Una encuesta realizada por la Red de Mujeres Policías de Santa Fe a trabajadoras de las fuerzas de seguridad provinciales arrojó que el 75% de las consultadas sufrió violencia de género. En ese contexto, ayer se logró la media sanción en Diputados para la creación del Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías (Cipgen), presentada por la legisladora del partido SI, Alicia Gutiérrez, a fines de junio pasado, con el objetivo de "garantizar la asistencia y acompañamiento integral a mujeres que se desempeñan en la Policía de la Provincia y en la Dirección General del Servicio Penitenciario que resulten víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral". También abarcará el ámbito doméstico en los casos que los agresores sean empleados policiales. En la provincia hay unas 4000 agentes mujeres. Ayer, las integrantes de la Red se movilizaron a la Legislatura.

Con aprobación unánime de tres comisiones, el proyecto llegó ayer al recinto de la Cámara Baja. "En cuanto a la violencia de género avanzamos producto de la lucha de las mismas mujeres. Es el Estado el responsable de aplicar toda la legislación de protección", inició Gutiérrez su exposición. "La fuerza policial es esencialmente verticalista e históricamente conformada por varones, con una cultura machista que hace que no sean muy bienvenidas las mujeres en algunos ámbitos, mucho menos en la conducción", agregó. En ese sentido, puntualizó las desigualdades en derechos laborales y habló de violencia y abusos. "Son situaciones que no podemos seguir tolerando", aseguró sobre lo que le plantearon las propias trabajadoras. "Quienes contribuyeron son las integrantes de la Red de Mujeres Policías de la provincia. Es importante la encuesta que realizaron: el 75% de las 300 encuestadas dijo sufrir violencia y que los casos quedaron en la nada. La mitad de las entrevistadas son universitarias, sin embargo, apenas un pequeño porcentaje logró ascensos", refirió sobre el informe publicado por la Red en Facebook.

Gutiérrez: "Cada cinco femicidios, uno es producido por un integrante de las fuerzas de seguridad, con arma reglamentaria".

 

La encuesta llegó a más de 300 trabajadoras de las fuerzas provinciales y también reveló que el 65% del total tiene entre 5 y 15 años de antigüedad, pero "nunca ocupó cargos jerárquicos". Desde la Red agregaron: "Si a esto le sumamos que las mujeres embarazadas no tienen permitido por reglamento interno realizar el curso de ascenso, nuestro futuro como jefas o funcionarias con altas jerarquías se ve truncado", observaron.

La encuesta fue realizada durante los últimos dos meses, en el marco de la promoción de la iniciativa de la diputada Gutiérrez, que instó a la creación del Cipgen, con alcance a las mujeres de la policía provincial, del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip).

El informe fue publicado tras indagar sobre maltrato, acoso o abuso sexual en el ámbito laboral de la Policía. "Aunque nos llaman el sexo débil, más del 50% de las mujeres encuestadas realizan tareas operativas. Esa gran cantidad de mujeres lleva a cabo patrullajes y otros servicios de seguridad en las calles, incluso durante 24 horas. Pero también más del 47% de las entrevistadas tiene familiares a cargo, más del 43% tiene más de un hijo y más del 50% es madre soltera/jefa de hogar", indicaron. "Necesitamos mejorar nuestra calidad laboral y crear espacios de trabajo más igualitarios y comprensivos con nuestras realidades particulares. El CIPGEN viene a saldar una deuda histórica con las mujeres de las fuerzas de seguridad. Luchamos por nosotras, por una mejor institución y para poder brindar un trabajo más profesional a toda la sociedad", expresaron.

El proyecto que llegará con media sanción a Senadores indica que CIPGEN se encargará de recibir y acompañar las presentaciones y denuncias por casos de violencia y discriminación en el ámbito laboral de las fuerzas de seguridad. También contemplará los hechos ocurridos en el ámbito doméstico cuando el agresor pertenezca a la institución. Además, brindará asesoramiento jurídico y asistencia a las víctimas, a través de equipos interdisciplinarios con perspectiva de género, y realizará un seguimiento de las actuaciones y un registro para la confección de estadísticas.

La iniciativa prevé sedes en cada región de la provincia. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y no el Ministerio de Seguridad "para que no se proteja al victimario", dijo Gutiérrez. "Tenemos datos de que cada 5 femicidios, uno es producido por un integrante de las fuerzas de seguridad, con arma reglamentaria. Hay otro proyecto para retirar el arma ante denuncias de violencia de género, esperamos que pueda sancionarse", sumó la diputada.

"Todas comenzamos esta lucha a principio de año, luego de encontrarnos con cientos de casos sin resolver, en los que las víctimas fueron silenciadas con traslados de destino arbitrarios, sanciones disciplinarias sin justificación clara o negación de licencias, entre otras más graves. Ellas se atrevieron a denunciar o solo se enfrentaron a jefes o compañeros violentos y abusadores", recordaron las agentes sobre los primeros pasos de la lucha.

 

Gutiérrez también hizo hincapié en la Ley Micaela, para que todos los agentes de la fuerza y del Estado sean capacitados contra la violencia de género.