En un procedimiento similar a un allanamiento pero algo más amigable llamado como “orden de presentación”, un equipo de agentes de Gendarmería se presentó ayer en el Ministerio de Comunicación para exigir todos los antecedentes y documentación del concurso de acreedores del Correo Argentino, las ofertas que hizo la empresa para el pago de la deuda, las distintas intervenciones que tuvo el Estado, la designación para actuar en el caso del director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y todo lo que dé cuenta de cómo se llegó al acuerdo que finalmente fue frenado por la oposición de la fiscal Gabriela Boquín, quien lo consideró ruinoso para las arcas públicas. Con esta medida, el juez federal Ariel Lijo inauguró la investigación que en principio tiene por imputados al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a Mocoroa, aunque se perfila como de más amplio espectro. 

Lijo le fijó un plazo de 24 horas al Ministerio para que entregue toda la documentación que le requirió. También le envió un oficio a la Cámara Comercial, donde actualmente tramita el concurso preventivo del Correo, para que le aporte el material necesario para reconstruir cómo fue que después de algo más de 15 años se llegó al acuerdo firmado en junio del año pasado, que según Boquín implicaría una condonación del 98,87 de su deuda, que hoy asciende a 4000 millones de pesos. A la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General (AGN), que son órganos de control, el primero interno y el segundo externo (parlamentario), les reclamó todos los informes que hayan hecho sobre el tema. La AGN fue, como informó ayer PáginaI12, el organismo que advirtió ya entre 2001 y 2002 los incumplimientos del Grupo Macri cuando dejó de pagar el canon del Correo y computó despidos de trabajadores como si fueran inversiones. 

Algunas de las medidas de prueba habían sido pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien formuló las imputaciones que dieron comienzo a la causa. Por ahora Lijo no hizo lugar a su pedido de imponer el secreto de sumario. En este expediente se fueron acumulando denuncias presentadas después de que la fiscal Boquín puso el alerta sobre el acuerdo que calificó directamente como “ruinoso” y “abusivo” para el Estado. Primero fue un abogado particular, Daniel Igolnikov, luego los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y otros abogados. 

Del dictamen inicial de Zoni se desprendían los posibles delitos de defraudación al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Tomaba algunos de los planteos centrales que surgían del dictamen de Boquín: que el convenio iba beneficiar a los dueños del Correo (miembros del a familia Macri) y a perjudicar al Estado, que el Gobierno mandó a la audiencia para acordar el pago de la deuda a un funcionario, Mocoroa, ubicado en una cadena dependencia jerárquica que lo vincula con el presidente Macri, que este funcionario aceptó la oferta del Correo según “instrucciones” recibidas, y aunque tenía una designación transitoria (por 180 días en su cargo) sin mandato específico para esta cuestión. “El Presidente de la Nación resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto”, afirmaba el fiscal en el texto de la imputación. 

Pero además Zoni tomó un punto del planteo de la fiscal que va a ser clave: es el que dice que la empresa concursada habría incurrido en una “manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores privados”.  Sería una maniobra, una simulación, para lograr el acuerdo. Es que en el proceso concursal desde ya intervienen todos los acreedores, no solo el Estado, y la empresa necesita tener mayoría de capital y mayoría de apoyo de los accionistas en la asamblea. ¿Cómo hace para que lo apoyen aquellos a quienes les debe? Habría utilizado mecanismos para comprar su propia deuda. En el caso de los acreedores más chicos, a través de “cesiones de crédito, pagos por subrogación y otorgamiento de poderes irrevocables” a apoderados “vinculados a la concursada” misma. Pero así como hubo acreedores por montos bajos, también están los bancos, acreedores por unos 400 millones de pesos, que tuvieron un peso determinante en el voto favorable: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Río y la Corporación Financiera Internacional. Lo que sucede es que estos cedieron créditos al Meinl Bank que, coincidencia, tiene vinculación monetaria con Sideco, la firma de los Macri que controla a Correo Argentino. 

En la investigación penal, otro de los datos que podría ser tenido en cuenta para evaluar si hubo “dolo” o “intencionalidad” en la firma de un acuerdo perjudicial, es la demanda que inició el Correo contra el Estado, en reclamo de un resarcimiento por el supuesto daño económico que habría sufrido como consecuencia de la estatización. Ese reclamo fue presentado 25 días antes del acuerdo y poco después de firmarlo la empresa incluso modificó el monto de lo que reclamaba. Boquín sostuvo que era un acto de mala fe. El doble juego que el Gobierno asumió ayer tiene sus riesgos: desconocer tanto el acuerdo como la demanda por daños podría ser interpretado como una confesión de una irregularidad. 

La denuncia de la PIA, que comanda Rodríguez, ya fue enviada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a Lijo, y sumará complejidad ya que pone énfasis en rastrear si con años atrás ya hubo un perjuicio patrimonial al Estado, producto de la falta de cobro de la deuda o de otros posibles acuerdos dudosos.  

Cerruti y Sabbatella presentaron una ampliación de su denuncia. Está basada en la aparente existencia de un informe del Banco Nación previo a la firma del acuerdo, cuando estaba a cargo de la entidad Carlos Melconian, donde advertía que la propuesta era mala para los intereses estatales y debía ser rechazada. Los denunciantes plantean que es inverosímil que Mauricio Macri no supiera nada -como alegó públicamente- empezando por su cercanía con Melconian y porque la fuente era el Nación. También se detienen en la conferencia de prensa en la que el Presidente anuncia la vuelta a fojas  cero, algo que advierten como una forma de dar por sentado que “cuenta con la aprobación del deudor”. “Teniendo en cuenta que ningún empresario que busca maximizar ganancias acordaría anular un convenio que le es sumamente beneficioso, resulta más que claro que eso es posible únicamente porque Macri es quien toma las decisiones de los dos lados”, dicen. 

Habrá que esperar a ver ahora si el ministerio entrega toda la documentación, si “la justicia” investiga realmente o sobreactúa ante el escándalo y si los movimientos judiciales que intenta el Gobierno en los otros frentes (la causa comercial y la demanda por daños) tienen algún impacto en la investigación penal.