Familiares y víctimas de violencia institucional junto a diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles marcharon ayer por tercera vez en Rosario contra el gatillo fácil. "Unimos nuestra lucha a la de familiares, víctimas y organizaciones de distintas ciudades para exigirle al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, de requisar, de humillar, de golpear, de manosear, de maltratar, de torturar en cárceles y comisarías, de ejecutar y desaparecer personas", detalló el documento leído al cierre de la marcha que unió los tribunales de Balcarce y Pellegrini con la plaza San Martín, frente a la sede de Gobierno.
Julieta Riquelme -hermana de Jonathan Herrera, una de las treinta víctimas de gatillo fácil- denunció que "la violencia estatal es una de las deudas más importantes de nuestra democracia: cada 23 horas el Estado mata un pibe. No son casos aislados, tanto en nuestra ciudad, como en ciudades vecinas y a lo largo y ancho de todo el país, estas prácticas violatorias de los derechos humanos son sistemáticas, extendidas en el tiempo; y se profundizan y agravan en el marco de políticas de ajuste y empobrecimiento, en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos".
"Tenemos que realizar un proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables".
Para la referente local de la Multisectorial contra la Violencia Institucional "estas prácticas son realizadas por las policías, el Servicio Penitenciario y las fuerzas de seguridad nacional; y permitidas, avaladas, generadas y negadas por los distintos gobiernos; y le generan al Estado Argentino responsabilidad internacional".
En el texto del documento final leído en la Plaza San Martín, se destacaba que "las víctimas, sus familiares y las organizaciones tenemos que realizar un trabajoso e incansable proceso político de construcción de memoria, verdad, justicia y castigo a los culpables; como tuvieron que hacerlo nuestras Abuelas, Madres e HIJXS. Y más recientemente en nuestra ciudad familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 del 2001 y los Padres del Dolor". En esa línea, repudiaron los dichos del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y del gobernador Miguel Lifschitz "habilitando y respaldando el uso ilegal y abusivo de la fuerza como forma cotidiana de gestionar conflictos, en sintonía con la línea 'manodurista' que impone el gobierno de Cambiemos de la mano de Patricia Bullrich".
Identificaron al gobierno nacional como quien "criminaliza y reprime la protesta social, intenta dejar en libertad a los represores de la última dictadura cívico-militar, avala y premia públicamente a policías responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos, y pretende involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior".
En la línea de críticas, la Mutisectorial también apuntó hacia el Poder Judicial como "responsable por la inadecuada e insuficiente respuesta de jueces y fiscales". "La fiscalía -denunciaron- en casi todos los casos avala el relato policial y permite que la propia policía realice las primeras actuaciones, además de focalizar sus esfuerzos en investigar a las víctimas y sus familias, en vez de a los victimarios".
Durante todo el recorrido se escucharon los nombres de las víctimas del gatillo fácil como Franco Casco, Pichón Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, David Campos, Emanuel Medina, María de los Ángeles Paris, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Juan Cruz Vitali, Kevin Pacheco, entre otros.
