Los cuatro ascensores no tienen descanso. Las largas colas detrás de cada uno de ellos en la hora pico de atención al público así lo acreditan. En sus cientos de recorridos, esos cubículos plateados que suben y bajan sin parar son testigos privilegiados de lo que se habla cada día en los tribunales de Retiro. Como en casi todo los ascensores, en Comodoro Py también el clima es tema de conversación. En esa charlas, en general hay una cosa en la que todos coinciden: si algo caracteriza a las inmediaciones del edificio es que por algún motivo siempre hay mucho viento. A diez días de las PASO los otros vientos, los políticos, cambiaron rotundamente. Tras el triunfo abrumador de la fórmula Fernández-Fernández también todos coinciden en que esos nuevos vientos tendrán impacto directo en el funcionamiento de los tribunales federales.

El foco está puesto en tres ejes: por un lado, qué va a pasar con la denominada “doctrina Irurzun”, que implicó la ola de prisiones preventivas a ex funcionarios, dirigentes y empresarios. En Comodoro Py le piden a la Corte que se defina al respecto antes del cambio de Gobierno. También, qué deberían hacer a partir de ahora los jueces y fiscales que encabezaron aquella cruzada, siguiendo al pie de la letra los designios del poder hoy en ocaso.

Por otro lado, una de las preguntas que más se repiten es cómo será la relación con la nueva gestión. Sin interlocutores aún, algunos en Comodoro Py avizoran posibles diferencias hacia adentro de la futura coalición de gobierno.  “Algunos sí van a ir por el 'ministerio de la venganza', pero creo que no va a ser la norma”, confió a este diario un funcionario que posiblemente no esté contento con el resultado de la elección. De cualquier manera, lo que es seguro es que una vez más todos buscarán aggiornarse. O casi todos. “Los que sobreactuaron no tienen margen. Se van a tener que ir”, le confió a PáginaI12 uno de los doce jueces federales que manejan las causas más sensibles. La salida elegante para algunos será la jubilación, sobre todo para aquellos que ya tienen la edad. Es el caso del juez Claudio Bonadio -que ya está en condiciones de retirarse- y del fiscal en rebeldía Carlos Stornelli, a quien sus propios colegas le cuentan los días. “Cumple los 60 en febrero”, le recordó a esta cronista rápidamente un fiscal. 

Quienes también quedaron en la mira son los camaristas promovidos por el Poder Ejecutivo y que avalaron la doctrina de las prisiones sin condena. “Los que entraron por la ventana se vana tener que ir”, advirtió uno de los jueces con más años en el edificio de Retiro. “Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y obvio, el propio Irurzun van a tener que ver qué hacen”, agregó.

Fin a las prisiones preventivas 

“Acá te dan tres piruetas en el aire y en un segundo borran con el codo lo que escribieron con la mano y pasa como si nada”, dijo otro de los magistrados con asiento en el tercer piso. Sin traje esta vez, vestido de sport y mientras firma una resolución tras otra que le acercan sus secretarios, confía de todas formas en que sea la Corte Suprema la que saque a Comodoro Py del laberinto en el que se metió. 

Casi como un pedido a gritos, dos abogados defensores que batallaron sin éxito en estos años para liberar a sus defendidos; tres fiscales federales y dos jueces coincidieron ante la consulta de PáginaI12. Con los nuevos vientos -más bien un tornado para muchos- los Supremos deberían fallar sobre el uso de la prisiones preventivas antes del 10 de diciembre. “Tienen recursos presentados por todos los que están presos. Con elegir uno solo y decir que viola las garantías constitucionales es suficiente. Con eso ya marcan el camino para el resto y arreglan este desastre”, expresó uno de los penalistas que camina, incansable, casi todos los días el edificio de Retiro. “Tienen que empezar a caer. La doctrina de las preventivas es una vergüenza”, expresó uno de los funcionarios que no oculta su simpatía con los guarismos de las PASO.

Sólo unos pocos se animaron a hacer públicas sus críticas durante el apogeo macrista. Ahora algunos sí alzan la voz o intentan mostrar cierto alineamiento con los tiempos que se vienen. “Nunca vi tantas presiones como en estos tres años y medio”, buscó explicar uno de los magistrados. Lo que es seguro es que habrá un retroceso paulatino y comenzarán a ordenarse liberaciones por goteo, con o sin fallo del Máximo Tribunal. Es que muchos de los presos de la era Macri están por cumplir el plazo máximo de detención sin condena establecido por el Código Penal. Con este panorama por venir, lo que está claro es que desde Comodoro Py se encargan por estas horas de mandar el mensaje de auxilio al Palacio, una suerte de soga argumental para desandar el camino que corrió todos los límites de las garantías procesales.

Si bien la lista es larga, estos son solo algunos de los ex funcionarios, dirigentes y empresarios a los que se les aplicó la doctrina Irurzun:

● Fabián De Sousa y Cristóbal López. Detenidos desde diciembre de 2017 por orden del juez Julián Ercolini en la causa Oil Combustibles, actualmente en juicio.

● Amado Boudou. Fue detenido por primera vez hace más de un año, el 7 de agosto de 2018, tras la condena en primera instancia a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone. Logró la excarcelación en diciembre pero luego la pena fue ratificada y la sala IV de Casación compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani volvió a ordenar su detención. Este martes, su defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema como última instancia. Un intento por revocar la preventiva, revertir la condena o, eventualmente, conseguir una reducción de la pena. Lo que sucede en general es que la Casación suele bajar los años que imponen los tribunales orales. En este caso ratificó los casi 6 años de prisión efectiva, la pena máxima prevista por el código. “Una sobreactuación”, le confió a este diario un experto funcionario de Comodoro Py, quien, si bien coincide en que el ex vicepresidente debía ser condenado, afirmó que “desvirtuaron todo el proceso y le dieron casi la pena máxima. Es una vergüenza”.

● Carlos Kirchner. Detenido el 22 de diciembre de 2017 por orden del juez Julián Ercolini en la causa Vialidad, hoy en juicio.

● Gerardo Ferreyra. Detenido desde el 1 de agosto de 2018 en la causa de las fotocopias de los Cuadernos. Ahora en prisión domiciliaria, aguarda la respuesta de la Corte Suprema.

● Julio De Vido. Fue detenido sin condena y previo desafuero en octubre de 2017, por orden del juez Luis Rodríguez. Luego fue condenado por la tragedia de Once.

● Fernando Esteche. Detenido desde diciembre de 2017 en la causa que investiga el Memorandum con Irán. En su momento, también fueron víctimas de la redada Carlos Zannini, Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil y Luís D´Elía. Zannini y Khalil fueron liberados, mientras que el dirigente social continúa preso por la toma a la comisaría de La Boca, en protesta por el crimen del militante Martín “El Oso” Cisneros. El expediente se abrió hace más de trece años y fue reflotado a pesar de haber prescripto.