La justicia de El Salvador absolvió a Evelyn Hernández, la joven de 21 años acusada de homicidio agravado por no haber atendido a su bebé luego de un parto extrahospitalario. El embarazo de Hernández era producto de una violación que no denunció porque su abusador la amenazaba. La Fiscalía había pedido una pena de 40 años de cárcel para la joven. Activistas feministas de todo el continente celebraron libertad de Hernández, una de las 17 mujeres salvadoreñas presas por abortar.

El juez José Virgilio Jurado Martínez resolvió que, al desmayarse luego de padecer una emergencia obstétrica, Hernández no estaba en condiciones de “cumplir la función garante” de la vida del bebé. “El juez absuelve porque no tenía certezas para demostrar lo que fiscalía estaba queriendo impugnar y, ante esta duda, otorga esta absolución”, dijo a Página|12 Sara García, militante feminista salvadoreña e integrante de la Agrupación Ciudadana Ciudadana para la Despenalización del Aborto.

El 6 de abril de 2016, Hernández, quien entonces tenía 18 años, empezó a sentir dolores abdominales. La joven, que vive en una comunidad rural de la provincia de Cuscatlán, fue al baño de su casa, sufrió un sangrado fuerte y se desmayó. Hernández había sido abusada sexualmente durante meses, pero no sospechó que estaba embarazada porque, según los abogados defensores, fue un embarazo asintomático.

La madre de Hernández llevó a su hija a un hospital local, donde los médicos determinaron que la joven había sufrido un aborto. Según la ley salvadoreña, el aborto no está permitido bajo ninguna causal y, por eso, los doctores que atendieron a Hernández la denunciaron ante la policía.

En la casa de la joven, las fuerzas de seguridad encontraron en la fosa séptica el cuerpo de un bebé de 32 semanas de gestación. La autopsia estableció que el bebé falleció a causa de una “neumonía aspirativa”. La Fiscalía había pedido una condena de 40 años para la joven porque, argumentaron, "era la encargada de proteger la vida de su bebé y no evitó su muerte".

“Soy inocente, Fiscalía, revisen las pruebas, déjenme continuar con mi vida, yo solo espero justicia”, dijo Hernández minutos antes de conocer el veredicto. Bertha Deleón, una de las abogadas defensoras, aseguró que “las pruebas no tienen ningún elemento directo para establecer el dolo con el ánimo de matar”.

García sostuvo que el caso de Hernández “representa un trayecto de injusticias y violaciones sistemáticas de derechos humanos” al haber sido víctima de violencia sexual, haber sufrido una emergencia obstétrica y, luego, “todo un proceso de criminalización”.

“(Ella enfrentó) todas esas violencias, toda esta persecución de un Estado que no ve la historia de las mujeres, sino que sólo visualiza a una mujer que transgrede el rol del mandato social de la maternidad y, en base a estereotipos de género, empieza todo un proceso acusatorio”, afirmó García.

Ana Gladys Chinchilla, integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, aseguró que es una “constante” de la justicia salvadoreña criminalizar “a las mujeres que tienen complicaciones obstétricas, pero no a cualquier mujer, sino a aquella de muy escasos recursos económicos y con un bajo nivel académico”.

En julio de 2017, la jueza Nury Velásquez condenó a Herrera a 30 años de prisión. La joven estuvo presa en la cárcel de mujeres de Ilopango durante 33 meses hasta que la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena y ordenó que se repitiera el juicio.

“La lucha jurídica tuvo mucho que ver, pero también una lucha feminista y popular, estar en las calles, estar en los plantones (manifestaciones), estar en las redes sociales, difundir a nivel nacional pero también a nivel internacional”, celebró García. La activista opinó que el caso de Hernández es fundamental para continuar exigiéndole al Estado salvadoreño “que despenalice el aborto, que cese la persecución a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y que, por supuesto, libere a las 16 (mujeres presas por abortar) que siguen en la cárcel”.

Informe: Ludmila Ferrer.