La ex presidenta Cristina Kirchner fue notificada ayer por el juez federal Ariel Lijo de la apertura del expediente judicial originado en la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. En verdad, CFK nunca intervino en la causa, tal vez porque considera ilegítima la existencia de un expediente por un tratado –el Memorandum de Entendimiento con Irán– que fue aprobado por el Congreso y que nunca entró en vigencia. De todas maneras, Lijo la notificó porque tiene que resolver un conflicto planteado por el juez Claudio Bonadio, quien de la mano de dos denunciadores de derecha, dos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA y el fiscal Eduardo Taiano puso en marcha una causa colectora, con el mismo objeto procesal, pero con la insólita imputación por traición a la patria contra la ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman. Si CFK designa abogado puede intervenir en ese incidente planteado entre Lijo y Bonadio. Todo indica que Lijo igualmente rechazará la pretensión de Bonadio de quedarse con la causa. 

Con la tradicional alianza político-mediática-judicial como trasfondo, ayer se difundió que Lijo intimó a Cristina para que designe un abogado. En verdad se trató de una notificación para que ella decida si quiere nombrar a un letrado o no. Como se trata de un incidente entre jueces, las defensas de los imputados pueden plantear su postura o pueden no hacerlo, de manera que no existió una intimación porque CFK incurriera en alguna falta, sino una notificación para que ella decida si quiere intervenir. Quienes ya dieron su opinión fueron los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Ambos letrados sostuvieron que la causa de Bonadio es ilegal, es una duplicación de la anterior, una colectora armada posteriormente de forma espúrea. 

La denuncia original de Nisman, rechazada dos veces por inexistencia de delito por el juez Daniel Rafecas y rechazada también dos veces por la Cámara Federal, fue abierta por la Cámara de Casación, por impulso de los dirigentes de la AMIA y la DAIA, alineados con el PRO y el conglomerado mediático-político judicial. 

Como durante 2015 y 2016 el expediente no se abría por inexistencia de delito, dos hombres vinculados a la derecha, Santiago Dupuy de Lome y José Mangiocalda, presentaron otra denuncia, también con el Memorandum como objeto procesal y acusando a CFK y Timerman por traición a la patria. Mangiocalda llegó incluso a imputar a todos los diputados y senadores que votaron el Memorandum como ley en el Congreso, algo que evidencia desconocimiento del derecho. El fiscal Taiano y el juez Bonadio, en lugar de enviarle la denuncia al magistrado original, Rafecas, se largaron a armar la causa-colectora. Tras cartón, el año pasado, Bonadio le pidió a Rafecas y luego a Lijo que se aparten y le dejen el expediente a él. Todo indica que Lijo rechazará esa pretensión con el mismo argumento esgrimido por Rúa y Peñafort: que su expediente es una duplicación del original. 

Hasta anoche, la ex presidenta no había decidido la designación de abogado en un expediente que considera netamente de persecución política.