El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y el Colectivo por la Diversidad (Copadi) presentaron un recurso de amparo para que la Justicia declare inconstitucional el decreto con el que el presidente Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones. Las organizaciones advierten a la Justicia que el DNU afecta las garantías y los derechos de los ciudadanos que nacieron en otro país y habitan la Argentina y que el Gobierno modificó la norma “creada en base a un fuerte consenso” mediante un decreto “sin razones que justifiquen su necesidad y urgencia”, sostuvieron referentes de esos colectivos.

Las organizaciones presentaron el recurso ante el juez Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 1. En 100 fojas, argumentaron por qué consideran que el DNU que amplía las razones por las cuales un extranjero puede ser expulsado del país y achicar el tiempo que esa persona tiene para defenderse en caso de que esté en riesgo de ser echado del territorio, entre otras tantas modificaciones a la Ley nacional de Migraciones que plantea, debe ser declarado nulo “por lesionar el conjunto de garantías mínimas del debido proceso legal, el derecho a la protección judicial efectiva y al acceso a la justicia así como el derecho a la igual protección de la ley y a la no discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria”, postularon en el recurso, entre otras varias razones. Además, señalaron que “desde una perspectiva formal, el DNU no cumple con los requisitos esenciales para su dictado, razón por la que debe ser considerado nulo, de nulidad absoluta e insanable al haber invadido esferas propias del Congreso de la Nación y obstruido el derecho de toda la sociedad a participar en un debate democrático”

“El DNU es completamente regresivo, las modificaciones que le hace a la ley lejos de ser mínimas son gravísimas”, opinó Demian Zayat, de Copadi. Las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, junto con agrupaciones de migrantes y refugiados y expertos en la materia advierten tal cuestión desde antes de que el decreto 70/2017 fuera publicado en el Boletín Oficial. Reclamaron reuniones con las autoridades –que fueron concedidas tras la oficialización de las modificaciones a la ley– y reclamaron un debate parlamentario y público que recién comenzó la semana pasada, pero no para discutir qué y cómo cambiar de la ley nacional de migraciones, sino para lograr que el DNU quede sin efecto. A mediados de la semana pasada, varias de estas organizaciones les explicaron a los senadores y diputados que integran la Comisión bicameral de tratamiento legislativo por qué era necesario rechazar la resolución del Ejecutivo. El viernes, presentaron el amparo que busca la inconstitucionalidad porque “la Justicia debe decir algo”, remarcó Zayat.

El director del área de Defensa Legal del CELS, Diego Morales, señaló tres motivos generales por los que las organizaciones solicitaron el amparo. La primera tiene que ver con la falta de diálogo de parte del Gobierno hacia el sector afectado y a las instituciones no gubernamentales que trabajan con ellas. “Nunca tuvimos la posibilidad de dar un debate. No hubo ningún tipo de diálogo entre las organizaciones y el gobierno así que nos vemos obligados a ir por el lado de la Justicia”, consideró Morales, quien recordó que la ley de migraciones, sancionada en 2003, fue producto de “un largo consenso”. En ese sentido, Zayat agregó que el “cambio de rumbo” no tiene que ver solo con el corte en el canal de diálogo, sino que hubo “un vuelco en la política migratoria desde que asumió el nuevo gobierno, que pasó de ser de asistencia al migrante a persecutoria”, denunció. Como ejemplo, contó que hasta diciembre de 2015, existía un programa de abordaje territorial que “asistía a los migrantes que tenían problemas de irregularidad residencial”. “Hoy sale Migraciones con agentes de faltas a recorrer locales comerciales en busca de extranjeros que no tengan papeles al día. Esto sumado a las declaraciones de funcionarios que los vinculan con el delito empeora todo”, añadió.  

Una segunda razón que los impulsó al pedido de recurso de amparo es aquella meramente formal: la falta de una situación de emergencia que justifique la modificación de una ley nacional vía decreto de necesidad y urgencia. Según plantean los colectivos en el recurso, el DNU 70/2017 “no cumple con los requisitos formales para su validez”, no solo porque no acredita argumentos de necesidad y urgencia, sino también porque entienden que regula cuestiones penales. 

La tercera tiene que ver con el retroceso en política migratoria y derechos propiamente dicha. La aplicación de las modificaciones del DNU, advirtió Zayat, “permitirá cualquier tipo de abuso de fuerzas de seguridad contra una población que ya es vulnerable de por sí”. A partir de los cambios del DNU a la ley de Migraciones “se termina la presunción de inocencia” para los extranjeros, ya que un migrante en situación irregular de residencia en Argentina, por ejemplo, queda al borde de la expulsión por la sospecha de comisión de delitos menores. “También se termina el derecho a la defensa”, indicó, al mencionar la reducción del período con el que cuenta la persona en riesgo de expulsión. En ese sentido, Diego Morales, del CELS, señaló que una de las razones por las cuales las organizaciones decidieron presentar un amparo tiene que ver con el “efecto individualizador” que imprime el DNU a la expulsión como amenaza. “Entendemos que la eliminación de garantías mínimas en el debido proceso afectan al sector de migrantes y refugiados en términos colectivos. No se puede pretender que todas las personas cuentan con las mismas oportunidades de defensa, porque no es así”, puntualizó.