero. A Carzoglio fueron a verlo dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) --un hecho anómalo reconocido públicamente por los titulares de la AFI en el Congreso--, con el objetivo de que meta preso a Pablo Moyano. Carzoglio denunció esa maniobra de intromisión del Ejecutivo en el Judicial y la respuesta consistió en despertar un viejo jury por una anomalía infinitamente menor y que no tenía dolo evidente: el magistrado firmó órdenes de allanamiento sin poner la fecha.

En realidad, las acusaciones contra Carzoglio no tenían relevancia y por eso el juicio político estaba adormecido. El magistrado llegó a juez de grande y, según quienes lo conocen, tenía falencias técnicas, déficits en la formación jurídica, pero convirtió a su juzgado en un lugar de puertas abiertas, donde todos lo podían llamar al celular, incluyendo los familiares de los detenidos. Con una formación fuertemente cristiana, Carzoglio otorgó --sobre todo al principio--, libertades condicionales o domiciliarias orientadas a reunir a los detenidos con sus familias. Es de ese período --año 2015-- que provienen los cuestionamientos.

El jury está dominado por la Procuración bonaerense, que maneja Julio Conte Grand, un hombre directamente alineado con María Eugenia Vidal y, por lo tanto, con la Casa Rosada. Carzoglio lo recusó, pero el jury, en un párrafo breve y sin ninguna explicación, respondió "no ha lugar". El segundo protagonista de la ofensiva fue el fiscal especial Sebastián Scalera, a quien Conte Grand ubicó como fiscal general adjunto, encargado de investigaciones supuestamente sofisticadas. Eso lo llevó a sentarse al lado de Patricia Bullrich en su ofensiva contra los Moyano.

El punto clave es que la Casa Rosada estaba obsesionada con detener a los líderes camioneros, tanto Hugo como Pablo, y puso en marcha un operativo con plena participación de la AFI. Los servicios primero intentaron que firme la orden de detención el juez Gabriel Vitale, pero éste se excusó. A Vitale lo llevaron a la AFI y le exhibieron un escrito en el que se sugería el apresamiento tanto de Hugo como de Pablo Moyano. A Carzoglio lo apretaron sólo con la prisión de Pablo.