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La Legislatura provincial espera el pliego de quien será seleccionado como próximo fiscal general de la provincia, ante la salida, en abril, de Julio De Olazábal. Entre los puntajes más altos del concurso para el cargo aparecen el fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, y su actual subordinado, Carlos Covani, proveniente del sistema de conclusión de causas. Lo llamativo es que el Consejo de la Magistratura los consideró entre los mejores, pero el resultado de los exámenes manifiesta que tienen opiniones e ideas opuestas sobre el Ministerio Público de la Acusación. Si bien Baclini se posiciona como el candidato predilecto, por lo que ya provocó reacciones como la del diputado Leandro Busatto, quien advirtió que su selección, por parte del gobierno provincial, demostraría "una sintonía política"; Covani dio pelea y manifestó sus críticas al funcionamiento del nuevo sistema procesal penal, que la semana pasada cumplió tres años.
Según indica el acta de fundamentos de antecedentes y pruebas de oposición del Consejo de la Magistratura, Baclini tuvo un "planteo correcto sobre los objetivos que propone para el Ministerio Público de la Acusación" (MPA), ya que ponderó las políticas relacionadas con la atención a la víctima, la persecución penal coordinada con las Fiscalías Regionales y los criterios de selectividad para la investigación. Según reconoció, el funcionamiento actual del MPA tiene "algunas deficiencias" y enumeró la "falta de creación de equipos interdisciplinarios, falta de técnicas de investigación y carencia de una política proactiva en materia de delitos sexuales que dé respuesta a la franja no registrada de ese delito. Y apuntó la necesidad de una mejora en la persecución del delito de homicidio.
Baclini plantea que hacen falta equipos y formación investigativa, sobre todo en delitos sexuales y homicidios.
En tanto, Covani comenzó su exposición con un objetivo claro: modificar la función del fiscal, ya que considera que ésta se encuentra "desacreditada"; y apuntó a la "necesidad" de repensar la concepción del MPA "como un servicio", destacando la vocación que deben tener los funcionarios en ese sentido. Por ello, cree que el fiscal general debe tener una "fuerte presencia en los distintos ámbitos de la provincia"; y señaló que "no se está dando la respuesta que la ley prevé para las víctimas de delitos". Consideró que los fiscales deben tener "más contacto" con la misma.
Para Baclini, los cambios para prevenir delitos deben ir acompañados de condiciones de vida en la población, como la urbanización en las zonas carenciadas "con altos índices delictivos". Y apuntó al modelo de fiscalía descentralizada. Covani habló de una política criminal destinada a trabajar fuerte sobre los homicidios, abusos, robos violentos, violencia de género y delitos económicos.
El juicio abreviado es uno de los temas centrales en los que presentaron discrepancias. Baclini señaló que al MPA "le falta estructura para poder llevar una mayor cantidad de juicios. Se mostró proclive a utilizar la herramienta de los abreviados, aceptando que hace falta una implementación más adecuada, con participación de las víctimas". Covani, en cambio, afirmó que debe tenerse por objetivo "central" la realización del juicio oral y no la del abreviado. Considera que en la actualidad "no existe control sobre estos". Sí habló a favor de las salidas alternativas, pero solo ante la solicitud de parte y no por iniciativa fiscal. "El juicio no debe ser la última alternativa", expresó.
Para Covani, la función del fiscal está desacreditada y debe repensarse al MPA como un servicio a la gente.
Sobre la estructura de trabajo, mientras Baclini ponderó las unidades especiales para investigar los delitos. Covani habló de la necesidad de "sistematizar la carrera en el MPA, eliminando las unidades especiales". Su propuesta apunta a que la investigación "debería apoyarse en los organismos técnicos, limitándose el fiscal a trabajar como abogados en la gestión jurídica, con asistencia de agencias específicas. Propuso que el trabajo de las fiscalías se homogeinice para aprovechar los recursos humanos. Ello, considera, "permitirá evaluar de mejor manera la eficacia en el desempeño de los fiscales". Dijo que la manera de trabajo actual logra "legajos caóticos" y "facilita la pérdida de elementos probatorios".
Sobre el tema corrupción, Baclini planteó que el MPA "debe generar una estructura de acompañamiento que tenga la capacidad suficiente para investigar este tipo de delito". Destacó la necesidad de "configurar estructuras" con un nivel de capacitación e idoneidad suficiente. Covani consideró entre los delitos más relevantes ‑‑con homicidios, abusos y otros‑‑ aquellos ilícitos cometidos por funcionarios públicos.
Otra marcada diferencia entre los candidatos para suceder a De Olazábal se reflejó ante el ejercicio del derecho de protesta social. Baclini planteó su posición de "no hacer intervenciones en la medida en que sea un ejercicio razonable del derecho, "buscando alternativas de solución para evitar una criminalización a priori de la protesta". Mientras que Covani tiene el criterio de "intervenir en todos los casos, salvo que las fuerzas policiales se vean superadas, y dejar el análisis de la eventual legitimidad de esa protesta a instancias que intervengan en momentos más avanzados del proceso".
Otro que que quedó entre los mejores puntajes es Pablo Cococcioni, actual titular de Asuntos Penitenciarios de la provincia. Apuntó a consolidar el MPA y hacer lo posible por lograr que la gente "confíe en la justicia".
