El gobierno de Mauricio Macri viene insistiendo en que la Auditoría General de la Nación (AGN) debe intervenir en el escándalo por el acuerdo que firmó con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. No obstante, lo que los funcionarios PRO parecen haber pasado por alto es que la AGN ya intervino en la concesión que el holding familiar tuvo con el Estado. Existen dos informes de la AGN, de 2001 y 2002, firmados por peronistas y radicales, en los que encontraron que la empresa de los Macri no cumplió con el contrato, dejó de pagar el canon y computó los despidos de trabajadores como inversiones. En el segundo informe, firmado por el entonces presidente de la AGN, Leandro Despouy, indicaba que se podía dar por concluido el contrato y exigir judicialmente el pago de la deuda de los Macri con el Estado.

Cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sugirió por primera vez que debería intervenir la AGN, el titular de este organismo de control, Oscar Lamberto, salió a aclarar que no respondía al Ejecutivo (la AGN depende del Legislativo) y que, en principio, no veía un objeto a auditar, dado que la AGN no puede intervenir en causas que están en manos del Poder Judicial. 

El presidente Macri reiteró el pedido de que intervenga la AGN –algo que también pidió el Grupo Macri en un escrito–, pero pasaron por alto que la AGN ya intervino con dos informes lapidarios.

En el primer informe es de 2001, de la época en que la AGN la presidía el menemista  Rodolfo Barra, y deja en claro que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no había cumplido con su obligación de controlar a la empresa de los Macri. En particular, debían auditar que el holding hiciera las inversiones comprometidas de 25 millones de pesos-dólares por año. 

Concretamente, la Auditoría encontró que el gobierno de Menem le reconoció como “inversión” las indemnizaciones por los despidos de unos 5000 trabajadores del Correo. En el expediente, la empresa de los Macri justificó esa polémica decisión con el argumento del “ahorro futuro de los costos asociados a dicho personal”. La secretaría de Comunicaciones, que por entonces dirigía Germán Kammerath, simplemente contestó a la Auditoría que “la Secretaría de Comunicaciones es quien debe definir los conceptos que deben considerarse como inversión”. Y punto.

Entonces, la Auditoría le pidió opinión a la Dirección Nacional de Inversión Pública, que desautorizó los argumentos de los dos anteriores: “Las indemnizaciones no pueden ser consideradas inversiones. Desde el punto de vista económico, las indemnizaciones al personal por retiros voluntarios son un gasto corriente y de ninguna forma pueden ser aceptados como gasto de capital”. “Los montos abonados por el Concesionario en concepto de indemnizaciones comprendidas dentro del plan de Retiros Voluntarios del Personal no deben ser considerados como inversiones”, sentenció la Auditoría, quien además detalló que el contrato de concesión establecía que los despidos del personal dentro del convenio corrían por parte del concesionario. El Grupo Macri nunca presentó un plan de inversiones anual, según pudo observar la Auditoría.

También advirtieron que el Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon en 1998, lo que llevaría a la deuda que se discute hoy. En 1998, el gobierno de Carlos Menem dispuso “un procedimiento de excepción” para pagar las deudas que tenía el Estado con el Grupo Macri. Aún así, la empresa de la que el presidente era accionista no aceptó pagar el canon y descontó lo que el Estado le debía. La falta de pago figuraba entre las causas de rescisión del contrato, así como ingresar en concurso de acreedores, algo que la empresa hizo en 2001. Pero para iniciar la rescisión el gobierno de Menem debía intimarlos a pagar, cosa que no hizo. La Auditoría lo advirtió en  2001. 

También encontró que, con respecto a las cargas patronales, todo el control pasó por preguntarle a la empresa si tenía deudas previsionales (a lo que contestó que no). Más tarde, el Gobierno de Menem le perdonó al Grupo Macri el pago de cargas patronales especiales y las recargó sobre la ANSES.

El informe de 2002 se hizo ya bajo la presidencia de Leandro Despouy, actual representante para Derechos Humanos de la Cancillería. Allí advirtió nuevamente sobre la deuda del Grupo Macri con el Estado. “Las compensaciones presupuestarias para saldar las deudas que el Estado mantenía con Correo Argentino S.A. no se condicen con la decisión unilateral que adoptó el concesionario de compensar y a través de la cual procedió a modificar unilateralmente el contrato”, advertía la Auditoría. Señaló, además, que el gobierno de la Alianza, pese a haber presentado una serie de intimaciones, no había sancionando al Grupo Macri como correspondía. Tampoco ejecutó la garantía ante incumplimientos contractuales, que ascendía a 50 millones de pesos. (Cuando el Gobierno de Néstor Kirchner intentó cobrar esa garantía, debió iniciar un extenso proceso judicial: al Banco Galicia consiguió cobrarle 12 millones tras mucho batallar en tribunales. Hasta hoy hay abierto en el fueron contencioso administrativo otro juicio por 45 millones de esa garantía, que la aseguradora se negó a pagar).

Al final del informe, la Auditoría que presidía Despouy recomendó optar entre dar por concluido el contrato con el Grupo Macri o requerirles una nueva garantía, pero se mostró enfáticamente a favor reclamar la deuda que tenían con el Estado. Poco antes del final de la convertibilidad  –según recordó el periódico Tiempo Argentino– Correo Argentino S.A. fugó del país cerca de cinco millones de dólares. La comisión de Fuga de Divisas del Congreso encontró que el Grupo Macri fugó un total de 58 millones de dólares, mientras se negaban a pagar sus deudas con el Estado. Algo que los caracterizó en toda la concesión.