Los gobernadores de los estados amazónicos de Brasil se unieron para criticar al gobierno de Jair Bolsonaro, condenando sus declaraciones desafortunadas, las medidas aplicadas en el sector ambiental, y sobre todo, las preocupantes cifras de deforestación en la región, que en julio subieron un 278 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE). Esas cifras llevaron, además, a la suspensión de la colaboración económica de Noruega y Alemania, países que sostenían un fondo de preservación de la selva tropical.
El Consorcio Interestatal de Desarrollo Sostenido de la Amazonia Legal, integrado por nueve de los 27 estados brasileños, informó a través de una nota que pretende "dialogar directamente" con los países que financian el Fondo Amazonia, que aporta recursos para la prevención, la vigilancia y la conservación de la región. "El bloque amazónico lamenta que las posiciones del gobierno brasileño hayan provocado la suspensión de recursos" del Fondo, expresó el texto, que incrementa la polémica sobre los planes de Bolsonaro de autorizar actividades económicas, incluida la minería, en reservas indígenas y en áreas de protección ambiental.
"Estamos totalmente en contra de cualquier práctica ilegal de las actividades económicas en la región", agregó el grupo, que además propuso que el Banco da Amazônia sea el "gestor financiero" del Fondo, en lugar del banco de fomento BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).
Noruega anunció el jueves pasado el bloqueo de 30 millones de euros (33 millones de dólares) para programas del Fondo, para el cual el país escandinavo aportó un 93,5 por ciento del total del presupuesto que esa estructura recibió entre 2008 y 2018. Alemania aportó un 5,7 por ciento, y la estatal brasileña Petrobras, el 0,5 restante.
El gobierno alemán ya había bloqueado el pasado 10 de agosto unos 35 millones de euros (unos 39 millones de dólares) de distintos programas, hasta tanto las cifras de deforestación volvieran a ser alentadoras, o al menos se estabilizaran. "Pueden usar ese dinero como mejor les parezca. Brasil no lo necesita". Jair Bolsonaro se había referido de esa forma a la decisión tomada por Alemania.
Ambos países expresaron en más de una ocasión su agradecimiento al gobierno de Lula da Silva, responsable del inicio del proyecto del Fondo. Hoy, son fuertemente críticos ante un gobierno que no mantiene el comité directivo tripartito entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y la sociedad civil, eliminado recientemente por el polémico ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
"Tener una representación de autoridades y sociedad civil diversa y balanceada en el comité también contribuye al aumento de la transparencia de la información y responsabilidad en la toma de decisiones", expresaron los países europeos a través de una carta dirigida al ministro.
Según datos oficiales (siempre cuestionados por el gobierno), la deforestación en la región amazónica se mantuvo hasta abril en los niveles de los últimos años, pero hace tres meses se disparó: 738,4 km² en mayo (significaron un aumento del 34 por ciento), 931,7 km² en junio (una suba del 90,7 por ciento) hasta llegar a la terrible cifra de 2.254,8 km² en julio (un aumento del 278 por ciento). Una semana antes de la publicación del informe del INPE, su director, Ricardo Galvão, fue despedido.
Bolsonaro respondió a su modo a las medidas anunciadas por los dos países europeos, asegurando que en nada afectarían a Brasil. "¿Noruega no es ese país que mata ballenas, allá arriba en el Polo Norte? ¿Que también explota ahí petróleo? No es en absoluto un ejemplo para nosotros. Que guarden su dinero y ayuden a Angela Merkel a reforestar Alemania", afirmó.
Cumbre de la ONU por el calentamiento global
Frente a los cuestionamientos a Bolsonaro por su endeble política ambiental, Brasil recibe en Salvador de Bahía una reunión sobre calentamiento global coordinada por la ONU. La Semana del Clima de América Latina y el Caribe reunirá hasta el viernes a más de 3 mil participantes de 26 países (políticos, miembros de ONGs y representantes de organismos multilaterales).
Los debates se centrarán en las acciones necesarias para ampliar los compromisos nacionales que permitan cumplir con las metas del Acuerdo de París, que prevé limitar el calentamiento global a 1,5 ºC en relación a la era preindustrial.
Celebrado también en Asia y África, es un evento preparatorio de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático del 23 de septiembre en Nueva York y de la conferencia del clima COP25 que se celebrará en Santiago de Chile en diciembre, después de que Bolsonaro desistiera de organizarla. El presidente, incluso, llegó a amenazar durante la campaña electoral con abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático (con el que el país se comprometió a reforestar 12 millones de hectáreas hasta 2030), pero se retractó tras una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.
El ministro brasileño de Medio Ambiente, Ricardo Salles, por su parte, canceló en mayo la reunión por el cambio climático en Salvador, diciendo que era una excusa para que la gente pudiera "hacer turismo", pero días después se retractó y recién la semana pasada confirmó su participación.
