La comisión interna del fuero laboral manifestó su “más enérgico repudio” ante la decisión del Gobierno de solicitar el juicio político de los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino por haber avalado el pago del aumento que los bancarios consiguieron en la paritaria por encima del techo del 18 por ciento que quiere imponer la administración macrista. La representación sindical advirtió que se trata de “un hecho más tendiente a disciplinar a la magistratura detrás de los objetivos políticos del gobierno nacional”.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, solicitó ayer a última hora al Consejo de la Magistratura que avance en el enjuiciamiento de Arias Gibert y Marino. El Gobierno acusa a los camaristas por “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución”.
El embate del Gobierno contra los camaristas sumó en pocas horas diversos rechazos. El propio Arias Gibert advirtió que “hay una policía de pensamiento” y remarcó que en casi treinta años que “nunca” vio nada semejante. El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, “se intenta intimidar a los jueces” para luego instaurar “una justicia macrista desfavorable para los trabajadores”. La camarista de Casación y titular de la asociación Justicia Legítima advirtió que el Gobierno “no puede perseguir jueces por el contenido de sus sentencias”.
“Se repite la misma forma con que desde el poder político se teledirige a la Justicia federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló la comisión interna del fuero laboral. En un comunicado firmado por su titular, Cristian Carro, la representación gremial añadió que “los judiciales nacionales en general, y particularmente los de la Justicia Nacional del Trabajo, no vamos a dejar que corran a nuestros jueces con amenazas veladas o explícitas y estaremos siempre en la primera línea de denuncia y lucha contra cualquier intento de colonización de los estrados judiciales”.
