Desde Madrid

La deriva del barco Open Arms, que lleva 18 días en el mediterráneo con 107 migrantes a bordo, ha provocado un cruce de acusaciones entre España, Italia, y la propia ONG que dirige la embarcación.

Esta mañana, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, reprochó al Ejecutivo italiano su negativa para permitir que el Open Arms desembarcara en la isla italiana de Lampedusa; y, al mismo tiempo, le apuntó a la ONG por no haber desembarcado en Malta días atrás, cuando desde ese país se le dio una respuesta favorable.

“Pudo haber entrado a Malta (el Open Arms). Esa solución estaba ahí y estuvimos trabajando todo el tiempo porque el gobierno de Malta siempre dijo que no se quedaba con los migrantes, sino que se hiciera el reparto”, declaró Calvo en relación a un acuerdo entre Francia, Alemania, España, Portugal, Luxemburgo y Rumania, para acoger a los migrantes.

La ONG asegura que Malta había aceptado acoger solo a un grupo de los migrantes y que, por esa razón, se dirigió a la isla italiana de Lampedusa. Ubicado a unos 800 metros de allí desde hace cuatro días, la embarcación reclama al gobierno de Italia que respete las decisiones judiciales de su país que le exigen brindar un puerto seguro para desembarcar. Un desenlace que no parece probable a la luz de las últimas declaraciones del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini.

Lanzado a la carrera electoral con un discurso contra los migrantes que llegan a través del Mediterráneo, Salvini ha dicho esta mañana que el Open Arms debería haber desembarcado en España. “En 18 días fueron y regresaron de Ibiza a Formentera (islas españolas) tres veces”, afirmó a una emisora de radio. Según el vicepresidente italiano, la decisión de no utilizar un puerto español es la “batalla política” que la ONG libra con su gobierno.

En efecto, la vicepresidenta española sembró dudas sobre el comportamiento del Open Arms después de que el domingo el gobierno de su país ofreciera el puerto de Algeciras para recibir a los migrantes, y la ONG lo rechazara por el estado “crítico” de las personas a bordo, y la lejanía del sitio, que obligaría a navegar unos seis días. Ante esa respuesta, el gobierno español ofreció otros dos puertos alternativos en las Islas Baleares, que reducirían el viaje a la mitad. Sin embargo, el Open Arms rechazó esa posibilidad. Según el fundador de la ONG, España llegaba “tarde” en su intención de ayudar.

Una de las últimas soluciones sugeridas por los rescatistas es la de trasladar a los migrantes hasta Catania (en Sicilia), y que desde allí fueran llevados en avión hacia Madrid. Según el jefe de misión del Open Arms en Italia, Riccardo Gatti, la operación sería menos onerosa que rentar un barco para trasladarlos, tal como sucedió con la nave Acquarius el año pasado.

Por otra parte, dejó abierta la posibilidad a que Italia y España brindaran las condiciones y recursos necesarios para que el Open Arms trasladara a los migrantes hacia el puerto más cercano de España, dentro de los ofrecidos por el país ibérico. El problema de esta última opción es el estado de las relaciones entre las dos naciones del sur de Europa. En la tarde española, la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que Matteo Salvini era “una vergüenza para la humanidad”, y lo acusó de hacer campaña con la vida de los migrantes mientras no respeta a la justicia italiana e incumple un “mínimo común denominador de la Unión Europea”.

La postura de España ha ido escalando en los últimos días. El domingo, el Ministerio de Exteriores ya había comunicado que estudiaría la posibilidad de actuar ante Bruselas y las instituciones garantes de los derechos humanos por la negativa de Italia a permitir el desembarco del Open Arms. Por su parte, la vicepresidenta Calvo declaró esta mañana que el gobierno italiano estaba contraviniendo todas las normas europeas.

Con este nuevo cruce de acusaciones entre España, Italia, y la ONG, la crisis migratoria vuelve a estar en las portadas de los medios de comunicación, y deja en evidencia que la Unión Europea no ha encontrado una solución definitiva para los miles de migrantes empobrecidos que buscan llegar a suelo europeo tras escapar de sus países en África y Medio Oriente. En efecto, la futura presidenta de la Comisión del bloque, Ursula Von der Leyen, afirmó en una reciente entrevista a El País que el Acuerdo de Dublin, que regula la llegada de migrantes irregulares a la Unión, le parecía “fallido”, y que no entendía cómo se había firmado.

Dicha reglamentación establece que la nación a la que llega el migrante debe ser la encargada de atenderle, comprobar su derecho o no al asilo, y devolverlo al país de origen si no puede otorgarle ese derecho. Una reglamentación que el gobierno de España ha solicitado que se modifique, y que el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha utilizado como bandera para justificar el cierre de sus puertos a los migrantes, y exigir a la Unión Europea que encuentre otras soluciones al reto migratorio.