El gobierno oficializó el viernes el congelamiento del precio del crudo y los combustibles por 90 días, pero la pelea con la industria petrolera recién comienza. Las empresas pusieron este fin de semana a sus abogados a analizar el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y amenazan con ir a la justicia. El subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, convocó a las petroleras para el martes a las 17 a la secretaria de Energía “a fin de analizar los pasos a seguir para la normalización de precios”, pero el malestar entre los empresarios por cómo se manejó el tema es tan grande que desde una compañía líder aseguraron a PáginaI12 que este mismo martes a la mañana tienen previsto hacer una presentación judicial para intentar frenar la medida porque ya no confían en el gobierno. Las firmas que más resisten son las no integradas como Vista Oil & Gas, Shell, ExxonMobil, Chevron, Equinor y Tecpetrol (Techint). Las provincias de Neuquén y Río Negro también buscarán que la Justicia declaré la inconstitucionalidad de la norma. A su vez, los gremios están en pie de guerra porque desde las empresas les anticiparon que esta semana comenzarán a paralizar equipos en Vaca Muerta y a despedir personal.

Luego de la amplia derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias, el dólar se disparó un 25 por ciento y Macri anunció el miércoles una serie de medidas para tratar de atenuar el impacto de la devaluación sobre los precios. El listado incluyó el congelamiento del precio del crudo y los combustibles por 90 días. La medida se iba a oficializar el jueves a través de un decreto que apelaba a la Ley de Abastecimiento 20.680 de 1974, pero el lobby petrolero logró frenar esa jugada la noche de miércoles. Pasadas las 21 horas, la secretaría de Energía informó que el congelamiento “se realizará en acuerdo con las empresas”, aunque las propias empresas insistían en que eso no sería posible por las buenas.

Finalmente, el jueves no hubo negociación alguna con las firmas privadas. El gobierno confirmó el congelamiento luego de acordar con YPF que se publicaría un decreto obligando a las empresas a no aumentar para darle cobertura legal a sus directivos. Si bien el Estado Nacional tiene el 51 por ciento de las acciones de la compañía, sus directivos dejaron en claro que no podían aceptar voluntariamente ningún congelamiento ya que podrían ser denunciados penalmente por los accionistas privados que tienen el 49 por ciento restante. A raíz de ello, el viernes salió en el Boletín Oficial el DNU 566/2019 que no hizo referencia a la Ley de Abastecimiento sino a la protección de los consumidores prevista en la Constitución Nacional y al inciso g del artículo 3 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera 26.741 donde se fija como uno de los principios de la actividad hidrocarburífera “la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”. A partir de esa normativa, que en 2012 sancionó Cristina Fernández de Kirchner para expropiar YPF, se estableció que productoras y refinadoras deberán tomar como referencia un tipo de cambio de 45,19 pesos y un barril de crudo tipo Brent de 59 dólares.

Macri evitó el costo político de firmar un decreto que hiciera valer la ley de Abastecimiento, pero fuentes de la industria afirmaron a este diario que su aplicación permanece latente porque no está claro qué otra norma podrían hacer valer desde el Ejecutivo si, a raíz de este congelamiento, las empresas comienzan a retacear combustible. Durante el breve congelamiento que el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, acordó el año pasado con la industria, fue difícil para los productores rurales conseguir gasoil y el contexto era completamente diferente. Ahora la situación amenaza con ser todavía peor, con un gobierno en retirada y carente de poder.