“Esto es como crear una policía del pensamiento.” Así definió el camarista Enrique Arias Gibert al pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó en su contra por dictar el fallo que obligó al Gobierno a aceptar el acuerdo paritario entre los bancos y los trabajadores de ese sector. El magistrado sostuvo que el cuestionamiento que se le hizo por esa medida “no es muy republicano” y advirtió que es parte de una política que puede “producir una desaparición de la división de poderes”.

Para Arias Gibert, el hecho de que a un juez se le haya iniciado un proceso de enjuiciamiento por estar en contra de la postura de la cartera laboral "es como que se decida iniciarle un juicio político a un diputado por haber dicho algo en la propia Cámara de Diputados”.

"Es como que se decida iniciarle un juicio político a un diputado por haber dicho algo en la propia Cámara de Diputados”.

El fallo de este camarista y de su par Graciela Marino, de quien también Jorge Triaca pidió su juicio político, avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5 por ciento. Esa cifra rompió el techo del 20 por ciento que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri.

Inicialmente, el Gobierno se negó a reconocer esa paritaria para no sentar un precedente de acuerdos por encima de esa cifra, pero el gremio bancario presentó una cautelar para que se avale ese aumento y, finalmente, lo logró.

Tras este revés, a Triaca no le quedó más remedio que firmar el convenio salarial pero ayer denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas que con su fallo le pusieron un freno a su intervención. Los acusó de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución”.

"Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos", enfatizó Arias Gibert en diálogo con el programa Te Quiero, por la AM 750, y consideró que el pedido de juicio político "es un acto impropio del ministro Triaca".

Una de las explicaciones que dio la cartera laboral para cuestionar el fallo judicial en su contra fue que una de sus competencias es homologar o no homologar los acuerdos salariales entre partes. Arias Gibert destacó esto no necesariamente es así y explicó que la paritaria bancaria “en ningún momento se homologó o dejó de homologar”.

Para el camarista, con la decisión del Poder Ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial “se le estaba sacando” a los trabajadores y a los empleadores “el derecho de tener paritarias”, algo que “no es un derecho de la  Justicia ni del Poder Ejecutivo”.

“La función de la Justicia no es tampoco de homologar (un acuerdo de ese tipo) sino evitar la arbitrariedad y evitar que se pueda producir un daño” que, en este caso, se hubiera producido si el Gobierno no aprobaba la paritaria, concluyó.

Según Arias Gibert, detrás del pedido de juicio político en su contra hay un mensaje que se les envía a los magistrados que fallan contra una decisión del Poder Ejecutivo: “Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’”.

“Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’”.

A pesar de ello, el camarista negó sentirse presionado por esa denuncia y subrayó que “el deber de un juez no es sentirse amedrentado” sino “garantizar el Estado de derecho” para todos, “le guste a quien le guste”. “Yo no fallo a favor del trabajador sino a favor del derecho”, remarcó.

“Podemos equivocarnos", concedió el camarista aunque denunció que si un gobierno “sanciona a las personas por opinar algo dentro de su espera de competencia, hay una policía del pensamiento”.

Por otra parte, aseguró que desde 1989, año en que fue designado como juez, “nunca” le ocurrieron situaciones como estas, y recordó que en el derecho rige el concepto de que “los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias”, porque hacerlo sería como “juzgar al órgano constitucional competente de decir el derecho del modo que lo dice”.