El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un reaseguro para el cumplimiento de las obligaciones previsionales. No fue utilizado durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Así este fondo aumento, entre su constitución en 2008 y el cambio de gobierno, de 7,00 a 11,15 por ciento del PIB, creciendo a una tasa 26 por ciento anual sobre el crecimiento del Producto. El Estado administra al principal inversor en títulos públicos y de una importante cantidad de acciones. La administración nacional del ahorro previsional permitió así incrementar la capacidad de decisión nacional.

El principal beneficio público fue el desahogo en el manejo de la deuda. En años precedentes, y pese a la reestructuración de la deuda en 2005, el sector público carecía de crédito en los mercados. En 2007, previo al traspaso, se incorporó la obligación de inversiones para “financiar proyectos productivos o de infraestructura”, estableciendo la obligatoriedad que no sean inferiores al 5 por ciento del total. Esta obligación resalta la otra función estratégica del FGS: el financiamiento para el desarrollo. Las inversiones en proyectos productivos en los últimos años del gobierno de nacional y popular rondaban el 13 por ciento del total. La política del gobierno de Cambiemos desactivó esas líneas. El último informe público, marzo de este año, indica que ese rubro suma menos de la mitad que hace cuatro años: 6 por ciento, acercándose al mínimo del 5 por ciento.

El Comité Ejecutivo, órgano de dirección del FGS, aprobó calificar como inversión productiva a dos instrumentos financieros que ni siquiera muestran aceptación por parte del mercado: las cédulas hipotecarias y el financiamiento a proyectos de Participación Público Privada (PPP). Pretenden cumplir así con obligación legal de inversiones productivas y a la vez utilizar el ahorro para el sistema previsional para intentar salvar sus experimentos financieros fracasados.

Las cedulas hipotecarias van camino a repetir la crisis de las hipotecas subprime, mientras que los PPP son un mecanismo para hacer obra pública sin dinero. La imposición de un intermediario que financia y efectúa la obra pública genera un gran sobrecosto. En los últimos años, mientras disminuyen los préstamos para proyectos productivos o de infraestructura, se compraron títulos de provincias amigas (CABA y Buenos Aires) y se aumentaron los préstamos a jubilados, para que puedan seguir comprando lo que sus ingresos actuales no le permiten.

El Estado nacional, en 2008, tomó la administración de los fondos de pensión y se garantizó a los aportantes los mismos derechos o incluso mejorarlos, por lo que no sufrieron perjuicio alguno. Pese a ello el memorándum del FMI se refiere a ellos como “los activos de pensiones nacionalizados en 2008”. Una nacionalización implica indemnizar al propietario. ¿A quién? ¿Por qué utilizar una definición que además de incorrecta es contraria a los intereses del Estado nacional? La más respuesta es que se pretende la desarticulación del FGS. El mismo memorándum establece explícitamente el traspaso de los fondos en los próximos 20 años por el equivalente al 8 por ciento del PIB. Claramente para poder cumplir con los “condicionamientos”.

Es evidente que la eliminación de la autonomía que otorga el FGS, y la consecuente subordinación al “mercado financiero”, son objetivos de la presente administración. Mientras en el gobierno anterior el ahorro previsional tuvo un gran aumento, en los últimos tres años tuvo un rendimiento real negativo del 5,24 por ciento.

El FGS, en tanto único gran fondo de pensiones de la Argentina, debe administrarse con prudencia. Por sus dimensiones, es una de la principal herramienta para el financiamiento a largo plazo, para la inversión productiva, para la infraestructura, en fin, para el desarrollo.

* Economista, profesor UBA, miembro de EPPA.