El ex vicepresidente Amado Boudou tuvo “una buena y una mala” en un mismo juicio: el Tribunal Oral Federal 8 lo absolvió frente a la acusación por la compra cuestionada de 19 autos de alta gama para el Ministerio de Economía cuando era titular de esa cartera y lo condenó a 3 años de prisión en suspenso por la falsificación de los papeles para la transferencia de un auto Honda CXR modelo 1992, que se hizo en 2003. El ex funcionario había sido absuelto en este segundo caso, pero la Cámara de Casación anuló aquella decisión y ordenó juzgarlo otra vez. Cumple en prisión la condena a 5 años y 10 meses por el caso Ciccone.

La causa sobre el Honda había sido instruida por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Guillermo Marijuán, quienes adjudicaron a Boudou el delito de falsedad ideológica, por el que fue a juicio. El ex vicepresidente siempre sostuvo que fue un trámite de radicación encomendado por su ex pareja, Agustina Seguín, a gestores a quienes él ni conoció y con papeles que ellos no firmaron. Pero terminó acusado por el hallazgo de una firma suya falsa, una dirección trucha, igual que la verificación y un número de motor en los papeles que no concordaba con el real. Junto con Boudou fueron condenados a 3 años María Graciela Taboada de Piñero, titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, y Alberto Soto, que intervino como gestor. Seguín fue absuelta. Ella fue quien había contactado inicialmente, a través de su hermano, a un gestor para hacer el trámite, quien falleció, y lo retomó Soto.

Los integrantes del tribunal que conformaron una mayoría –Sabrina Namer y Nicolás Toselli– consideraron que Boudou, Taboada y Soto actuaron en un acuerdo para transferir irregularmente el auto. El ex vicepresidente, sin embargo, no conocía a ninguno de ellos. Soto tuvo otras causas similares, por trámites donde usó el mismo domicilio trucho que para la transferencia del Honda. Es más, Taboada Piñero, que fue quien como funcionaria paradójicamente hizo la denuncia que dio lugar a la causa, había radicado otra denuncia simultánea exactamente igual por otro vehículo, donde aparecía la misma dirección falsa. Le tocó a Julián Ercolini, y el caso fue archivado. La jueza María Gabriela López Iñíguez solo condenó al gestor Soto.

En el caso de la compra de 19 autos para Economía, Boudou había sido llevado a juicio acusado de esquivar los procedimientos legales para esas adquisiciones y eso habría derivado en el pago de precios más elevados que los de mercado. La fiscalía señaló que se trataba de negociaciones incompatibles con la función pública por la contratación directa entre el organismo y la concesionaria Guido Guidi mediante la simulación de una subasta que supuestamente pretendía beneficiar a la empresa. Pero el tribunal evalúo, después de escuchar a 50 testigos y analizar documentación, que: “Los vehículos adquiridos eran necesarios tanto para asistir” al ministerio como para las otras carteras que dependían de él; “que el dinero utilizado fue una porción de la partida dineraria asignada para la compra de vehículos por parte del Ministerio de Economía en la ley de presupuesto nacional sancionada el año anterior a la asunción de los imputados en sus respectivas carteras”; “los modelos de automóviles adquiridos eran similares a los que se utilizaban en ese ministerio en la modalidad de remise” (en este caso, eran modelos Bora, Passat y Vento); “la subasta pública estaba admitida legalmente y había sido adecuada al momento de compra que, además, era muy cercano al vencimiento y pérdida de la partida presupuestaria destinada” para esto. Según el tribunal tampoco se probó el interés de beneficiar a la concesionaria ni la falsedad de ningún documento.

Por todas estas razones Boudou fue absuelto. Por la mañana, al hacer uso de las “últimas palabras” había dicho: “Nos sentaron a nosotros en el banquillo para saquear al país con el sistema de tarifas y el endeudamiento. Gracias a Dios y al pueblo, esto se está terminando”. También dijo que “mientras se entretuvo con pan y circo, ya veces solo con circo, un grupo concentrado saqueó al Estado argentino”. Su abogada, Graciana Peñafort, anunció que apelarán la condena por falsedad ideológica. “Es una condena absurda”, dijo, e hizo referencia al caso análogo que no llegó a juicio. “La adulteración, se comprobó, la hizo el gestor –advirtió–. La condena es porque se trata de Amado Boudou, no porque haya un delito”.