El juez Claudio Bonadio investiga las presuntas irregularidades en la licitación de la obra del Paseo del Bajo , que fue utilizada por el macrismo como bandera de campaña. El juez federal emitió una orden de presentación para que la empresa Autopistas Urbanas --cuyo accionista principal es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-- entregue información sobre la licitación de la millonaria obra. El paso siguiente sería un allanamiento.

La denuncia penal inicialmente fue presentada por Cecilia Segura Rattagan, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza Sergio Rodríguez. Rodríguez se presentó ante la Justicia federal para que se investigue la licitación y denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sospecha del direccionamiento del principal tramo de la licitación que fue adjudicada a la empresa IECSA --propiedad en ese entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente, y posteriormente vendida a Marcelo Mindlin-- ya que se habían presupuestado 4480 millones de pesos pero la empresa lo cotizó en 3183 millones. 

La licitación que comenzó en agosto de 2016, según detallaba el informe de la Auditoría porteña --en base al cual Rodríguez presentó la denuncia ante la justicia federal-- se dividió en tres tramos: A, B y C. El tramo C era el más caro y el más codiciado por las empresas. A diferencia de lo que estaba pactado, el tramo que primero se adjudicó no fue el más caro, sino el de menor valor. Y lo ganó la empresa Corsan Corvian Construcciones con una oferta de 1500 millones de pesos. Segunda quedó IECSA. 

En declaraciones con este medio, Segura había planteado que "si se hubiera licitado en el orden original, Corsan Corvian se hubiera quedado con el tramo más caro de la licitación, dado que todas sus ofertas eran a la baja. Con el cambio de orden se sacó de la competencia a esta empresa para los otros tramos, ya que ninguna compañía podía resultar adjudicada en más de uno". IECSA se quedó con el tramo C de la obra. Basándose en ese informe, Rodríguez puso en duda el mecanismo por el cual los diferentes consorcios compitieron. 

En el escrito entregado por el fiscal, fueron señalados Rodríguez Larreta, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, el presidente y la jefa de Compras de AUSA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos. Si bien el expediente le había tocado al juez Sebastián Casanello, como había una denuncia similar en el juzgado de Bonadio fue él el que quedó a cargo del caso. Junto al juez investiga la fiscal Alejandra Mángano, quien pidió que Rodríguez colabore en el proceso.

Para el fiscal Rodríguez debe investigarse la "alteración sustancial de la licitación", mediante circulares "inconsultas" que muestran "una maniobra burda e insólita, sospechosa per se".