Una concatenación de hechos que recorrieron tribunales y despachos del Poder Ejecutivo a lo largo del último mes, revelan una estrategia del Correo Argentino, empresa de la familia Macri, con respaldo oficial, para dar por cerrada una negociación que reduzca al mínimo la deuda que tiene con las arcas públicas desde el año 2003, antes de que Mauricio Macri deje la presidencia. La meta de la firma es pagar lo menos posible y manejar los tiempos judiciales de manera exacta con la expectativa de triunfar simultáneamente en las demandas iniciadas contra el Estado, para lo cual intenta que las concentre un juez amigo del fuero contencioso administrativo. A la vez, está en marcha una ofensiva contra la fiscal Gabriela Boquin, quien bloqueó en 2016 el acuerdo que pretendía licuar la deuda del Correo y es ostensible que analizará con atención cualquier pacto en este tema.

A mediados de julio, el Correo hizo una nueva oferta para saldar su deuda. La última había sido un año antes, pero el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, se había tomado esos 12 meses para responder en nombre del Estado que necesitaba más precisiones. Luego la empresa postal ofreció abonar de una vez los 296 millones de pesos que constituyen la deuda original, que data de 2002, y saldar los intereses solo si Correo gana los juicios en los que reclama resarcimientos de distinto tipo al Estado. La deuda real acumulada con intereses por le empresa del Grupo Macri superaría los 4.500 millones de pesos. Es una diferencia abismal. Para responder a la última oferta Saravia Frías –que fue abogado de Socma e integra la mesa chica judicial del Presidente-- pidió por lo menos 120 días extras. Dilatar es la táctica que viene utilizando el tándem Correo-Estado desde que Boquin denunció a fines de 2016 el acuerdo “ruinoso” y “abusivo” entre ambos. En rigor, es la estrategia desde hace 18 años pero que en los últimos tiempos ganó sofisticación.

El 19 de julio último la Cámara Comercial le dio al Procurador 15 días hábiles para responder al último ofrecimiento. Saravia Frías insistió en ir por más, y las camaristas Matilde Ballerini y María Lelia Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazaron su planteo pero le sugirieron llamativamente en la misma resolución que mejor presentara un recurso extraordinario. Sin este recurso, el plazo para que la Procuración responda vencería el 30 de agosto. Con ese recurso, esa dependencia lo vuelve a manejar a piacere. Para colaborar con ese manejo del timing hizo una oportuna presentación ante el Procurador del Tesoro, el funcionario que quedó a cargo de intervenir en el proceso concursal en junio de este año en lugar del titular de Modernización Andrés Ibarra, que se tuvo que correr cuando quedó a la vista que había sido director del Correo. Se trata de Lucas Aparicio, secretario de Trabajo, quien bregó por más tiempo con el argumento de la complejidad del caso y la cantidad de órganos que intervienen y el material que debe estudiar. La preocupación paralela del Correo es sincronizar el expediente comercial con los juicios promovidos contra el Estado.

Como está a la vista, aunque parezca paradójico, en este caso el Poder Ejecutivo y el Correo tiran para el mismo lado. La empresa tiene 11 expedientes en marcha contra el Estado, al que le reclama más de 4000 millones de pesos en resarcimientos. Las causas principales de ese grupo están repartidas en tres juzgados, pero ahora en busca de un resultado en los próximos meses la empresa de los Macri intenta que las concentre un solo juez. Ahora están repartidas así: la más vieja, del año 2000, por la que Correo se negaba a pagar la concesión si el estado no le pagaba daños y perjuicios, se encuentra en el juzgado contencioso número 8; en otro juzgado, el de Enrique Lavié Pico, tramita un reclamo de 2004 para que se anularan los decretos que le quitaron la concesión del servicio postal; y en el que subroga Macarena Marra Giménez hay otros pedidos de resarcimientos planteados en 2016, cuando la empresa de los Macri se encaminaba a un acuerdo que haría esfumar su pasivo, y que terminó abortado por la fiscal Boquin.

Es decir, el Correo no sólo aspira a pagar lo menos posible sino a cobrar del Estado, y necesita que ambas cuestiones tramiten en tiempos similares, además de favorables, en los próximos meses. El plan que activó en julio último fue pedirle al juez Lavié Pico que reclamara todos los expedientes contra el Estado. ¿Por qué a Lavié Pico si no tiene la causa más vieja? La única explicación es que los Macri creen que fallará a su favor, porque ya lo ha hecho en otros casos de interés para el Gobierno. El reclamo para que Lavié Pico unifique los expedientes fue presentado el 17 de julio, el 18 le pidió a la jueza Marra Giménez que se desprenda del tema. Un día antes, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura votó –a instancias del instructor del caso, el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques-- por archivar una denuncia contra ese juez que había motorizado Elisa Carrió a raíz de un fallo que beneficiaba a Daniel Angelici y eximía de ganancias a sus bingos. Carrió decía que había existido fórum shopping, el mismo tipo de maniobra que se estaría planteando ahora. También tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito, que fue rechazada. El plenario del Consejo terminó de archivar todo la semana pasada.

La tercera “pata” de toda esta maniobra, como reveló el periodista Ari Lijalad en El Destape, se basa en la reactivación de la denuncias de hace dos años (cuando estalló el escándalo del Correo) de dos ex empleadas de Boquin por supuesto maltrato. Una de ellas es la esposa del juez Sebastián Sánchez Cannavó, que está en carrera para ocupar una vacante en la sala de la Cámara Comercial que interviene en el caso del Correo. Los expedientes abiertos en la Procuración están llenos de prueba documental que mostraría que las denuncias son falsas. Pero en los últimos días fueron convocados llamativamente testigos como para mover esa investigación. El propósito del procurador interino, Eduardo Casal, sería desplazar a Boquin y reemplazarla por algún fiscal que acepte lo que acuerden el Correo y el Gobierno.