Las elecciones primarias del 11 de agosto dejaron expuesta la catástrofe económica que ya existía. Tras una semana de marchas y contramarchas patéticas, el gobierno optó el fin de semana por un cambio de piezas en la conducción económica. La llegada de Hernán Lacunza a Hacienda en reemplazo de Nicolás Dujovne generó expectativas de cambios de políticas y más de un interrogante. Los discursos del ministro Lacunza y el titular del Banco Central, Guido Sandleris, dieron la respuesta: nada va a cambiar. No hubo anuncios. Al contrario, se ratificó el rumbo y las políticas aplicadas hasta aquí, que fueron la causa principal del desastre financiero primero, socioeconómico después y, finalmente, político (como describe Alfredo Zaiat en su columna). No habrá alivio para los jubilados, cuyos ingresos quedaron aun más postergados tras el shock inflacionario provocado por una nueva megadevaluación macrista. El propio Sandleris admitió que la inflación de agosto y septiembre volverán a ser elevadas, lo cual no constituye ninguna novedad pero confirma que el gobierno bajó los brazos en materia de evitar el traslado a precios internos del último salto del dólar. Además, el gobierno (a través del Ministerio de Producción y Trabajo) pateó para el 30 de agosto la convocatoria al consejo del salario, que deberá definir un nuevo mínimo vital, como fue prometido la semana pasada pero con la novedad que recién podrá estar vigente a partir de septiembre. Es decir, que se cobrará en octubre. Por decisión del gobierno, el país transitará los meses que faltan hasta el traspaso de mando con inflación, tasas de interés prohibitivas para la producción y letales para quienes se financian con tarjetas o descubiertos; retraso de ingresos de quienes viven de su trabajo en relación al dólar y canastas de consumo; y cierres de empresas y suspensiones de personal (como se sigue verificando a diario). Y una política que gobierna para un sistema financiero convertido en una timba de la que surgen los únicos ganadores absolutos del modelo: los especuladores. 

"No me votaron para cogobernar y yo no tomo decisiones en nombre de Macri, porque soy su alternativa", respondió Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos, a varios medios que lo consultaron ayer, horas después de que el presidente en ejercicio lo convocara a acercar una persona suya para elaborar políticas en conjunto con el recién nombrado Hernán Lacunza (ver nota aparte en esta edición). El pedido de Macri responde, se presume, a un reclamo del FMI. El gobierno espera la visita de la misión de auditoría del organismo para que apruebe las cuentas fiscales y autorice el desembolso de 5400 millones de dólares en los primeros días de septiembre. Macri sabe que un aval de Alberto Fernández hoy le vale más que mil gestos "al mercado", que ya le soltó la mano. Su reclamo al candidato que lo venció en las PASO para compartir la decisiones económicas no le nació, muy probablemente, del intercambio de ideas con los suyos en la quinta Los Abrojos, el fin de semana, sino que suena a haber partido de Washington. Si el Fondo quiere tener un compromiso de Fernández, evidentemente deberá conversar directamente con él, aunque con ello desautorice al gobierno actual. 

La Prioridad Uno del gobierno es mantener vivo el compromiso de desembolso del FMI. Para alcanzarlo, tiene que mostrar capacidad para estabilizar los mercados, aunque más no sea por unas pocas semanas. Pero esa capacidad hoy está en duda. Ayer, ante la presión de un consorcio de bancos extranjeros, que reclamaron porque los bonos que les dieron en garantía de un préstamo al Tesoro nacional por unos diez mil millones de dólares se desvalorizaron en más de un 40 por ciento en el último mes, le exigieron al gobierno la cancelación anticipada de unos 2600 millones de dólares de la deuda. El gobierno debió acceder y ayer giró esos fondos desde sus ya escuálidas reservas internacionales disponibles. La capacidad de negociación de las autoridades es muy cercana a cero. Al igual que sus disponibilidades de dólares remanente. 

Los discursos de Lacunza y Sandleris, por la mañana y minutos antes que abrieran los mercados, tuvieron como destinatario único, justamente, a los mercados. Es decir, el endeble sistema financiero que actúa como correa de transmisión de la crisis. Si hay un nuevo shock de desconfianza y una nueva corrida, todo el andamiaje del modelo especulativo creado por este gobierno caerá como castillo de naipes. Por eso los intentos desesperados por evitar que nadie mueva la mesa ni abra demasiado la ventana y deje entrar el viento. ¿Cómo se sostiene ese vulnerable equilibrio? Con tasas de interés que seguirán bien por arriba del 70 por ciento en pesos, y contratos de dólar futuro del Banco Central, para que los fondos no sigan huyendo hacia el dólar, confirmó Sandleris. Son los mismos instrumentos que el gobierno utiliza desde febrero de 2016, con resultados conocidos. Igual insiste. 

En el mercado financiero saben que, aun si el gobierno lograra sostener esa situación por algún tiempo, hay otros sectores que están pagando costos crecientes por estas políticas. Entre ellos, las administraciones provinciales y muchas empresas privadas medianas y grandes. Es decir, ese conjunto de instituciones públicas y privadas que tuvo acceso al crédito internacional, endeudándose en dólares, pero que obtienen sus recursos exclusivamente en pesos (porque recaudan de, o porque producen para el mercado interno). Con el extraordinario salto del dólar del lunes 12 y la retracción de ingresos de contribuyentes y clientes, provincias y empresas deudoras en dólares pasaron de estar en una situación delicada a otra de emergencia. Que "se estabilice el dólar en un nivel bien competitivo, entre 58 y 60 pesos", como desearía el gobierno que ocurriera, no es para esas entidades deudoras precisamente una buena noticia. Hay quienes opinan que, tras los últimos eventos, algunos quedaron condenados a un default no muy lejano. Ya no del sector público nacional, sino de provincias y empresas. 

En el exterior lo saben, por eso los informes de calificadores o agencias de inversión vienen cada vez más duros. Standard and Poor´s le bajó ayer la calificación a un banco público y dos privados: El provincia de Buenos Aires, el Galicia y el Patagonia. Las entidades financieras no podrán desentenderse del clima de turbulencia y consecuencias de las medidas que está tomando el gobierno, sugiere el informe de S&P. El banco público involucrado es la mayor institución de la provincia cuya economía estaba administrada, hasta el viernes pasado, por quien pasó a ser ministro de Hacienda de la Nación, 

¿Y para la economía real? Nada nuevo, y mucho menos bueno. Ayer mismo se conocía el cierre de otra autopartista, radicada en el Gran Rosario: Link. Una pyme de 30 empleados, otra víctima de la destrucción del tejido industrial que alimentaba, con una demanda interna dinámica, el trabajo de fábricas terminales, productores de insumos y de piezas para manufacturar esos insumos. También hubo despidos encubiertos (no renovación de contratos) en La Serenísima de Longchamps. Automóviles y leche, en dos estratos de consumo bien diferentes pero con industrias y trabajadores con un mismo destino. La trampa es el modelo, un laberinto del que no es posible salir siguiendo su propia lógica. Y ayer el gobierno lo ratificó plenamente.