El directorio del Fondo Monetario Internacional se reunirá este viernes para analizar la economía de Guyana. Las conversaciones sobre la marcha del país caribeño y las reformas estructurales sugeridas al gobierno quedarán opacadas por un reporte oral informal preparado por los representantes del organismo que acaban de regresar de Argentina. La presentación no pretende despejar las dudas sobre el desembolso por 5400 millones de dólares que debería concretarse a partir del 15 de septiembre ni analizar la modificación del acuerdo que propuso iniciar el Palacio de Hacienda. El objetivo es informar y evacuar interrogantes de los directores del FMI como sucedía en los momentos de mayor turbulencia de la crisis griega. 

Aunque conocen sus privilegios, el FMI tiene garantizado el primer lugar en la fila para cobrar si la situación financiera estalla. Pese a ello, los accionistas y funcionarios del principal acreedor individual del país están preocupados. No se trata solamente de un nuevo y costoso fracaso de los remozados programas de austeridad, Argentina representa alrededor de la mitad de la cartera de préstamos otorgados por el FMI. Los voceros del organismo multilateral no respondieron las consultas realizadas por este diario.

La reestructuración de la deuda con bonistas no es exigida por el Fondo pero su anuncio se desprende de los términos y condiciones del préstamo. La continuidad de los desembolsos previstos en un “acuerdo Stand-By de acceso excepcional” depende de cuatro criterios: 

1. Existencia de una crisis en el frente externo.

2. Sostenibilidad de la deuda.

3. Capacidad para recuperar el acceso mercado.

4. Capacidad política para implementar el programa de austeridad. 

Con el gobierno de Estados Unidos y la conducción del FMI abrazada al proyecto político de Mauricio Macri, el Staff del organismo tildó los cuatro ítems en su última evaluación. Pero, aunque el gobierno cumplió con las metas de ajuste fiscal y ahogo monetario, la profundización de la crisis cambiaria y financiera tras la contundente derrota del oficialismo en las elecciones primarias no permiten hacer la vista gorda para habilitar el próximo desembolso.

El peso de la deuda tras la devaluación escaló por encima del 100 por ciento del PBI de modo que la deuda dejó de ser “sostenible pero no con alta probabilidad” y la imposibilidad para renovar los vencimientos de las letras de corto plazo reveló las crecientes dificultades para recuperar el acceso al mercado. El “reperfilamiento” con los bonistas anunciado por el ministro Hernán Lacunza es una ofrenda para que se destrabe el sexto tramo del crédito. El caso argentino evidencia, sin embargo, que el restrictivo manual del FMI puede flexibilizarse si se cuenta con el respaldo explícito del gobierno de Estados Unidos y, claro está, cierta simpatía entre los gobiernos europeos que son los responsables de designar la máxima autoridad del Fondo.

Al comenzar la gestión de Cambiemos, el gobierno enfrentaba vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera por un total de 52.500 millones de dólares que se distribuían a lo largo de los cuatro años del mandato. La mochila que recibirá el próximo presidente será tres veces más pesada: las obligaciones totales suman más de 149.000 millones de dólares.

Devenido en el principal acreedor individual del país, al organismo le corresponden 1 de cada 3 dólares de los pagos de deuda que deberá asumir el próximo gobierno. Por eso, además de anunciar la reestructuración de los bonos, el Palacio de Hacienda se propone comenzar a renegociar el acuerdo con el FMI. Ante la imposibilidad de repetir la cancelación anticipada que concretaron Brasil en 2005 y Argentina en 2006, el Fondo tendrá lugar para poner condiciones. Un relevamiento realizado por la consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvarez Agis evidencia que a la hora de discutir la extensión de los plazos de repago de los préstamos el FMI exige avanzar en su programa de reformas estructurales.