Durante la tarde del sábado, en la Facultad de Agronomía (UBA), se realizó el Encuentro Nacional de Investigadores de Ciencias Ambientales. Bajo la premisa de desarrollar una agenda federal para el año próximo, referentes del campo de todo el país se reunieron para formalizar la conformación de un grupo interdisciplinario enfocado en el diseño de políticas públicas. El pulso de la reunión estuvo signado por el debate en torno al uso indiscriminado de agrotóxicos; el calentamiento global y el cambio climático; el manejo de los recursos del Mar Argentino y la pérdida de soberanía; la megaminería; así como también en la deforestación de bosques nativos por el avance de la frontera agrícola. Con el propósito de materializar los debates, en un segundo momento presentaron un documento que procura interpelar a los poderes legislativos y ejecutivos sobre la necesidad de contar con una agenda de acciones que promueva el desarrollo humano integral y la justicia social y ambiental.

“Los especialistas en medioambiente estábamos dispersos. Creímos que era tiempo de juntarse para evitar que sigan triunfando las corporaciones, esos grupos gigantescos que no tienen reparo en dinamitar la naturaleza. Nos ubicamos como un lugar de resistencia, de reflexión y de articulación de políticas públicas. Queremos ser consultados por el gobierno que venga”, expresó Juan Sala, Investigador del Conicet en el Instituto de Biología de Organismos Marinos y uno de los organizadores del evento. “Creemos que cualquier proyecto emancipador del futuro debe tener en cuenta la preservación de la naturaleza. En tiempos como estos, buscamos sensibilizar a los políticos para que entiendan que el ambiente no es una dimensión externa del desarrollo y que protegerlo no constituye un freno del progreso. Pretendemos que aquellos representantes que se interesan por la justicia social también lo hagan por la justicia ambiental”, describió el especialista en sistemas socioecológicos marinos.

Desde la misma perspectiva, opinó Silvia Révora, ex subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación (2011-2015): “Nuestros bienes naturales son de las provincias y, en este sentido, es fundamental que hagamos un pacto federal de cara a los próximos cuatro años. Necesitamos discutir los modelos de producción y consumo que se practican en la actualidad”, comentó. “Nos interesa aportar nuestra experiencia académica para pensar acciones concretas. Venimos de disciplinas y afinidades partidarias diversas pero abonamos por un proyecto común en el que el pueblo y la naturaleza, sin dudas, ocupan un lugar protagónico”, planteó, a su turno, José Paruelo, investigador superior del Conicet y uno de los principales expertos nacionales en planificación y gestión de ecosistemas.

Entre la justicia social y la ambiental existe una relación dialógica. En países de la región como Bolivia, Ecuador o Colombia, los elementos de la naturaleza tienen derechos que pueden equipararse a los de otros seres vivos. “Si las corporaciones tienen los mismos derechos que los individuos, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con un río? Respetar a la naturaleza debe ser una obligación porque, entre otras cosas, es la única manera que tenemos de seguir viviendo en la Tierra antes de que todo colapse”, apuntó Sala en un espacio que estuvo signado por los incendios que, desde hace semanas, asechan al Amazonas y rebotan como una triste noticia en los medios de todo el mundo. “Existe una necesidad vital de reordenar el territorio. Esto requiere de un aporte científico al cuantificar los problemas que se derivan de reemplazar a la naturaleza por los cultivos. Es imposible pensar en un modelo de desarrollo sin agricultura, pero sí es posible obtener mayor justicia ambiental. Contemplar los intereses, las ideas y las propuestas de los actores acallados; me refiero a las comunidades que siempre se vieron afectadas por los procesos de intensificación agrícola”, propuso Paruelo.

El principal conflicto se estaciona en superar una falsa controversia. A menudo, se cree que la única salida para cumplir con el mandato productivista de nuestros pueblos, en un contexto de capitalismo agresivo, es a expensas de estrategias extractivistas cuando en verdad existen soluciones intermedias. El sentido común positivista caló muy profundo en la historia de Occidente y el dominio de la naturaleza --que se buscaba ejercer desde los tiempos de la Ilustración, a partir de la supremacía del ser humano sobre el resto de las especies-- envolvió prácticas descarnadas y genocidas del medioambiente.

En este marco, ¿cómo consensuar los propósitos productivistas con la protección de los recursos naturales? “Se deforesta para cultivar soja porque es rentable. Nosotros proponemos una alternativa: no puede ser que la única manera de generar riqueza sea a través del aniquilamiento de los ecosistemas. Las principales interesadas en cambiar la matriz productiva son las poblaciones que viven en los bosques. La agroecología tiene que ser el futuro de nuestra producción de alimentos, estamos comiendo veneno, los agrotóxicos están en nuestras verduras y frutas”, dijo Révora. Además, “estamos en la obligación de proteger nuestra biodiversidad: la única manera de salvar los bosques nativos es a partir del consenso con los campesinos locales y los pueblos originarios”, concluyó.

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