Desde Madrid. La ultraderecha da el salto a la capital española. Vox, el partido que irrumpió en la escena política del país ibérico agitando el odio a los inmigrantes, el ultranacionalismo y el ninguneo de la violencia machista y el colectivo LGTBI, se transformó en una pieza decisiva del Gobierno de la dirigente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que hoy fue investida como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después de dos meses de negociaciones, el PP, Ciudadanos (Cs), la fuerza que lidera Albert Rivera, y Vox, representada por Rocío Monasterio en la ciudad, consumaron el primer Gobierno de coalición de la historia en el distrito más rico de España. El programa acordado incluye una rebaja fiscal sin precedentes, y medidas de corte conservador y xenófobo para reprimir al colectivo LGTBI y a los inmigrantes.

“El documento de Vox lo asumo en su totalidad, y lo voy a cumplir, esa es mi palabra, lo mismo que el acuerdo de 155 puntos con Ciudadanos”, dijo Díaz Ayuso durante su discurso de investidura en la Asamblea de Madrid. Entre las medidas más controvertidas que exigió Vox a cambio de su apoyo, se incluye una que obliga a los centros educativos a informar a los padres sobre los talleres que se brindan a los alumnos (para decidir sobre los contenidos de tolerancia a la diversidad sexual que se habían brindando recientemente), y una norma para no ingresar a los menores inmigrantes no acompañados en los centros correspondientes hasta que se determine su edad. Un recurso burocrático para dificultar más la vida de las personas que lleguen al país en condición irregular. La derogación de las leyes sobre el colectivo LGTBI que exigía Vox, no prosperó por el freno de Cs que, de permitirlo, remataría su supuesto liberalismo en materia de derechos civiles.

En cualquier caso, la representante de Vox, Rocío Monasterio, dejó en claro que su programa no quedará en el olvido. “Entiendo que estas medidas indignan al consenso progre, pero deben entender que no estamos aquí para guiños”, afirmó la dirigente cuya fuerza prestó su apoyo a la formación del Gobierno pero se ubicará en la oposición.

Con la investidura de Díaz Ayuso, el PP conserva su principal territorio en el país ibérico, y desde el cual intentará reconstruir la fuerza después del batacazo que sufrió Pablo Casado en las últimas elecciones a presidente. Sin embargo, la pretensión de presentar a Díaz Ayuso como una dirigente honesta que barrería con la corrupción de sus antecesores, no logró superar ni el mismo día de su investidura.

Íñigo Errejón, del partido Más Madrid, e Isabel Serra, de Unidas Podemos, le pidieron explicaciones sobre un crédito no devuelto de su padre, y una posible vinculación con los empresarios de la Operación Púnica, una trama de corrupción que involucró al vice presidente de la Comunidad de Madrid, entre otros funcionarios del PP. ¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la Fiscalía Anticorrupción pida su imputación?”, preguntó la representante del partido morado.

Díaz Ayuso ha evitado aclarar las denuncias y ha pedido que no sea juzgada por su familia o por las relaciones (políticas) que ha cultivado. Lo cierto es que su principal socio en el Gobierno, Cs, ha prometido no salir en su defensa si llega a ser imputada. Una salida digna para reafirmar una de sus eslóganes de campaña más trillado, el de castigar la corrupción del PP y regenerar la política.

Superada la negociación, el acuerdo de investidura entre las tres derechas permite al principal partido de la oposición continuar su legado de más de 30 años en la capital española. Ahora, Díaz Ayuso deberá llevar las riendas de un Ejecutivo con muchos riesgos de implosionar antes de concluir su mandato. Por un lado, estará tironeado por las propuestas radicales de Vox; por otro, perseguido por los fantasmas de la corrupción.