Que la conflictividad laboral y social ha sido alta y sostenida durante todo el 2016 es un hecho evidente. Menos conocido es el modo en que esta resistencia se va desarrollando, buscando estrategias o haciendo surgir actores. Esta semana dos informes –del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma–, dan cuenta del tema. Los dos hablan de una capacidad de respuesta en alza, tanto a través de organizaciones sindicales como de trabajadores que llevan adelante conflictos de manera directa, sin mediación de los gremios. 

Los relevamientos muestran que las protestas y medidas de fuerza no ceden. Tomando el último trimestre del 2016, el CEPA registró un promedio 237 mensuales, es decir casi 8 conflictos diarios. 

La tendencia es a una mayor conflictividad en el sector público, pero con las cargas bastante repartidas: los conflictos laborales de los estatales representaron el 55 por ciento y los del sector privado el 45. 

Si se compara lo que sucedió durante el mismo trimestre del año anterior, la cantidad bajó levemente, ubicándose en un 7 por ciento menos (recuérdese que el final de 2015 fueron los meses del traspaso de gobierno, cuando la inflación se desbocó y Cambiemos devaluó violentamente el peso). Lo mismo apunta el Observatorio del Derecho Social, que sin embargo señala que se trata de una reducción vinculada a que los conflictos hoy son más centralizados e intensos: “se prolongan por más tiempo y reúnen a más organizaciones y trabajadores”.

El ejemplo más nítido son las alianzas de estatales, docentes, judiciales y trabajadores de la salud, en el armado de medidas contra el ajuste. Otro, la salida a la calle de trabajadores de la economía informal, que han duplicado su participación sobre el total de conflictos relevados.

Motivos

Las razones que dieron origen a la conflictividad fueron la caída de los salarios, los despidos y las suspensiones, en ese orden de prelación. 

Los reclamos por reapertura de paritarias, el retraso en los pagos, incumplimiento de acuerdos o reducción del salario “representaron entre octubre y diciembre de 2016 el 47,9 por ciento del total”, consignó el CEPA. En segundo término se ubicaron los despidos y suspensiones, con 23,9 casos de cada cien. 

Mirando el tema más de cerca, con un desglose sector por sector, puede verse a qué se enfrentan los trabajadores en cada ámbito, y en particular de los devastadores efectos de la política PRO sobre el empleo industrial. 

“La cuestión de readecuación salarial alcanzó, para el último trimestre del año, casi el 60 por ciento de los casos de conflictos, mientras que en el ámbito privado fue de ‘sólo’ el 34,60”, indica el CEPA. Esto fue así porque en las empresas privadas sobre el final del año pasaron a tener mucho más peso los conflictos por despidos, que alcanzaron en el último trimestre el 36,1 por ciento de los casos.  

“La conflictividad relacionada con despidos y suspensiones en el ámbito privado, particularmente industrial, ha sido de importancia en el cierre del 2016”, remarca el trabajo. A su vez, 31 de cada cien reclamos salariales de los trabajadores de empresas privadas se debió a atrasos en el pago de los sueldos. Esto refleja las dificultades de la cadena de pago y el efecto sobre el proceso productivo que se vive sobre todo en la industria.

Miradas 

Los informes difieren en su enfoque. El CEPA está a cargo de un dirigente kirchnerista, el economista Hernán Letcher, y contrasta las pérdidas de salarios y empleo actuales con los mejores números del gobierno anterior. El del Observatorio, centro vinculado a la CTA Autónoma, señala cada vez que puede que la situación laboral durante el kirchnerismo tampoco era tan buena. Este posicionamiento está subrayado desde su título: “Viejas tensiones, nuevo gobierno, recetas repetidas”. Pero dicho esto, el Observatorio reconoce la magnitud del daño que han generado las políticas PRO: “Para los trabajadores y las organizaciones sindicales, los resultados económicos del primer año del gobierno de Cambiemos han sido los peores al menos desde la crisis de fines de 2008 y principios de 2009”, plantea. 

El relevamiento del Observatorio es de carácter anual. Los investigadores reseñan cómo a lo largo de ese período el gobierno construyó un discurso antiobrero (en el que la declaración del secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, sobre que “contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer” fue la expresión más expuesta, el almíbar en su punto más espeso). En espejo, Cambiemos desalentó la negociación colectiva, que tuvo un nítido descenso con respecto al año 2015 (-13%) y al año 2014 (-17%). “En términos porcentuales el mayor retroceso se registró a nivel de los convenios colectivos, que en el año 2016 llegaron a su mínimo de homologaciones desde el año 2001 (apenas 10 convenios a nivel de actividad y 44 convenios a nivel de empresa)”, dice el Observatorio.

En cuanto al modo en que los sindicatos readecuaron sus estrategias para dar la pelea salarial, el informe señala dos procesos: hubo gremios que desdoblaron la negociación anual en dos acuerdos semestrales. “Si bien el aumento de las primeras negociaciones se situó entre el 15 y el 20 por ciento, la segunda parte de los mismos logró que el aumento anual se acercara al 40 en la mayoría de los casos (trabajadores de entidades civiles y deportivas, comercio, construcción, plástico)”. El segundo proceso se relaciona con aumentos anuales que superaron ampliamente el techo del 25 que pretendió imponer el Ejecutivo. “Este tipo de negociaciones fue encabezada por los docentes en la paritaria nacional y después fue retomada por actividades estratégicas y de gran capacidad de conflicto (como transporte, aceiteros, alimentación)”. 

Representación 

Un dato novedoso es el aumento, en el sector privado, de los trabajadores que llevan adelante conflictos sin mediación de los sindicatos. Esto habla de cierta experiencia histórica acumulada en la defensa de los propios derechos, que hace que aún en ausencia del gremio los afectados puedan dar una respuesta. Durante el último trimestre de 2016 poco más de 7,5 de cada 10 conflictos laborales fueron protagonizados por los sindicatos, tanto del sector público como privado, reseñó el CEPA. Discriminando por sector observó que “casi 9 de cada 10 conflictos        laborales del sector público fueron protagonizados por sindicatos, mientras que poco más de 6 de cada 10 fueron encabezados por los sindicatos del ámbito privado”. “De los conflictos en los que participaron directamente los trabajadores sin mediación sindical, vemos observamos que 7 de cada 10 se registraron en el ámbito privado, y 3 de cada 10 en el ámbito público. Esto consolida la tendencia de una mayor participación de los sindicatos cuando se trata de conflictos desarrollados en la esfera del Estado, y una mayor participación directa de los trabajadores cuando el conflicto se desarrolla en empresas privadas”.

El CEPA augura para los próximos meses un escenario de mayor conflictividad, de cara a la apertura de paritarias del año en curso, “y ante un proceso constante de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, un ritmo inflacionario que no da tregua, y la posición del gobierno de poner un techo a la paritarias de un 17 por ciento de acuerdo a su meta de inflación estimada para 2017”.

El observatorio, a su vez, remarca  que la reacción sindical frente a las políticas de ajuste “se mantuvo a lo largo de todo el año”. En gran medida, agrega, “el ajuste económico no llegó a tener la magnitud deseada por los funcionarios del Gobierno Nacional, y ello se debió a la fuerte resistencia operada contra los despidos y contra los límites en las negociaciones salariales”.