El juez federal Claudio Bonadio preparó ayer el terreno para detener a Cristina Fernández de Kirchner. El magistrado tomó ayer la primer indagatoria en una causa armada, Los Sauces, y volvió a la carga con una imputación por asociación ilícita contra todos los citados. El 6 y 7 de marzo deberán afrontar la indagatoria Máximo y Florencia Kirchner y al final la ex presidenta. El magistrado señala en la acusación que la organización supuestamente destinada a lavar dinero empezó a funcionar en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, curiosamente en tiempos en que ni siquiera existía Los Sauces. Y el grupo organizado para delinquir –integrado por empleados administrativos, gerentes, empresarios, los hijos del matrimonio presidencial y la propia ex mandataria– siguió funcionando hasta 2016, cuando Bonadio intervino la sociedad. La insólita acusación, leída ayer a un empleado administrativo, es igual para todos los imputados, sin ninguna descripción del papel que jugó cada uno. 

La causa Los Sauces es un grotesco armado de Bonadio, quien puso en marcha una especie de causa colectora después que fue eyectado de la causa original, Hotesur, por graves irregularidades. Bonadio convocaba a testigos sin avisar a las partes e incluso puso en marcha una pericia sin notificar a las defensas para que designaran los peritos correspondientes. Ese cúmulo de atropellos llevaron a la Cámara Federal a apartarlo de la causa Hotesur, que luego quedó en manos de Julián Ercolini. 

Sin embargo, Bonadio armó rápidamente una causa paralela. Lo hizo en mayo de 2016, cuando Hotesur era una causa muy anterior, de noviembre de 2014 y que incluía toda la operatoria de Los Sauces. En la pericia ordenada por Ercolini en Hotesur, por ejemplo, 14 de los 33 puntos de pericia estaban referidos al alquiler de las oficinas e inmuebles de la empresa Los Sauces. Nada importó: el fiscal Carlos Rívolo y el juez aceptaron una denuncia de Margarita Stolbizer y, pese a que se trataba del mismo objeto procesal, no se envió la denuncia a Ercolini para que la sumara, sino que Bonadio se quedó con esa causa colectora. Es parte de la trama político-mediática-judicial de Comodoro Py. 

En la mañana de ayer se produjo la primera indagatoria ordenada por Bonadio. El citado fue Oscar Leiva, un empleado administrativo que realizó depósitos de cheques entre 2009 y 2015 y que fue titular de Hotesur durante tres meses. Leiva llegó a Comodoro Py acompañado por su abogado, Martín Arias Duval, del estudio Arslanian, y hasta ese momento no sabía de qué se lo acusaba. Cuando leyó la descripción en la que se lo ubicaba como integrante de una organización –asombrosamente en paralelo con CFK– en la que se hacían operaciones más bien ficticias para lavar dinero, Leiva se negó a declarar. El imputado y el letrado quedaron en estudiar el listado de los depósitos de cheques que Leiva hizo como empleado administrativo y responderán con un escrito explicativo en los próximos días. 

Como se sabe, la familia Kirchner sostiene que su negocio siempre fue el alquiler de propiedades y que todos los movimientos fueron bancarizados, por lo que no puede haber lavado de dinero. Menos todavía puede tratarse de retornos por la obra pública: el total de los movimientos de Hotesur o Los Sauces fue menos del 0,02 por ciento de la obra pública. 

Más allá de esos argumentos, la impresión que quedó en todos los que pasaron por Comodoro Py ayer es que Bonadio prepara el terreno para detener a CFK cuando tenga que resolver la situación, hacia mediados de marzo. Esa preparación del terreno ya la hizo anteriormente en la causa dólar futuro, pero finalmente desistió de la acusación por asociación ilícita. No se sabe si esta vez hará lo mismo. Lo que está claro es que con la descabellada imputación de ayer sentó las bases de la detención. Y lo hizo en una causa armada e ilegal.