En El Salvador, el aborto está prohibido desde 1998 y está penado con seis a ocho años de prisión, que se elevan a entre 30 y 50 años por un delito de homicidio agravado en caso de que sea un parto extrahospitalario ocurrido cuando el embarazo supera las 20 semanas, incluso cuando se trata de un aborto espontáneo.
“Esto genera condiciones de criminalización, estigma y una lógica persecutoria en cada una de las instancias”, señaló Sara García, militante feminista salvadoreña e integrante de la Agrupación Ciudadana Ciudadana para la Despenalización del Aborto.
La Agrupación registró que, entre 2000 y 2014, al menos 49 mujeres fueron condenadas por abortar. Otras 250 fueron denunciadas, principalmente por funcionarios de hospitales públicos que tienen miedo de ser acusados por atenderlas cuando llegan con alguna complicación obstétrica.
Actualmente hay 16 mujeres salvadoreñas que se encuentran presas acusadas de homicidio agravado por sufrir un parto fuera del hospital en el que fallecieron sus bebés. Esto dio origen a la colectiva Las 17 El Salvador, organización que pide por la libertad de esas mujeres privadas de su libertad.
“En este momento estamos sumamente felices, llenas de esperanza porque aún faltan 16 mujeres que están en una situación similar a Evelyn y éste es un momento histórico porque la da fuerza a esta lucha y le da fuerza a las que siguen adentro de la cárcel”, aseguró García.
