El Concejo Municipal de Rosario comenzó a tratar un proyecto del edil Eduardo Toniolli para crear una red de proveedores de comercios de cercanía. La iniciativa busca que pequeños productores locales de alimentos puedan proveer a almacenes y comercios de barrio, y de esta manera "combatir la concentración de los mecanismos de comercialización, que -sumada a las políticas macroeconómicas vigentes- deriva en el alza de precios en muchos productos de primera necesidad".

"Queremos atender a las necesidades comunitarias en un contexto de espiral inflacionaria, y por eso creemos que el Estado municipal debe intervenir en las redes de producción, distribución y consumo de bienes indispensables, generando trabajo, fortaleciendo emprendimientos productivos familiares y cooperativos, y haciendo más accesible el acceso a bienes de consumo básicos", explicó Toniolli.

"El comercio minorista de nuestra ciudad se encuentra concentrado, en la medida que un reducido grupo de empresas distribuidoras y cadenas de supermercados se han ido convirtiendo en proveedores exclusivos de los comercios de cercanía, decidiendo qué marcas se venden y a cuánto", señaló Toniolli, y apuntó: "esto perjudica a los productores locales, a los comerciantes minoristas, y a los consumidores".

"Queremos atender a las necesidades comunitarias en un contexto de espiral inflacionaria, y por eso creemos que el Estado municipal debe intervenir".

En ese sentido, el edil justicialista explicó que "en Rosario hay un número importante de microempresas, de pequeños productores hortícolas, y de empresas sociales que producen alimentos saludables y accesibles, que -pese a que reciben muchas veces colaboración estatal- tienen una enorme dificultad en lo que refiere a la comercialización", y ejemplificó: "las ferias dependientes de Economía Social solo contienen un parte muy pequeña de la demanda de los productores, que requieren más espacios para exposición y venta, y de la de los consumidores por acceder a los mismos".

Finalmente, Toniolli señaló que "ante las desastrosas consecuencias económicas y sociales a las que las políticas del macrismo han empujado a millones de compatriotas, y mientras el pueblo argentino resuelve su destino en el marco del proceso electoral, necesitamos en el corto plazo un Estado local aportando medidas imaginativas para morigerar el impacto de la crisis".

Por otra parte, organizaciones sociales de Santa Fe, junto con diputados provinciales de diferentes bloques, plantearon la necesidad de declarar la Emergencia Social y Alimentaria por la situación de necesidades que atraviesan distintos sectores de la población, principalmente en los barrios más humildes, producto de las políticas del gobierno nacional.

La diputada Mercedes Meier del Frente Social y Popular presentó el proyecto de ley en compañía de sus pares Patricia Chiavlo, Silvia Augsburger, Rubén Giustiniani y Carlos del Frade, para habilitar al Ejecutivo a que gestione recursos económicos y alimenticios ante el Nación. El objetivo es "morigerar el impacto de la situación económica en los sectores sociales más excluidos, y de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de niños y adolescentes".

"En Rosario hay un número importante de microempresas, de pequeños productores hortícolas, y de empresas que producen alimentos accesibles".

Chialvo recordó que "en Santa Fe tenemos la cuenca lechera más grande, y no podemos comprar leche ni carne. Es urgente dar respuesta al reclamo que nos trajeron las organizaciones el año pasado, que tiene 4 ejes fundamentales. Si hace un año la cosa era complicada, ahora se agravaron todos esos ejes, por lo cual pedimos el tratamiento urgente para dar respuesta inmediata, porque hoy la gente no tiene para comer".

Meier, en tanto, destacó que "con la corrida cambiaria se empobrece la gente, pero se enriquecen algunos, y el pueblo de Santa Fe podría tener más trabajo con decisiones, y si se declara la emergencia se termina el hambre en la provincia".

Desde las organizaciones Corriente Clasista y Combativa, CTEP, MOB, UTT, y la Asociación de pescadores de Alto Verde, reclamaron el tratamiento urgente del proyecto de ley propuesto hace ya un año, "como medida de urgencia para resolver en lo inmediato la situación de crisis que estamos viviendo los sectores populares".

Entre otras cuestiones, el proyecto establece en 2.500 pesos el monto asignado para la Tarjeta Única de Ciudadanía, "ajustable trimestralmente de acuerdo a la inflación". Además, se asegura la "flexibilización" de los requisitos para acceder a ella, y la "eliminación de las restricciones de género y edad".

 

Buscan en este marco sumar un sistema de medio boleto social en el transporte de pasajeros, cuya credencial se otorgue con la sola presentación del Certificado de Pobreza o la Tarjeta Única de Ciudadanía, "así como la provisión de garrafas sociales a bajo costo para los titulares de dicha tarjeta", reclamaron.