El Tribunal Oral Federal 2 resolverá este lunes si continúa o no con el juicio de la obra pública de Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tienen que pronunciarse sobre los planteos de las defensas y, en verdad, también resolver un contencioso con la propia Corte Suprema. El máximo tribunal trató de frenar el juicio en sus comienzos porque hay numerosos planteos de las defensas que todavía la Corte tiene que resolver, por lo cual carecía de toda lógica que arrancaran las audiencias si todavía podían venir resoluciones de la Corte que podrían cambiar las cosas en forma total. Además, se enfrentaba la situación que ahora queda clara: era inadecuado el arranque de un juicio sin peritaje y resultó que, al final, el peritaje salió mayormente favorable a los acusados, aunque todavía no está terminado y hay un punto en debate. Por otra parte, los magistrados ahora liberaron nuevos expedientes de las obras, documentación que los peritos habían pedido pero que se les había negado.

Cuando la Corte pidió el expediente de la causa para resolver todos los planteos pendientes --fue una semana antes del inicio del juicio previsto para el 21 de mayo-- hubo una rebelión lanzada por Comodoro Py, la Casa Rosada y los grandes medios. Ante la controversia, la Corte produjo un notorio "arrugue" y devolvió el expediente en menos de 24 horas. Los jueces decidieron entonces empezar el juicio. El único objetivo fue sacarle la foto a Cristina Kirchner sentada en el banquillo de los acusados y, si fuera posible, cerca de Lázaro Báez. La ex mandataria se tomó las cosas con tranquilidad y estuvo en dos de las cuatro audiencias iniciales. Parece que nada le sirvió a la alianza político--judicial--mediática alineada con Cambiemos: con foto y todo sufrieron una dura paliza en las PASO del 11 de agosto.

Habrá que ver qué sucede este lunes y si las cosas vuelven a un carril más o menos lógico. Parece muy difícil --ahora con el peritaje ya avanzado-- que el oficialismo pueda usar la causa contra la oposición. De manera escandalosa, el juez que instruyó el expediente, Julián Ercolini, se negó a realizar el peritaje correspondiente a lo largo de los tres años que tuvo la causa. O sea, envió a los imputados a juicio sin tener los números de las supuestas irregularidades de las 81 obras cuestionadas. La cuestión fue todavía más grave: el único estudio realizado, un peritaje ordenado por el director de Vialidad Nacional, el fanático anti-K Javier Iguacel, estableció que la discrepancia entre lo pagado y lo construido era apenas del 0,1 por ciento. El TOF 2 recibió el expediente sin peritaje y optó por analizar sólo cinco de las 81 obras, provocando incluso un delirio judicial: alguno de los imputados dicen que no tuvieron nada que ver con esas cinco obras, de manera que se pretende condenarlos o absolverlos por obras en las que no participaron. Todo indica que será imposible de sostener.

Como adelantó PáginaI12, cinco de los seis puntos del peritaje resultaron mayoritaria y contundentemente a favor de las defensas. Por unanimidad se sostuvo que no hubo sobreprecios ni en las modificaciones de obra ni en las redeterminaciones de precios, que las empresas de Lázaro Báez cumplían con lo requerido por los pliegos licitatorios y que tanto las modificaciones de las obras como las demoras fueron razonables.

El único punto de discrepancia entre los peritos oficiales y la perito de la defensa estuvo, y aún está, en el precio fijado en los pliegos. Los dos peritos de la acusación no están de acuerdo entre ellos, pero sostienen que los precios fueron demasiado altos, pese a que luego se sometieron a licitación y, por lo tanto, a concurso de precios. La ingeniera de la defensa afirma que los peritos oficiales cotizaron las tres obras de la discrepancia como repavimentaciones de la ruta 3 cuando el trabajo que se hizo fue muy distinto: la construcción de una autovía en la ruta 3 entre Rada Tilly y Caleta Olivia. Se hicieron terraplenes, luego sub-base, base asfáltica y carpeta de rodamiento, con dos carriles por mano, mientras que repavimentación es un refuerzo de un carril por mano.

El macrismo le quitó esos tres tramos a Lázaro Báez, volvió a licitar, participaron diez empresas y ganó los tres tramos la constructora de Cristóbal López. Como el objetivo siempre fue la persecución política, también la quitaron la obra a CPC, la empresa de López, y hoy la obra está parada y deteriorada.

O sea que a tres años del inicio de la causa, no hay un peritaje terminado --no se entregó todavía--, el estudio es apenas sobre cinco obras y habrá que dirimir la polémica planteada, en el marco de un peritaje ampliamente favorable a las defensas. Desde ya que las cosas deberían hacerse bien porque no hay apuro: es imposible que haya sentencia antes de las elecciones e incluso antes de fin año: son 170 testigos y hasta ahora sólo se leyó la acusación y se expusieron las posturas respecto de las nulidades.

Por de pronto, CFK está en Cuba visitando a su hija, pero su abogado, Carlos Alberto Beraldi, ya adelantó que hablará en el juicio. El primero que va a declarar --y eso ocupará más de una semana-- será seguramente el ex titular de Vialidad Nacional, considerado una autoridad técnica, Nelson Periotti. Después seguirán los otros ingenieros y ex funcionarios de Vialidad. Sucede que cada expediente aprobado, cada adjudicación o redeterminación o modificación requirió hasta de 24 firmas y aprobaciones. Por lo tanto, los que están imputados explicarán de manera técnica las razones por las que se firmó cada visto bueno. Recién después se escuchará a los 170 testigos. Y la Corte tiene por resolver otra cuestión central: que se agreguen al juicio los funcionarios de Vialidad que firmaron todos los expedientes, porque sin su aprobación no se podía concretar ninguna licitación ni adjudicación de obras. Comodoro Py los tiene procesados, pero intencionalmente demoró la elevación a juicio para que esos cuadros medios no les dieran la razón a CFK y a los demás imputados.

En cualquier caso, lo razonable sería que se pare la pelota y se esperen las resoluciones pendientes de la Corte, pero --nuevamente--, lo que primó hasta ahora fue la política y no la búsqueda de la verdad.