Seguirá preso el remisero que manejaba el Renault 9 en una de las balaceras contra edificios del Poder Judicial. Fiscalía adelantó que pronto presentará la acusación sobre la causa que tiene a 13 personas imputadas, por 16 ataques. Se trata de uno de los hechos enmarcados en la saga de atentados perpetrados el año pasado, que incluyó el inmueble del Ministerio Público de la Acusación, de Montevideo al 1900, baleado desde un auto, el 14 de agosto de 2018. El hombre que conducía está preso, aunque intentó escapar, tras el hecho. Ayer su defensa intentó una domiciliaria con fianza, que fue denegada por el juez Héctor Núñez Cartelle.
Cuando hizo las imputaciones, Fiscalía habló de una organización detrás de los ataques. Ayer, aclararon que José Alberto C., de 23 años, no está acusado de formar parte de la misma, pero sí lo tienen imputado como partícipe de uno de los hechos, y adelantaron que la pena mínima por el hecho achacado es de 6 años y 8 meses, por lo que los fiscales Matías Edery y Nicolás Foppiani entienden que una eventual condena será de cumplimiento efectivo.
Para ese entonces, en la causa que investiga la seguidilla de ataques ya había dos imputados (uno menor) como autores materiales de los primeros hechos, el 29 de mayo pasado, contra ex viviendas del juez Ismael Manfrín, que presidió el juicio que condenó a la banda de Los Monos; y Ariel "Guille" Cantero fue sindicado como autor intelectual. Luego, fueron detenidas e imputadas otras personas del grupo.
C. quedó imputado de haber conducido el Renault 9 desde el cual partieron los disparos contra la fachada del edificio, a las 2.45. También se lo acusó de haber iniciado una persecución. "Frenaba para que los tiradores pudieran atacar al personal policial", expresa la acusación fiscal. El relato de los hechos indica que en el trayecto bajó al resto de las personas que estaban en el auto y continuó solo hasta que fue detenido en Seguí al 3600. Los delitos achacados fueron amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, por ser anónimas y por tener como propósito que el MPA deje de investigar hechos de amenazas a magistrados, además de daños y atentado.
La defensa, que solicitó la audiencia, pidió la prisión domiciliaria del imputado con tobillera electrónica y caución de 50.000 pesos. "Nunca surgió una relación de C. con los demás imputados. Llamaron a la central para hacer un viaje y lo enviaron a él; pero no tiene conexión con estas personas. Es una víctimas más de este hecho", aseguró el abogado Ezequiel Torres.
Los fiscales pidieron la prórroga de prisión preventiva efectiva. "Además de frenar para que las personas que iban en el auto dispararan al personal policial (durante la posterior persecución), intentó una huida después de bajar a esas personas", dijo Edery para contrarrestar lo que dijo la defensa acerca de que "manejaba amedrentado".
