Si el riesgo social se midiera como el riesgo país, el indicador esta semana habría superado los 2000 puntos básicos. La violenta suba de precios que se está produciendo tras la devaluación post PASO agravó un panorama que ya era difícil antes de los comicios. Para colmo, el Gobierno quedó descolocado porque había aumentado la entrega de alimentos durante la campaña electoral y ahora no cuenta con el stock suficiente para responder a una demanda que se ha disparado. Además, la reposición de mercadería se le complicó por la parálisis económica que produjo la estampida del dólar. En comedores y merenderos se vivieron los últimos días momentos de tensión porque hay más personas acudiendo por ayuda y menos comida para repartir. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, está en el ojo de la tormenta por esta situación.

La aceleración inflacionaria no solo golpea el bolsillo familiar sino también a los centros comunitarios, que con el mismo presupuesto pueden comprar menos fideos, arroz, leche, panificados y demás productos esenciales. Margarita Barrientos es una de las responsables de esos espacios de contención social que advirtió que la situación la está desbordando. La dirigente apadrinada por Mauricio Macri contó que tiene filas de vecinos durante la noche esperando el reparto de mercaderías a la mañana siguiente.

En la misma línea, veinte asociaciones de consumidores con contacto directo con la realidad social elevaron la voz para exigir que se declare la emergencia alimentaria y se retrotraigan los incrementos de precios de los medicamentos, también estallados. Son señales de alarma que el Gobierno pareciera no advertir en toda su dimensión, preocupado como está por la crisis cambiaria y la llegada del FMI. El jubilado al que mataron en un supermercado por robar comida expone con dramatismo los grados de estrés social que se están viviendo, así como las consecuencias de los mensajes de mano dura de Patricia Bullrich y Cambiemos en general. Es notable cómo la prensa dominante minimiza hechos de tanta gravedad. Esa ceguera es la que después la lleva a sorprenderse por los resultados en las urnas, que exponen el hartazgo de tantos años de privaciones y la falta de un horizonte de recuperación en caso de continuar las mismas políticas.

Las iglesias, los intendentes, los movimientos sociales, los sindicatos y las ONG que se ocupan de atender las necesidades de los sectores más vulnerables coinciden en la descripción de un agravamiento del cuadro general. “La última devaluación fue un sablazo que desacomodó todo”, indica Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y potencial candidato a volver a esa cartera de la mano de Alberto Fernández. “Hay un desborde en los comedores porque les aumentó la cantidad de familias que necesitan asistencia y no dan abasto. Eso genera situaciones de tensión y más conflicto porque la gente se desespera. Es urgente que el Gobierno declare la emergencia alimentaria y tome partidas de otras áreas del Presupuesto para volcarlas a la asistencia social”, agrega. Y asegura que “el Gobierno se quedó sin stock para responder a la mayor demanda porque habían aumentado la distribución de alimentos antes de las elecciones y ahora no le alcanza para cubrir los mayores pedidos”.

La acumulación de meses y meses de crisis económica fue configurando un escenario difícil que se agudizó con la nueva escalada del dólar y los aumentos generalizados en las góndolas. La primera corrida cambiaria fue en abril del año pasado, cuando el billete verde subió de 20 a 26 pesos. La segunda llegó en septiembre, con el alza hasta los 40 pesos. La tercera corrida fue en mayo de este año, con una cotización para la divisa de 46 pesos. Y la última se inició hace dos semanas, tras las PASO, para acomodarse en los valores actuales en torno a los 58 pesos.

El Gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a las distintas estampidas, asumiendo para los argentinos el tremendo costo de los programas de ajuste que exige el organismo en cualquier lugar del planeta donde toma intervención. Los momentos de “paz cambiaria” fueron solo transiciones hasta la generación de nuevas tensiones que volvieron a hacer eclosión y dejaron a la vista las inconsistencias del modelo en marcha. Este Gobierno está tan entregado a las exigencias de los capitales financieros que no pudo o no quiso corregir las políticas que lo hicieron lidiar una y otra vez con corridas cambiarias durante los cuatro años de gestión. Las dos principales políticas nocivas son la venta irrestricta de dólares, sin ningún límite, y la apertura de la cuenta Capital, para habilitar la libre entrada y salida de los capitales especulativos. Esa combinación nefasta provocó la inestabilidad constante que caracterizó al gobierno de Macri.

“Las familias están muy endeudadas y ése es otro aspecto que complica las cosas en este momento”, señala Arroyo. Se suponía que los créditos a través de la Anses para jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo provocarían un alza del consumo que le permitiría a Cambiemos llegar con mejores expectativas a las elecciones. Esa era la lectura que transmitían voceros de esa fuerza cuando lanzaron los préstamos a mediados del otoño. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo que se señalaba desde espacios críticos al oficialismo: los jubilados y los titulares de la AUH arrastraban otras deudas y postergaciones de gastos que apenas pudieron compensar con ese financiamiento, pero ahora se encuentran otra vez apretados y forzados a cancelar lo que pidieron prestado. “El Gobierno tiene que instrumentar alguna medida para ayudarlos a salir del endeudamiento porque si no no podrán salir del círculo vicioso”, completa Arroyo.

Los jubilados en particular están padeciendo una grave restricción de consumo. Sus haberes perdieron frente a la inflación desde que el Gobierno consiguió aprobar la reforma de la ley de movilidad, a fines de 2017, con el apoyo clave del entonces jefe de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. Esta semana se conoció que la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación volverá a suceder en 2019. Las jubilaciones terminarán el año con una suba del 51,5 por ciento, en tanto que el índice de precios escalaría a no menos de 55.

Más allá de que lo prioritario para el Gobierno debería ser atender a los sectores vulnerables, no deja de llamar la atención que abandone a su suerte a los jubilados siendo uno de los núcleos sociales que más viene apoyando a Macri en su carrera política. Ni siquiera así Cambiemos responde con efectividad al aumento del riesgo social.