“A pesar de ser tan densa y abarcar tanto, la película solo cubre un porcentaje muy pequeño de lo que ocurrió. Hay miles y miles de historias que tuvimos que dejar afuera”. La voz de la documentalista española, Almudena Carracedo, llega desde Portugal, país en donde se encuentra acompañando su última película, El silencio de otros, co-dirigida nuevamente con su compañero Robert Bahar. Documental que viene de tener una importante repercusión no solo en España, en donde obtuvo recientemente el Premio Goya, sino también en su estreno comercial en Francia, y en el Festival de Berlín, donde ganaron el premio del público y el premio de la paz.
Fue en la capital alemana, apunta Almudena, donde descubrieron que el delicado tema que aborda la película trascendía las fronteras de España. “Nos dimos cuenta que tenía una capacidad maravillosa de acceder a otro público. Es decir, no solo al público español, sino que podía acceder a uno que no supiera nada, ni de la historia ni del contexto en el que fue realizado el documental.” Ese público nuevo no sólo se dio en Alemania o en Estados Unidos, en Brasil, o ahora en Argentina, en donde desembarca, acompañada de dos de sus protagonistas, sino dentro de las fronteras de España. La directora cuenta que durante los tres meses que duró la proyección en salas, se acomodó tercera en taquilla, algo inaudito para una documental con una temática en Derechos Humanos. “Se armó una conversación social alrededor de la película, una red entre familiares que iban a verla, mucha gente que asistía entre tres y cuatro veces. Y la cúspide de esto fue cuando se emitió por televisión. La gente se enviaba mensajes para verla y recomendarla. Se convirtió en un fenómeno, en un movimiento en donde se animaban a verla en cines”.
¿Por qué un documental puede generar algo así? ¿Por qué un documental que trata sobre las víctimas de la dictadura de Franco alcanzó semejante repercusión? Tal vez por la inteligencia del planteo que se hicieron los directores al encarar el proyecto: humanizar un conflicto que venía silenciado por décadas. Pero también por la tenacidad con la que trabajaron durante siete años en el rodaje, recopilando más de 450 horas de material, tanto de entrevistas como de registro directo. Fue en el montaje, dice Almudena, que duro 18 meses, en donde comprobaron que la premisa se había mantenido intacta: había que hablar del pasado de España desde el presente. “Fue un proceso muy largo y se nos planteó un reto muy grande en el montaje, porque la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo proporcionar contexto histórico que pudiera explicar el contexto de nuestros personajes, el por qué de esa lucha histórica, pero al mismo tiempo demostrar que lo que grabamos no deja de ser una historia del presente?”
Traer el pasado al presente. O bien, observar y detectar los síntomas del pasado en tiempo real, con una cámara prendida. Lo reprimido siempre retorna, diría una vieja máxima freudiana. Y en el caso de un trauma social, silenciado durante tantos años, reprimido con herramientas legales, con el aval de la Monarquía y los regímenes democráticos.
Pacto de silencio
Hacia el comienzo de la película, los directores hacen una serie de entrevistas directas en la calle con una pregunta, que si bien queda fuera de cámara se intuye que es muy sencilla: “¿Sabe usted qué fue La Ley de Amnistía?” La mayoría de los chicos y chicas entrevistados contestan con una mueca, una frase vaga o directamente no tienen ni idea de lo que ocurrió en la historia bastante reciente de su país. “Una cosa que nos ha sorprendido es que la gente no sabe. Aquel pacto de silencio, esa ‘silenciación’, ha producido una generación que no sabe lo que ha ocurrido. Cuando la gente viene a ver la película, digo, gente de muchas generaciones, incluso gente que ha vivido el período nos dice que había cosas que no conocía. Eso es porque la película ha conseguido aunar en forma de puzzle muchas piezas que estaban inconexas.”
El silencio de otros entonces se encarga de poner en imágenes la historia de España. Por intermedio de una secuencia de archivo, muestra cómo, en transición hacia la democracia, en octubre de 1977, se firmó una Ley de Amnistía que, hasta el día de hoy, los partidos que estuvieron en el poder, tanto el Partido Popular como el PSOE, se negaron a derogar. La ley se trató de una norma legal que incluía la amnistía para presos políticos, para delitos de actos políticos o cualquier tipo de rebeliones. Es decir, cualquier tipo de acción política realizada durante la dictadura de Franco, ya sean torturas, crímenes, secuestros o apropiación de personas, fueron llevados a foja cero. La justicia en plena democracia no haría un repaso histórico de lo que había pasado. El objetivo, según quienes promulgaron la ley, fue consolidar el nuevo régimen democrático, aunque en verdad se intentó limpiar el nombre de España de cara al nuevo orden neo-liberal que se abría. Este pacto de silencio se debió en gran parte a que la mayoría de los funcionarios de la democracia que se avecinaba tenía algún tipo de vínculo con el franquismo.
“Nuestros números son muy difíciles de comprender”, dice Almudena. Y con números se refiere a las víctimas: alrededor de 150.000 desaparecidos desde que se inició la dictadura en 1939 hasta que terminó en 1975. Números cuyas consecuencias nefastas se traducen en miles de niños robados, que, hasta el año 1952, fueron cuantificados con un número de 50.000. “Al día de hoy no sabemos cuantos más hay. ¿Cómo puede haber miles de personas de personas torturadas, y sus torturadores caminen libremente por la calle y se encuentran con ellos en la panadería? Ese es el drama de la España de hoy.” Esos números escalofriantes explicarían por qué el pacto de silencio, con respecto a estos crímenes, se extendió durante tantos años hasta enquistarse en un trauma social que finalmente, en los últimos años, se encarnó en la palabra, en los reclamos de algunas víctimas o de hijos de las víctimas, que lentamente se organizaron para pedir justicia.
10.000 kilómetros de justicia
En Abril del año 2010 se inició una “querella argentina” para investigar los crímenes de Lesa Humanidad perpetuados en España durante la dictadura de Franco. En Mayo, desembarcaron en Buenos Aires un grupo de víctimas y abogados para iniciar la querella legal ante la jueza María Servini. El abogado que los representaba era el argentino Carlos Slepoy, quien había sufrido en carne propia en Argentina, durante el gobierno de Isabel Perón, el accionar de la triple A. Slepoy fue secuestrado y torturado, y finalmente liberado; esa experiencia marcaría su vida como abogado de Derechos Humanos. En 1996, por un programa de las Naciones Unidas en Madrid, inició una serie de acciones legales y fue representante como abogado de víctimas de distintas dictaduras militares en Latinoamérica.
Junto con el juez español, Baltazar Garzón, Slepoy se hizo mundialmente famoso al iniciar una acción legal contra el dictador chileno Augusto Pinochet que lo retornó a su país. La operación fue exitosa y su nombre apareció en los diarios de todo el mundo. Ese antecedente fue crucial para que un grupo de víctimas de la dictadura franquista revisaran su propia historia. ¿Por qué en la gran mayoría de los países latinoamericanos se llevaron acciones legales para juzgar los crímenes de Lesa Humanidad, y en España no? Pero el caso es más delicado. Porque una acción legal muchas veces se manifiesta cuando existe una demanda social, así fue que lentamente algunas víctimas se organizaron. Y eso coincidió con la voluntad de Almudena Carracedo y Robert Bahar: registrar ese proceso de organización.
Como en España no había una voluntad política ni legal de iniciar la investigación, se lo hizo por intermedio de una jueza en Argentina. Distintas organizaciones de derechos humanos en Argentina apoyaron el pedido de las organizaciones españolas, acompañados por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y presentaron en tribunales la querella para iniciar la investigación sobre el genocidio y crímenes de Lesa Humanidad ocurridos durante el franquismo. “En ese momento se estaba iniciando el trabajo social de la querella argentina. La querella fue en el 2010, pero en el 2012 fue cuando las organizaciones comenzaron a juntarse para hacer ese impulso. Ahí, en ese inicio, empezamos a grabar. Desde muy al principio, durante varios años, grabamos el avance de esa querella. La lucha en el quehacer diario en su camino hacia la justicia”. En ese camino, lograron grabar las declaraciones de once personas cuyas historias buscan articularse en una trama social que excede a la estructura de la película. Como por ejemplo la de José María “Chato” Galante, torturado por un militar llamado Billy “El Niño”, torturador que vive tranquilamente en el mismo barrio que él, y a quien se cruza en la calle. “El Chato dice que su objetivo como querellante nunca es juzgar lo que pasó, pero sí es situarnos en este presente. Podemos mirar lo que ocurrió, desde distintos puntos de vista. Pero lo que es importante ahora mismo, en el contexto de este país, es entender por qué siguió ocurriendo. ¿Por qué a 2019 sigue habiendo miles de personas en fosas comunes? ¿Cómo es posible que en un país democrático, con una constitución, con garantías de derecho, siga habiendo miles de personas en fosas comunes, miles de padres y de madres que buscan a sus hijos, e hijos que buscan a sus padres, y nadie haga nada al respecto?.”
La película construye un espacio de reflexión sobre el estado en presente de un proceso histórico silenciado. No solo registra en imágenes el vaivén judicial de la querella sino que presta el oído para escuchar las historias de personas que perdieron a sus familiares, que buscan a sus hijos, que fueron torturados hasta negarles el derecho a la palabra, aún en tiempos de democracia. Almudena dice que, por intermedio de una acción legal, los querellantes tengan que viajar 10.000 kilómetros lejos de su patria para poder contar lo que ocurrió, da un parámetro del estado de la situación en España. Pero al mismo tiempo, no deja de ser esperanzador el hecho de que finalmente muchas víctimas puedan abrirse y purgar el dolor del trauma; es un proceso que se inicia, un largo camino en busca de la Justicia. “Había mucha necesidad de saber. Hay un hambre absoluto de memoria. En una de las proyecciones, un chaval muy joven se acercó a una señora que había prestado su testimonio para abrazarla. Ha habido mucha gente que después de las proyecciones se han acercado y nos han dicho: la película me ha cambiado. Estamos en un momento diferente. Entre esa generación que lo vivió y esa que no sabe nada, están en esa necesidad, unos de replantearse y de repensar, y los otros de saber qué pasó.”
Durante el largo proceso de montaje, Carlos Slepoy, el abogado argentino que tomó la causa junto a Baltazar Garzón, falleció después de una larga enfermedad. Slepoy acompañó el proceso de realización de la película, es uno de sus protagonistas, y se convirtió en una figura tutelar para muchas víctimas que comenzaban a organizarse, a pelear por sus derecho a la palabra. Almudena lo recuerda con mucho cariño y emoción. “Carlos siempre decía que la justicia es un horizonte. Y que por tanto el camino hacia la justicia, es justicia también. Y eso es lo que les ocurre a los personajes en la película. Porque si bien la Justicia con mayúscula está muy lejos, el proceso que hacen ellas y ellos en ese camino, el acto de iniciar la búsqueda, se convierte en un acto justicia. Y eso es lo que la película refleja.”
