Aunque consiga volver “a foja cero” en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado –algo que igual está por verse– Mauricio Macri no podrá hacer borrón y cuenta nueva en Comodoro Py, donde avanzará la causa en la que quedó imputado junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, quien actuó en la negociación. La investigación penal parte de la base de que, más allá de la suerte que corra, el convenio se hizo y una fiscal mostró que es ruinoso y abusivo para el Estado al generar una condonación de la deuda del 98,82 por ciento en favor del Grupo Macri. Lo que debe desentrañar es si hubo un fraude (o cuanto menos una “tentativa”) a las arcas públicas; si existió algún perjuicio previo relacionado con la deuda histórica que data de 2001; quiénes son los dueños del Correo y de las empresas que lo controlan (Sideco/Socma) y cómo es la participación de cada miembro de la familia Macri, y si hubo alguien ligado al Poder Ejecutivo que haya sido instruido para ejercer tráfico de influencias y conseguir un pacto favorable a la empresa. El fiscal Juan Pedro Zoni pidió el secreto de sumario y el juez Ariel Lijo ordenaría las primeras medidas esta semana. A este expediente se sumarían otros dos. Uno de ellos es el impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace denuncias cuando sospecha fuertemente que se cometieron delitos.  

La clave de la investigación penal está en el primer dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, sin el cual el acuerdo iba camino a concretarse. Hasta ahora fue homologado en primera instancia pero la Cámara debe aprobarlo, aunque hay que ver qué hace el gobierno para volverlo a “foja cero”. “La transacción aceptada –a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos o indirectos”, denunciaba el planteo de Boquín. “Deberá determinarse por parte de los organismos con competencia específica, si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, advertía. 

En 2001 la empresa Correo Argentino entró en concurso de acreedores. En 2003, cuando fue estatizada, tenía una deuda con el Estado de 296.205.376 millones de pesos. Al 2017 supera los 4.000 millones, según calculó la Dirección General de asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. En los términos del acuerdo la firma terminaría de pagarla en 2033 y sólo habría saldado el 1,18 por ciento. A ese resultado se llegó en una audiencia en junio del año pasado, donde el representante del Gobierno, Mocoroa, rechazó una primera propuesta y tras un cuarto intermedio admitió una segunda oferta que no mejoraba demasiado, y que según  Boquín era peor a algunas de años previos. Mocoroa dijo que seguía “instrucciones”. Pero la fiscal denunció que ocupaba ese cargo de manera transitoria (por 180 días) y que “incompetente” para intervenir en nombre del Estado. 

“Pudiendo resultar que, familiares del Presidente de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de sus controlantes o integrantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese relación de dependencia jerárquica con él podría aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, señalaba Boquín. Sin embargo –alertaba– la propuesta fue admitida por “un funcionario que público que encuentra enmarcada su actuación por una ceden de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública”.  

La firma Correo Argentino está controlada por Sideco Americana, a su vez controlada por Socma Americana. Hacia 2014, tenían el 74,23 por ciento de las acciones del Correo. Cuando entró en concurso, Franco Macri le dijo al juez que había cedido todas las acciones a sus hijos, pero resultó que se había quedado con el usufructo vitalicio, o sea que igual estaban bajo su control. Mauricio Macri, en teoría, cedió las suyas a sus tres hijos, nietos de Franco, en 2009. 

Una de las denuncias penales fue presentada por los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, que dieron algunos ejemplos para tratar de demostrar que en este caso el Estado actuó con “dolo” o se con intencionalidad. Como deudor, señalaron, aceptó pagarle a los fondos buitre un interés en dólares del 350 por ciento en un solo paga al contado y como acreedor aceptaba cobrar una deuda en pesos con un 100 por ciento de interés a 17 años, cuando además tenía la opción legal de rechazarlo. Y agregan como otro hecho en la misma dirección la demanda que el Correo le inicia al Estado por la estatización durante el gobierno de Néstor Kirchner, 25 días antes del acuerdo por 1795 millones de pesos más un 11 por ciento anual de intereses. Un segundo dictamen de Boquín advertía que esa demanda fue ampliada incluso después de firmado el acuerdo, lo que consideró como un acto de “mala fe”. 

“Sabemos que la empresa no es cualquier empresa sino la empresa del Presidente de la Nación”, insistieron Cerruti y Sabbatella en su denuncian. Piden investigar si, como publicó el sitio Nuestras  Voces, el Presidente se habría quedado con el usufructo de las acciones, igual que su padre. 

Cuando decidió abrir la investigación e imputar a Macri, Aguad y Mocoroa (aclarando que la lista se puede ampliar) el fiscal Zoni anunció que investigará todo el proceso concursal del Correo que lleva más de 15 años y “en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. La fiscal Boquín también advirtió que un grupo significativo de acreedores estaría controlado también por el grupo Macri, lo que explicaría que no hayan cuestionado el acuerdo y que hubo un proceso de “manipulación de las mayorías”. Zoni señaló que va a investigar a todos los funcionarios que actuaron “a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido en el cual se observa que el interés público no ha sido protegido”.  “Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del estado nacional en el marco del trámite del concurso preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”, a lo que agrega la irregular intervención de Mocoroa. El expediente tendrá que determinar quién le dio instrucciones, qué cálculos hizo el Estado para considerar que el acuerdo era viable y cómo se llegó a él. 

Zoni le pidió a Lijo que imponga el secreto de sumario porque es cantado que hará allanamientos para obtener documentos tanto de toda la historia del concurso como los que ayuden a determinar la composición de la empresa Correo Argentino. El juez ordenaría las primeras medidas esta semana, según señalaron a PáginaI12 allegados a la causa. A su expediente sumarán otras denuncias, entre ellas las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez –que quedó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi–, quien también fue admitido como “parte acusadora” en el sumario interno que lleva adelante la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado), que encabeza Carlos Balbín, para establecer el papel del ministerio Comunicaciones y otros posibles funcionarios. En paralelo, Rodríguez puede aportar los resultados de su investigación a la causa penal. El hecho de que su organismo haya hecho una denuncia en tribunales en base al dictamen de Boquín es significativo, ya que implica que considera que habría pruebas comprometedoras. 

La pregunta que plantea la PIA, además de las que atañen al acuerdo reciente, es por qué durante tantos años el Correo no pudo cobrar su deuda y dice que hay que investigar qué pasó durante todos estos años, lo que podría implicar también rastrear responsabilidades en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, cuando este asunto estaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Aun suponiendo que un perjuicio económico no se haya llegado a producir, lo que no descartan los investigadores es que hayan existido delitos en forma de “tentativa”.  

Por lo pronto los delitos en la mira son defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.