La investigación sobre la responsabilidad de ex miembros del Poder Judicial en delitos de lesa humanidad sigue siendo, a 43 años del inicio de la dictadura, una deuda del Estado con la sociedad argentina. Excepto por un puñado de condenas aisladas y por el admirable caso de Mendoza, que en 2017 logró una histórica sentencia contra el ex camarista Otilio Romano y otros tres ex magistrados, la mayoría de los imputados dilata las causas con éxito durante años pese a la perseverancia de querellantes, fiscales y organismos de derechos humanos. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay actualmente 48 ex jueces, fiscales, defensores o secretarios investigados en distintas instancias, de los cuales 35 todavía no recibieron una sentencia. Otros once llegaron a estar imputados pero murieron antes de ser juzgados.

Este mes comenzó en Salta el juicio al ex juez federal Ricardo Lona, acusado de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador Miguel Ragone el 11 de marzo de 1976. El caso de Lona, que además es investigado por su rol en la Masacre de Palomitas, es un ejemplo de la resistencia del Poder Judicial a depurarse. Luego de interminables excusaciones y recusaciones de jueces y conjueces, fue procesado en 2007. Dos años después lo sobreseyó la Cámara Federal de Salta y recién a fines de 2011 la Cámara de Casación ordenó reabrir la investigación por el encubrimiento del asesinato de Ragone. Fueron necesarios casi ocho años más para lograr sentarlo en el banquillo.

Otra excepción a la regla de la impunidad, producto del incansable trabajo de víctimas, abogados y fiscales, es el del ex fiscal federal chaqueño Domingo José Mazzoni, a quien juzga desde el mes pasado el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Ya en 1984 la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chaco tomó nota de la participación de Mazzoni en torturas físicas y psicológicas, pero nada le impidió seguir en carrera. En 2003, cuando se reabrieron las causas, el CELS e Hijos Chaco pidieron su apartamiento, que el procurador Esteban Righi ordenó cuatro años después tras un largo sumario administrativo. Para evitar ser sometido a un jury de enjuiciamiento, renunció al cargo. Tiene procesamiento confirmado desde el lejano 2013. A esa misma instancia de culpabilidad arribaron el ex fiscal Carlos Flores Leyes y el ex juez federal Luis Angel Córdoba, que murieron antes de llegar a juicio.

El tercer ex magistrado sometido a juicio en estos días es el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, a quien el Tribunal Oral Federal de San Juan juzga junto a otros 34 acusados como partícipe primario en secuestros, tormentos, violaciones y homicidios. También este mes, el tribunal riojano que absolvió al ex jefe del Ejército César Milani condenó, entre otros, al ex juez federal Roberto Catalán. Los fiscales habían pedido una pena de veinte años de prisión pero recibió sólo cuatro. Catalán ya había sido condenado en 2016 a doce años de cárcel por encubrir un homicidio y siete casos de tormentos.

Según el relevamiento de la Procuraduría que encabeza la fiscal María Angeles Ramos, son once los ex integrantes del Poder Judicial condenados por delitos de lesa humanidad. En la megacausa cuyana, además de Romano (que desde la Cámara Federal de Mendoza obstaculizó los juicios durante años y después se profugó en busca de impunidad) fueron condenados Rolando Evaristo Carrizo, Luis Francisco Miret y Guillermo Max Petra Recabarren en Mendoza. En Córdoba, en otro juicio que se centró en la actuación de ex magistrados, fueron condenados Miguel Angel Puga y Antonio Sebastián Cornejo, en tanto Ricardo Haro y Carlos Otero Alvarez lograron la absolución. Completan la lista de condenados Eduardo Francisco Allende en San Luis, Luis María Vera Candiotti en Santa Fe, Manlio Torcuato Martínez en Tucumán, Gustavo Modesto Demarchi en Mar del Plata y Roberto Catalán en La Rioja.