El 4 de enero de 2015, dos balas policiales impactaron en el cuerpo de Jonathan Herrera mientras lavaba su auto, en Tablada; el 23 de junio de 2017, Emanuel y David circulaban en un VW Up! cuando 18 policías los persiguieron a los tiros; Maxi Zamudio tenía 16 años cuando fue baleado por un prefecto, a mediados de 2015; María de los Angeles Paris entró a la comisaría 10°, en mayo de 2017, y salió sin vida, minutos después. Las nombradas no fueron las únicas víctimas de la violencia institucional perpetrada por integrantes de las fuerzas de seguridad en los últimos años. Los casos se repiten y decenas de familias rosarinas quedaron devastadas después de sucesos como los relatados. Las estadísticas nacionales hablan de una muerte cada 21 horas, por violencia institucional. "Ni una bala más, el Estado es responsable", será el grito de una nueva convocatoria a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se realizará este martes en Rosario -por tercera vez-, en simultáneo con otras 14 provincias. La concentración será mañana a las 16.30 en los Tribunales provinciales, para movilizar hasta la sede de Gobernación.

"La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia y recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos", aseguraron las organizaciones que se reunieron semanalmente en La Toma, para lanzar la convocatoria. "Hablar de Violencia Institucional es referirse a un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo y focalizado contra un grupo social específico, como son los jóvenes de sectores populares, abarcando las prácticas de las fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de identidad, torturas y ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte. Estas prácticas son sistemáticamente negadas por el Estado, que no implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, como tampoco se ocupa de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra no solo a las fuerzas de seguridad, sino a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local".

En Rosario, los acontecimientos de la historia reciente "muestran la profundización de estas prácticas. Creemos que sólo a partir de la organización y activismo de las víctimas, sus familiares, amigos y amigas con la constante y tenaz labor de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos podremos incidir en las decisiones que deben tomarse para detectar, prevenir, sancionar, detener y erradicar estas prácticas", plantearon.

Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera y referente de la Multisectorial contra la Violencia Institucional indicó que participarán familiares de víctimas y organizaciones que luchan contra el accionar policial de represión y violencia. "La situación se recrudece con el gobierno nacional actual, porque cada 21 horas hay una muerte a manos de la policía; y ni hablar de los casos que no conocemos porque el Gobierno no produce información sobre estas cuestiones. Esa avanzada es avalada por el propio Estado, como fue en el caso Chocobar y en otros donde incluso el Gobierno felicitó el accionar de agentes de las fuerzas. Sabíamos que después de eso iban a ocurrir cosas tremendas porque la policía está cada vez más autorizada y se manejan con total impunidad. La policía tiene autoridad para darte una patada en el pecho y causarte la muerte inmediata", dijo al hacer mención a la muerte de Juan Gómez, en Buenos Aires, en un accionar que también fue respaldado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

"Lo que queremos es poder visibilizar cada una de las cosas que vienen pasando a lo largo y a lo ancho de país y crear conciencia en la gente, porque la policía no es parte de la solución a nada, sino que es parte del problema en el marco de la ilegalidad como son las redes de trata, el narcotráfico y otras cuestiones similares en las que aparecen ligados de manera directa", señaló Julieta. Además, apuntó a crear conciencia de que "la violencia policial está dirigida solo a un sector de la sociedad y es a quienes vivimos en los barrios pobres y humildes".

En cuanto a lo provincial, dijo que "la policía también tiene la autoridad, porque actúa impunemente y hay casos que quedan en la nada, con los acusados en libertad".

Sobre la cifra de un caso cada 21 horas, Riquelme recordó que ese número cada vez es más preocupante: "Hace unos años, hablábamos de que cada 28 horas un pibe era fusilado, asesinado o desparecido por la policía; más adelante, fueron hechos que se daban cada 25 horas; y ahora cada 21", lamentó.

"La que hacemos es una convocatoria amplia en la que denunciamos también aquellos hechos de apremios ilegales y cualquier otra práctica abusiva de parte de la policía; y no solamente aquellos casos de muertes o desapariciones", aseguró. Al mismo tiempo, recordó que la marcha se hace por quinta vez, a nivel nacional. "A cinco años de aquella primera marcha, los familiares pensamos que por fin se nos da el lugar que merecemos, porque queremos que nos escuchen y no nos juzguen y señalen con el dedo a las familias. El proceso de búsqueda de justicia es largo, agotador y sentimos que parte de la sociedad hoy nos está acompañando".

En tanto, Guillermo Campana, abogado querellante de víctimas de causas de violencia policial, dijo que esta nueva marcha se da "en el marco de la defensa de los derechos humanos", porque "más allá de que se consiguieron muchas conquistas, hay una deuda pendiente que tiene que ver con sancionar y erradicar las prácticas ilegales de las fuerzas que se fueron incrementando con el último gobierno, y que además se legitimaron por parte del presidente (Mauricio) Macri y la ministra Bullrich".

 

La movilización también reclama el fin de la criminalización de la pobreza, la no militarización en los barrios, entre otros pedidos. En tanto, la convocatoria en redes, para todo el país, se acompañara con el hashtag #YoMarcho.