Se la escucha cansada, pero contenta. “Estoy satisfecha”, resume Morena Herrera, la mujer que está detrás de la libertad de las jóvenes de El Salvador, como Evelyn Hernández, encarceladas tras enfrentar una pérdida de embarazo, con acusaciones de homicidio agravado. “Ya logramos liberar a 41 y estamos luchando por sacar a 16 más”, cuenta, en una entrevista a través de Skype, desde su casa, en el municipio de Suchitoto, a 60 kilómetros de San Salvador, la capital de este país centroamericano, con una de las leyes más restrictivas de aborto, donde está prohibido sin excepciones pero además, personal de salud del sistema público y la justicia se ensañan con las jóvenes de sectores más vulnerables, y cuando tienen partos extrahospitalarios con desenlaces fatales, interrupciones de embarazo voluntarias o espontáneas, las terminan acusando por homicidio agravado y les aplican penas que pueden ir de 30 a 40 años de cárcel. En un extenso diálogo con Página|12, Herrera cuenta sobre esta lucha, las estrategias legales que han desarrollado, y el trabajo que hacen para cambiar el imaginario social sobre el aborto –que tiene un fuerte estigma– y lograr una reforma de la legislación. Con el reciente cambio de Gobierno, en El Salvador –en junio asumió nuevo presidente–, tiene esperanzas de que se pueda abrir el debate.

La situación es dramática para las mujeres en El Salvador, por donde se mire. Tiene 6 millones de habitantes y la tasa más alta de femicidio de Latinoamérica, con 10 casos cada 100 mil mujeres, la violencia sexual está naturalizada y se denuncia poco, y prevalece una mirada sexista en la Justicia. Un dato significativo: el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas. Se envenenan.

De la guerrilla al feminismo

Apenas empieza el diálogo, Herrera prende un cigarrillo. Habla en plural porque, claro, no está sola: es voluntaria de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, desde donde dan esta cruzada con un equipo de abogadas. Llegó al feminismo después de ser guerrillera en el monte durante una década en el Frente Furibundo Martí por la Liberación Nacional, durante el conflicto armado que desangró a El Salvador. Y lo descubrió en la Argentina, cuando participó, casi por casualidad, del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se hizo en la localidad balnearia de San Bernardo, en 1990. Recuerda que estuvo en el taller que acordó como fecha ineludible del activismo regional el 28 de setiembre como Día de Acción por el Derecho al Aborto. “Ahí abrí los ojos. Descubrí todo el sufrimiento que hay en torno a la clandestinidad”, recuerda. El feminismo la deslumbró: por primera vez podía abrir una puerta sin tener que pedir permiso.

No es el único lazo que la une con la Argentina: fue una abogada penalista marplatense, Patricia Perelló, quién las asesoró en el primer caso, el de Karina Clímaco, que consiguieron liberar en 2009. Perelló sigue colaborando con ellas, en la estrategia judicial para desmontar el machismo y el sexismo que sostiene las injustas sentencias.

La Iglesia mete la cola

El encarcelamiento es una de las consecuencias del endurecimiento de la ley, en 1997, cuando en un contexto de fuerte lobby de la Iglesia Católica, se eliminaron las causales que permitían el aborto en casos de riesgo para la vida o salud de la mujer, violación y malformaciones fetales graves. La reforma tuvo gran apoyo mediático. “Esa ley prevé también como delito la inducción al aborto, que no está muy definido y es ambiguo. Fue interpretado como que si hablabas de aborto podían penalizarte. En ese momento hubo desde el feminismo una autocensura muy fuerte. Nos quedamos calladas”, reconoce Herrera.

El Salvador, Nicaragua, Honduras, y República Dominicana son los países donde el aborto es criminalizado sin excepciones. “En los primeros años, con un grupito, fuimos a ayudar a algunas mujeres que ya habían detenido en hospitales. Nos poníamos unas gabachas (guardapolvo) de médicos que habíamos conseguido, nos metíamos y las sacábamos. Pero no teníamos voz pública”, recuerda.

Hasta que un equipo periodístico de The New York Times Magazine viajó a El Salvador y descubrió que había una mujer condenada a 30 años de cárcel. La fotoperiodista norteamericana Donna Ferrato –hoy de 70 años y con larga y reconocida trayectoria documentando la violencia contra las mujeres– fue contactada con Herrera y así ella conoció aquella historia. El tema fue tapa de la revista en 2006. En su portada decía: “¿Te has imaginado como sería vivir en un lugar que ha votado en favor de criminalizar en términos absolutos el aborto? ¿Un lugar que mande a la cárcel a los proveedores de servicios de aborto? ¿Que tenga policías en los hospitales?¿Que investigue el útero de una mujer?”. Herrera se encargó luego de traducir y difundir el artículo.

“Ninguna organización feminista se quería involucrar con el tema”, reconoce Herrera. “Ahí iniciamos la investigación y conocimos la historia de Karina Clímaco: fue la primera que sacamos de la cárcel”, recuerda. La mujer había sido condenada en 2002 a 30 años de prisión efectiva por “homicidio agravado por el vínculo”. Tenía 24 años, tres hijos pequeños y vivía en extrema pobreza en un barrio de la periferia de San Salvador. En soledad, en una casilla sin agua, gas ni corriente eléctrica, la joven había parido a su cuarta hija. El informe de la autopsia interpretó que había asfixiado hasta la muerte a su beba. No se hicieron exámenes complementarios. Ni consultas paralelas. Era pobre y mujer, y por esa razón, se la condenaba.

Una abogada argentina

“Llevaba cuatro años presa y nos llevó como tres años y medio sacarla”, apunta Herrera.

--¿Cuál fue la estrategia para liberarla?

--Averiguamos y vimos que no tenía una condena por aborto.

--¿Cuál es la pena por aborto?

--De 2 a 8 años. Pero a Karina la habían condenado por homicidio agravado.

--¿Por qué no le aplican la figura de aborto?

--No se define el aborto, entonces usan las normas de la OMS y los embarazos que pasan las 20 o 22 semanas los consideran homicidios.

--¿Cuáles son los cuadros que se repiten en estas mujeres que han ido liberando?

--En general son mujeres pobres, de sectores rurales, con vulnerabilidad social. No tienen abortos provocados. Son partos extrahospitalarios con un final desgraciado donde muere la criatura, pero donde no ha habido voluntad ni acción de ellas. En El Salvador tampoco existe la figura del infanticidio u homicidio atenuado. Las acusan de aborto pero luego les cambian la carátula. Yo estaba con el expediente de Karina y nadie quería defenderla. A través de la Internet, mi hermana que vive en Canadá, me presentó a la penalista argentina Patricia Perelló, le comentó el caso y ella me dice que le mande el expediente, que podía ayudarnos.

La abogada marplatense fue clave para la absolución de esa primera joven. Analizó la causa judicial y concluyó que el camino podía ser una revisión de la sentencia. Entonces hizo leer el informe de la autopsia a tres peritos médicos argentinos –Mariano Castex, René Baillieau y Juan Lascano–, que señalaron las barbaridades que había interpretado la justicia en la condena que le aplicó a Karina de 30 años de cárcel: lograron demostrar que la criatura había muerto por causas naturales y así pudieron revertir el fallo. Paradójicamente, Perelló es la misma letrada que formó parte del equipo que defendió a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz (en la serie que emite el canal Space es interpretado por la actriz Florencia Raggi), y abogada de los policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann.

“Cuando sale Karina, en 2009, fue como habernos quitado una espina del corazón. Ella nos dice: yo no soy la única, hay otras mujeres que están en la cárcel en la misma situación. Así es como nos hemos involucrado”, cuenta Herrera a Pagina|12. La mayoría está presa en el Penal de Ilopango –a 12 kilómetros de San Salvador–. En esa cárcel de mujeres estuvo hasta febrero, cuando le concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, Evelyn Hernández, absuelta esta semana .

Con la fuerza que les dio haber sacado a Karina y en una articulación con activistas de Nicaragua, crearon la Agrupación Ciudadanas, la ONG desde donde siguen luchando por la libertad de las 16 que quedan encarceladas. “Hasta ahora hemos sacado de la cárcel a 41 mujeres, algunas en el proceso, antes de ser condenadas, otras ya con sentencia”, cuenta Herrera.

–¿Qué condenas les aplican?

–La condena más alta fue de 40 años, en 2012, a María Teresa Rivera. Pero para que te des una idea, en ese caso, desde el mismo municipio donde vivía nos traen la sentencia y nos piden: ayúdenla. Era trabajadora de una maquila. También había sufrido un parto extrahospitalario precipitado. La condenaron por homicidio agravado. Ahora está con asilo político en Suecia.

–¿Por qué?

–Porque cuando la sacamos de la cárcel la fiscalía apeló. Ella entonces vino y me dijo: yo me voy a ir mojada a los Estados Unidos con mi hijo. No vuelvo a la cárcel. Le dije que esperara, que íbamos a buscar otras alternativas. Logramos que la invitaran a un evento en Suecia y que pudiera viajar con su hijo, y estando allá pidió asilo y se lo concedieron. Fue el primero por causa de aborto.

–¿Cómo es el circuito de denuncia?

–A la mayoría las denuncian en los hospitales públicos. A Teresa la denuncian en el seguro social.

–¿No sucede lo mismo en el sector privado?

–No hay una sola denuncia en una clínica privada. La aplicación de la ley tiene un sesgo de clase. Es una enorme injusticia la que recae sobre ellas.

Herrera recuerda el nombre y la historia de cada una de las 41 que liberaron. “A Imelda Cortez, de 20 años, en su caso no murió la criatura, quedó viva, la rescataron, estaba bien. Y de todos modos la denunciaron y acusaron de tentativa de homicidio agravado. Pedían entre 15 y 20 años de cárcel. La defensa de ella reveló que ese embarazo era de su padrastro, un hombre de 70 años. La abogada me dice: '¿se podría pedir la prueba de ADN pero si sale que no es de él?'... Yo le dije, si ella dice eso, nosotras tenemos que creerle: hay que pedirle la prueba de ADN. Nos costó meses que la concedieran, y finalmente se comprobó que el progenitor era el padrastro. Y lo denunciamos. Hoy está preso, fue condenado: fueron dos juicios paralelos. Pero fue un drama familiar porque la madre de Imelda parecía que apoyaba más a su pareja que a su hija. Y todo en el marco de mucha miseria. Logramos sacarla de la cárcel en 2018, pero nos costó: no llegó a ser condenada. La absolvieron en el juicio”.

También recuerda cuando hace unos diez años llegó a cuidar en su casa, a una “chavalita”, estudiante universitaria que para abortar compró una medicación que resultó, en realidad, ser soda cáustica, en la desesperación de interrumpir una gestación que no quería continuar y casi muere desangrada.

El debate del aborto

–¿Hay posibilidades ahora, con la elección del nuevo presidente, Nayib Bukele, de que se abra la discusión para una despenalización del aborto?

–Nosotras buscamos sacar el tema a debate. El impacto que ha tenido el caso de Evelyn empuja la discusión. En este momento se está haciendo el proceso de selección de la persona que va a asumir la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, un órgano que se creó después de los acuerdos de paz, y lo interesante es que a todos los candidatos y a todas les están preguntando por su posición frente al aborto y al matrimonio igualitario. Está instalado el tema pero está contenido también.

–¿En el Gobierno ningún funcionario se horroriza por la ley que penaliza por completo el aborto?

–El presidente antes de las elecciones se manifestó a favor del aborto terapéutico y que en su Gobierno no iban a asumir presunción de culpabilidad de las mujeres pobres que sufrieran abortos espontáneos. Para nosotras fue un posicionamiento muy bueno. Pero ahora están callados. El año pasado conseguimos presentar un proyecto en la Asamblea Nacional, con el apoyo de la derecha, pero falló el Frente FMLN que no asumió el liderazgo que había dicho que iba a asumir.

–¿Qué dicen las encuestas de opinión pública?

–Más del 50 por ciento de la población está de acuerdo con que se permita el aborto en algunas causales, terapéutica y cuando hay malformaciones fetales graves. La menos apoyada es la causal de violación, con alrededor de 48 por ciento.

–¿Por qué tiene menos respaldo social en esos casos el aborto?

–Porque está muy justificada la violencia sexual, a pesar de que tenemos tasas de embarazo en niñas y adolescentes altísimas. El 30 por ciento de partos hospitalarios corresponde a chicas menores de 18 años. Hay alrededor de 1500 partos anuales de niñas de entre 10 y 14 años. El suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes embarazadas.

–¿Cómo lo descubrieron?

–Nos ha costado años que salga a la luz. La mayoría de las causas indirectas están asociadas a enfermedades preexistentes y a determinantes sociales. Hace unos años armamos desde nuestra organización una comisión con el Ministerio de Salud que llamamos Casual Salud y trabajamos en el análisis de estadísticas de muertes maternas. Ahí empezamos a ver que la causa de muerte aparecía como “intoxicaciones con sustancia fosforadas que afecta órgano blanco”: así dice la definición que tenía el Ministerio. Y decía, “Forma: autoinflingida”. Cuando vimos eso, dijimos: “mierda, esto es suicidio”. Y empezamos a presionar para saber qué era. Al final una médica, nos reconoció: “si, esto es suicidio”. Pero nos dijo que no le decían suicidio porque no se matan con arma blanca o de fuego. Logramos que lo reconocieran como categoría de suicidio.

Desde la Agrupación Ciudadana han impulsado también campañas públicas para sensibilizar a la población sobre el problema de la criminalización del aborto, para cambiar el “imaginario social” sobre esta práctica, sobre la que todavía pesa un gran estigma, cuenta. A las jóvenes encarceladas y luego liberadas les cuesta conseguir trabajo e incluso, en la cárcel, son despreciadas por las otras mujeres privadas de libertad por otros delitos. Doble o triple condena.