“Tomamos la decisión de congelar el precio de las naftas por los próximos 90 días”, aseguró el presidente Mauricio Macri este miércoles por la mañana. Desde la noche anterior, las petroleras sabían que la mesa chica del gobierno le había bajado el pulgar a la propuesta de YPF de aumentar los combustibles al menos un 5 por ciento. Sin embargo, el anuncio presidencial provocó una conmoción en el sector, sobre todo cuando trascendió que se apelaría a la ley de Abastecimiento para hacer cumplir la medida, como en los tiempos del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. La reacción no se hizo esperar. Las empresas amenazan con desabastecer el mercado y los gobernadores de las provincias petroleras le hicieron saber a Macri que la decisión frenará el desarrollo hidrocarburífero en las principales cuencas. Finalmente, por la noche la Secretaría de Energía emitió un escueto comunicado donde dijo que el congelamiento “se realizará en acuerdo con las empresas”, aunque las propias empresas insisten en que eso no será posible por las buenas. Este jueves el gobierno negociará con los distintos actores del sector para tratar de encontrar una solución.
“No hay salida elegante. O nos obligan a congelar a través de una resolución oficial o nos dejan aumentar aunque sea un porcentaje mínimo”, señaló anoche a Página/12 una fuente empresaria. En mayo del año pasado el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, impulsó un acuerdo voluntario para congelar el precio de los combustibles por 60 días bajo la amenaza de hacerlo por decreto y la amenaza surtió efecto, al menos por un par de meses, pero el contexto era diferente. En ese momento, a Macri le quedaba un año y medio por delante y pese a la creciente inestabilidad cambiaria mantenía cierta iniciativa política y parecía tener el camino relativamente despejado hacia la reelección. Ahora, en cambio, viene de perder las primarias por más de 15 puntos y, salvo algún evento extraordinario, es muy probable que ese resultado se termine confirmando en los comicios generales del 27 de octubre.
La debilidad presidencial está a la vista de todos y las empresas presionan al máximo. Dejaron en claro que si no las obligan no habrá acuerdo y al mismo tiempo sostienen que si las obligan no podrán garantizar el normal abastecimiento de combustibles, sobre todo del gasoil. Una muestra de este tipo de problemas se vivió durante el congelamiento del año pasado, pero en este contexto las consecuencias serían mucho peores, fundamentalmente porque el gobierno pareciera no estar en condiciones de garantizar a cuánto va a estar el dólar durante los próximos diez minutos.
El efecto de pinzas se complementó además con la presión de los gobernadores de las provincias petroleras, quienes le hicieron saber al gobierno que un congelamiento de precios afectará los niveles de inversión y empleo en las cuencas. La principal preocupación es lo que puede llegar a ocurrir en Vaca Muerta. El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, fue durísimo este miércoles con el gobierno al afirmar que “la provincia no va a permitir una intervención a la actividad hidrocarburífera”. Pereyra también es senador por el Movimiento Popular Neuquino y busca su reelección. En las PASO quedó tercero detrás del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero en este contexto no es de extrañar que en octubre pueda llegar a desplazar al macrismo al tercer lugar.