La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares y amigos de las víctimas del atentado contra la AMIA, apeló ayer el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal 2 y pidió condenas y mayores penas para el ex presidente Carlos Menem, el otrora jefe de la Unidad Antiterrorista, el ex comisario Jorge "Fino" Palacios; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex agente Patricio Finnen y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. El abogado del CELS, Rodrigo Borda, presentó el extenso escrito de 266 páginas y sostuvo que hay contradicción entre los hechos probados --pistas falsas en el expediente AMIA, encubrimientos, privaciones de la libertad-- y las absoluciones o condenas bajas dispuestas por el tribunal.

Adriana Reisfeld y Diana Wassner, que perdieron a su hermana y su esposo respectivamente, lideran la agrupación que ayer le pidió a la Cámara de Casación que revoque lo decidido por el TOF 2, anule las absoluciones y condene a penas más elevadas a los que resultaron condenados.

Según la sentencia ahora cuestionada, quedó probado que se le pagó una coima de 400.000 dólares al principal imputado, Carlos Telleldín, para que declarara contra policías bonaerenses, aún sabiendo que esos uniformados eran inocentes. Fue una forma de desviar la investigación.

También se probó que se encubrió la pista conocida como Kanoore Edul y que tuvo que ver con el allanamiento de los domicilios de ese ciudadano argentino de origen sirio-libanés, sospechado de tener relación con el atentado. La jugada decisiva tuvo que ver con una llamada a Casa Rosada y una visita al hermano del entonces presidente Menem, para frenar los procedimientos que estaban a cargo de Palacios. Los allanamientos que se iban a hacer a la mañana terminaron haciéndose al atardecer, permitiendo que los allanados estuvieran alertas.

Sin embargo, pese a dar por probadas maniobras de semejante envergadura, según Memoria Activa, las penas no fueron en consonancia con la gravedad de los hechos y hasta hubo absoluciones con argumentos que la agrupación considera "sesgados, arbitrarios y con un rejunte de premisas contradictorias". En el escrito se analiza caso por caso y se fundamenta por qué se le pide a la Casación que revoque el fallo y agrave la situación de los imputados.

En paralelo, también Memoria Activa cuestionó que los magistrados --Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel-- ni siquiera se dignaron a responder a las posturas de la querella, o sea que directamente no se tuvo en cuenta a las partes acusadoras. El trasfondo político del caso es que el Poder Ejecutivo siempre tuvo sintonía con buena parte de los que estaban sentados en el banquillo, a tal punto que el Ministerio Justicia cambió a los abogados que representaron al Estado para evitar que acusen a los ex fiscales. También es sabido que Palacios ha sido siempre el policía preferido del presidente Macri. Pese a ese ambiente de sintonía con la Casa Rosada, el encubrimiento quedó probado, pero las penas dictadas fueron --según Memoria Activa-- incoherentes con un encubrimiento de esa magnitud.

"Para los familiares de las víctimas --concluye Memoria Activa-- el veredicto representa una vulneración del derecho a la verdad y a la justicia, derechos que esperábamos nos garantizara, de una vez por todas, este juicio. Los jueces perdieron una oportunidad fundamental de hacer historia en la causa AMIA. Si bien no es nuestro rol ni nuestra responsabilidad como familiares, parece que la historia la tendremos que seguir haciendo nosotros".