Vecinos que habitan en viviendas de la ex traza de la autopista AU3 denuncian que el gobierno porteño no cumple con la ley 3.396, que fue aprobada hace casi diez años por la Legislatura de la Cuidad  para garantizar soluciones habitacionales a las familias afectadas por el proyecto que impulsó y abandonó la dictadura cívico militar . En la extensa franja que atraviesa desde Saavedra hasta su finalización en Puente Alsina, un gran número de personas reclaman respuestas, a pesar de que la venta de diez manzanas de tierras que fueron destinadas a negocios inmobiliarios debía generar los fondos necesario para brindar solución al conflicto habitacional de quienes vivían en la traza. "Lo que vemos es que el gobierno parece haberle dado otro destino a los fondos, como construir los sapitos (túneles en pasos a nivel) y no quiere seguir construyendo viviendas sociales", dijo Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Aunque la autopista Central 3 que planeó el intendente de facto Osvaldo Cacciatore nunca se concretó, dejó una larga cicatriz en el tejido urbano tras las expropiaciones, desalojos y demoliciones que comenzaron en 1977. Y cuyas consecuencias 42 años después todavía repercuten en la ciudad.

Según explicó Baldiviezo, a diez años de la ley, muchas familias siguen esperando una solución. "El gobierno porteño no reconoce los desgloses de los integrantes familiares, cuando en estos diez años las familias crecieron, sus hijos crecieron y los terminan hacinando al no brindarles soluciones adecuadas al grupo familiar. En otros casos, como necesitan los terrenos para venderlos o construir, relocalizan a las familias en viviendas que no tienen luz ni agua. Mientras que a otros les dicen que ya les dieron soluciones cuando no les dieron ninguna, o no los reconocen como beneficiarios porque no están censados, cuando el gobierno no hizo el censo definitivo que ordenaba la ley", detalló. Además,  señaló que hubo amenazas de desalojo a algunas familias, y, en otros casos, pérdida de sus derechos por no aceptar las propuestas que ofrecía el gobierno.

Las tareas de recuperación de la traza que recorre la Ciudad desde la avenida General Paz, en el barrio de Saavedra, hasta Puente Alsina, atravesando Coghlan, Villa Ortúzar, Chacarita, Colegiales, Almagro, Villa Crespo, Balvanera, Parque Patricios y Nueva Pompeya, hasta el momento avanzaron en el denominado sector 5, el que va de la avenida Álvarez Thomas hacia el norte.

Sin embargo, como remarcó a este diario Alba Castillo, referente de los vecinos de la Ex-AU3, la ley decía que "a los 60 día se tenía que hacer un plan de soluciones habitacionales para el sector 4, de Álvarez Thomas a Pompeya, y no se hizo. Es una deuda de diez años con esa parte de la traza que quedó invisibilizada, porque como no llegaron a demoler viviendas no se percibe a simple vista, como ocurría con el sector 5. Pero es una zona donde hay casas y edificios en situación de precariedad, otras no tanto, con  alrededor de 2000 familias".

Castillo, que viven en el sector 5 desde el año 2000, explicó que las alertas en el barrio se dispararon "antes de las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) cuando Carlos Colombo, el subsecretario de planeamiento urbano, publicó en las redes sociales que al entregar 74 unidades funcionales en Rivera y Donado se termina de dar solución a la totalidad de las personas del sector 5. Y no es cierto, quedamos más de cincuenta familias sin respuesta habitacional en ese sector".

La mujer, que junto con otras familias integra una cooperativa para la construcción autogestiva de la vivienda, dijo que "el director de la Unidad Ejecutora de la ExAU3 ha obligado a vecinos a que se muden a las soluciones que ellos ofrecían y tratando de que quede sin efecto el proyecto colectivo de construcción para el que ya tenemos destinado el terreno de Álvarez Thomas 2031. Un proyecto similar al que llevó adelante la asociación civil Sembrar Conciencia en Virrey Loreto 3100, o el de otra asociación en la calle Jufré y Acevedo".

De acuerdo a la cooperativista, la ley establece que tiene que haber dos veedores por parte de los vecinos para garantizar el cumplimiento del proceso, pero tras la renuncia de uno de ellos, sólo quedó "una veedora a la que las autoridades ignoran y no le entregan la información necesaria como los listados de los vecinos que se mudan o de los que cobraron las prestaciones no reintegrables". Por ese motivo,  y para que se cumpla de manera integral con la ley,  están exigiendo a la Unidad Ejecutora la  conformación de una Mesa de Trabajo.