Este domingo se cumplieron tres años del fallo “CEPIS”, mediante el que la Corte Suprema anuló el primer tarifazo de gas para los usuarios residenciales. El invierno de 2016 fue impiadoso no solo por el clima sino por las medidas del presidente Mauricio Macri, que multiplicaron el valor de la tarifa eléctrica y de gas en todo el país. Muchas acciones judiciales a lo largo del territorio nacional impugnaron el tarifazo, manifestaciones en las calles, ruidazos, descontento generalizado. Ese fue el contexto de un fallo supremo que, como pocos, lo gestó la sociedad civil en las calles. El déficit de la participación ciudadana ante la falta de audiencias públicas fue el argumento central para los jueces del máximo Tribunal. En ese fallo emblemático la Corte pronunció una serie de definiciones sobre cómo deben ser las tarifas de los servicios públicos: justas y razonables. Y, consideró, que para establecer su valor debe primar antes la capacidad de pago de los usuarios que las ganancias de las empresas. Resulta elocuente recordar una frase el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, en la Cámara de Diputados cuando el diputado nacional del FpV José Luis Gioja le requirió por el costo de producción del gas a boca de pozo: “me resisto a contestar esa pregunta”. Esa resistencia, ahora resulta muy claro, tenía que ver con tratar de esconder las rentas extraordinarias que las empresas del sector obtuvieron y siguen obteniendo gracias al tarifazo.

A tres años del fallo, semestre tras semestre el gobierno incumplió con las premisas de la Corte. Eso es visible al observar dos vectores: el ingreso ciudadano promedio y frente al rendimiento que han tenido las empresas de energía en el mismo período. Casos emblemáticos como el de Pampa Energía, que en todo este período ha llegado a multiplicar por 13 el valor de su acción, Edenor que multiplicó por 9 o el de Transener que lo hizo por 10. Sin dudas, las grandes ganadoras del modelo macrista. A contramano el ingreso promedio de las familias aumentó tan sólo en un 112 por ciento.

El empobrecimiento de muchos y enriquecimiento de poquísimos sucedió porque el Gobierno decidió dolarizar las tarifas de servicios públicos, aumentando semestre tras semestre su valor. La devaluación de la última semana, de continuar con esta política, traerá más tarifazos que significarán lisa y llanamente más argentinas y argentinos pobres, con el gas cortado, colgados de la luz.

Los rendimientos de las empresas del sector además pueden explicarse con la casi nula reinversión de esas ganancias extraordinarias. El apagón del Día del Padre también es una muestra más de lo mismo: dos países quedaron a oscuras. También los constantes episodios vividos con eléctricas como Edelap o Edesur.

Este modelo resulta inviable para la gran mayoría de la población por ello es preciso tomar medidas urgentes. Un faro que ilumina ese camino son las líneas directrices que emitió la Corte. El fallo Cepis ha sido necesario, pero no suficiente. Deberán ser los próximos gobiernos –tanto el nacional como los provinciales- quienes garanticen tarifas justas, razonables, que velen por la capacidad de pago de los usuarios y controlen las inversiones de las empresas.

* Presidente del CEPIS, Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.