"Llevamos 13 informes realizados, no puede ser que sigan llenando las bibliotecas de funcionarios y jueces que no toman ninguna medida para revertir esta situación, las cárceles son depósitos humanos", sentenció el titular de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, en la presentación del informe anual del organismo bonaerense, que muestra un recrudecimiento de la política punitiva durante la gestión de María Eugenia Vidal, reflejado en el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria , las 339 muertes bajo custodia del Estado, los 12 mil hechos de tortura en lugares de encierro y las 120 víctimas de la violencia institucional. 

"El hacinamiento y sobrepoblación baten records históricos a nivel nacional y de manera brutal en la provincia de Buenos Aires", advierte el informe del CPM y pone en cifras la crisis humanitaria sufrida en las cárceles durante 2018: 50.500 personas permanecían detenidas en las cárceles bonaerenses,  en menos de 22 mil plazas carcelarias y 1000 camastros de comisarías. 

Esas cifras récord significan una sobrepoblación del 113 % en cárceles y del 310 % en comisarías, lugares de encierro en los que, durante la gestión Vidal, se produjeron las dos masacres más grandes de la historia: en la comisaría 1 de Pergamino y en la 3 de Esteban Echeverría . 

El informe precisa que las cárceles bonaerenses alojan a 42 mil internos, por lo que "más de la mitad de las personas detenidas no tuvo espacio adecuado para dormir" y agrega que las condiciones son similares en las alcaidías departamentales, en las que la sobrepoblación alcanza el 48 por ciento. 

Los comisarías también registraron cifras record durante la gestión Vidal, con un incremento del 33 por ciento entre 2017 y 2018. Según detalla el informe, el 53 por ciento de las 483 comisarías bonaerenses están inhabilitadas para alojar presos por decisiones judiciales y administrativas, pero 113 de ellas igual lo hacían. El incremento se traduce en que "tres de cada cuatro detenidos duermen en el piso o se turnan para dormir".

"El incremento de 15 mil nuevas personas detenidas en la Provincia durante esta gestión es presentado como un logro de la política criminal. Sin embargo, sus consecuencias no son la disminución del delito sino el aumento de las violaciones de derechos humanos", sentencia la CPM.

 

"Tortura y muertes evitables"

Esto ocurre "en un contexto de práctica sistemática de la tortura y muertes evitables", denuncia el informe del CPM.  En 2018, desagrega el informe, murieron 140 personas en las cárceles provinciales: 72 % por problemas de salud no asistidos, 10 % por homicidio, 8% por suicidio, 2% por accidente, mientras que un 8 % no contaba con registro de los motivos. 

La cifra de las muertes bajo custodia del Estado provincial ascienden a 339 si se incorporan las 180 registradas en neuropsiquiátricos, las 18 fallecidas en comisarías y 1 en un centro para jóvenes.  Durante 2018, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses, lugares prohibidos para el alojamiento permanente de personas. Entre 2016 y 2018, durante esta gestión, murieron 65 personas.

En los casos de los centros de salud mental, el organismo resalta que se trata de un número provisorio, ya que la Corte Suprema provincial reconoció que existe un déficit en el registro de personas internadas y que las víctimas mortales son informadas con demora. A pesar de eso, el sector público registra el 57 por ciento de las muertes, a pesar de alojar a solo el 15 por ciento de las personas internadas. 

En cuanto a los casos de torturas o malos tratos, el CPM señaló que, a través del sistema de entrevistas del Comité Contra la Tortura, se relevaron 12.421 hechos de agravamiento de las condiciones de detención, que reúnen malas condiciones materiales, agresiones físicas, aislamiento permanente, problemas graves de salud no asistidos. Lo que se tradujo en  3.912 acciones individuales urgentes o habeas corpus y 38 acciones o habeas corpus colectivos ante el Poder Judicial. 

"En casi cuatro años no existieron políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia o sanción de la tortura. A la par, asistimos a la descomposición acelerada de un Poder Judicial que no previene ni sanciona", denuncia el informe. 

La situación de crisis humanitaria y aumento de la violencia también fue reflejado a principios de agosto a partir del Registro Nacional de casos de torturas , que relevó 469 víctimas de torturas y malos tratos en centros de detención bonaerenses, un 28,9 por ciento de las 1.621 víctimas registradas en todo el país. 

"Este gobierno, que asumió reconociendo la crisis del sistema de encierro, fue la gestión que mayores violaciones a los derechos humanos provocó", resumió el secretario de la CPM Roberto Cipriano García durante la presentación en la Cámara de Senadores provincial. 

 

Uso letal de la fuerza

En el cuarto año de la gestión que a nivel nacional y provincial reivindicó la denominada Doctrina Chocobar , el informe de la CPM sintetizó que la política de seguridad antepuso "el valor material o de la propiedad privada al valor vida". En ese tono, el informe apunta que la fuerzas de seguridad provincial mataron a 120 personas durante 2018.   

Entre las personas muertas por las balas policiales, en 2018, se registró un incremento del 4 por ciento entre niñas y niños menores 18 años. Y el 62 por ciento de los casos de uso letal de la fuerza estuvieron en manos de oficiales fuera de servicio. 

Al incremento de la muerte de menores de edad a manos de fuerzas de seguridad, se contrapone los presupuestos dispares que el Ejecutivo bonaerense dedican al área de Seguridad en comparación con el atribuido al área de Niñez. "La distancia entre estas áreas es cada vez mayor: en 2009 el presupuesto destinado a seguridad era 11 veces mayor al destinado a niñez, en 2018 fue 26 veces más", resalta el informe. 

Los casos de uso letal de la fuerza representaron el 31, 6 % de los 379 hechos de violencia policial registrados por el CPM a través del programa de Justicia y seguridad democrática, mientras que el 20 por ciento de los casos estuvieron vinculados a abusos de la fuerza en casos de detenciones, ya sea durante allanamientos ilegales o hechos de represión a la protesta social. El 15,5% a causas armadas o fraguadas, el 7,6% a hostigamientos y el 7,9 % a detenciones arbitrarias.

 

Mujeres, trans y extranjeros 

El informe también hace foco en la situación que atraviesan los colectivos de mujeres, trans y extranjeros en el marco de las políticas de seguridad aplicadas. Respecto de la mujeres, el CPM alertó un crecimiento del 18 % en la población femenina en cárceles bonaerenses, que, a pesar de significar un 4,6 % del total, fue proporcionalmente más elevado que el incremento de las detenciones entre los varones.    

En cuanto a las trans-travestis el crecimiento fue del 36 %: de 69 en 2017 pasó a 94 en 2018. El informe alertó sobre la situación de detención, ya que en el 86 % de los casos se trata de detenciones sin condena, un número más elevado que en 2017. Además, se advierte que existe "un sub-registro ya que no incluye a varones trans ni contabiliza personas travestis-trans alojadas en aquellas unidades que tienen una organización binaria de los espacios". 

Respecto de los extranjeros, el organismo denunció "el enorme impacto estigmatizante y discriminador" que tuvieron las políticas y declaraciones públicas de los funcionarios de la gestión Cambiemos, que "viola gravemente los derechos de estos colectivos, y ocasiona un daño enorme al tejido social porque fortalece la xenofobia y la violencia", cuando representan menos del 5 por ciento de la población carcelaria. 

"La mano dura como estrategia de seguridad carece en sí misma de sustento riguroso en datos o información fiable, no aborda de manera integral los problemas que dice combatir y solo pretende achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de la democracia constituyéndose como la solución para todos los males", condena el informe del CPM a la gestión cambiemita.