Luiz Inácio Lula da Silva cumple 500 días en la cárcel. El 7 de abril de 2018 el ex presidente brasileño dio su último discurso en público antes de ser trasladado hasta la cárcel de Curitiba donde sigue aún preso. Cumple una pena de ocho años y diez meses condenado por corrupción y lavado de dinero, en lo que es la causa Lava Jato, cuestionada desde su origen pero más aún luego de las filtraciones del sitio The Intercept Brasil. Organizaciones políticas, sociales y juristas pidieron su inmediata liberación.
"Solo quiero salir con un 100 por ciento de inocencia y desde aquí adentro voy a probar que ellos (el ex juez y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro, y el fiscal jefe de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol) son bandidos y yo no. Es eso lo que quiero probar", dijo Lula en una entrevista publicada en el canal en Youtube del periodista Bob Fernandes el pasado sábado. Desde allí Lula enfatizó la ilegalidad de la causa, que tenía por finalidad su encarcelamiento e imposibilitarle presentarse en la elecciones presidenciales de 2018, que llevaron a Jair Bolsonaro al poder. “Estoy en la cárcel porque quiero. Yo podría haber salido de Brasil. Tuve muchas oportunidades. No quise hacerlo porque la forma de ayudar a poner bandidos detrás de las rejas es estar aquí", señaló. Se lo acusó de haber recibido un triplex en Guarujá como supuesto soborno de la empresa constructora OAS.
“500 días de injusticia” es el nombre del artículo publicado hoy por Gleisi Hoffman, presidenta del PT, junto a otros dirigentes políticos, en el sitio Folha de Sao Paulo. “El proceso, realizado y ejecutado fuera de la ley, es el fruto podrido de una coalición cuyo objetivo principal era manipular las elecciones presidenciales a favor de Jair Bolsonaro (PSL) o cualquier candidato de derecha viable, excluyendo de la disputa al ex presidente del estado”, sostienen. “Moro realizó investigaciones que luego juzgaría, actuó como parte de la acusación y nombró un testigo contra el ex presidente. Atropelló la constitución, las leyes y la ética del Poder Judicial. Recompensado, se convirtió en ministro del gobierno que ayudó a elegir, y se le prometió un futuro asiento en la Corte Suprema”, dicen en referencia a las maniobras realizadas por las fuerzas judiciales que la investigación publicada por el sitio The Intercept en junio pasado ayudó a desenmascarar. La investigación periodística filtró mensajes del grupo de Telegram de los fiscales que llevan adelante la causa, con Dallagnol a la cabeza, que muestran la interferencia de Moro en su trabajo, algo prohibido por la ley brasileña.
Dentro de la suma de arbitrariedades que rodean a la causa, la semana pasada la jueza de primera instancia Carolina Lebbos, encargada de la ejecución de la pena a la que fue sometido Lula, ordenó su traslado a una prisión común en San Pablo, La decisión fue rápidamente derogada por el Supremo Tribunal Federal (STF, la Corte Suprema brasileña). “No conozco a la jueza, pero ella fue irresponsable. Espero que la sociedad esté viendo. No quiero ser tratado mejor ni peor que nadie", señaló Lula.
Una vez conocidas las filtraciones de The Intercept su defensa elevó un pedido de “hábeas corpus” al STF donde demandan que sea declarada la parcialidad del ex juez Moro y la inmediata puesta en libertad de Lula. Agosto es la fecha límite para que se expidan. “El STF tiene una nueva oportunidad de reparar estos 500 días de abuso e infamia. (…) No habrá reconstrucción institucional sin la cancelación de sentencias contra Lula. El reconocimiento de su inocencia es el primer paso indispensable en esa dirección. Ninguna democracia puede coexistir con juicios falsos y prisiones políticas. Lula libre!”, piden en la publicación los líderes políticos.
En su última manifestación en público, antes de entregarse en el penal de Curitiba, Lula dio uno de sus discursos más emotivos. Allí, frente a una multitud, dijo: “Ustedes van a ver que voy a salir de esta situación mucho mayor, más fuerte, más verdadero, e inocente, porque quiero probar que ellos son los que cometieron un crimen”.
