Los dos peritos oficiales en el caso de la obra pública se negaron a firmar lo acordado con la perito de la defensa y presentaron documentación aportada a último momento por funcionarios de Vialidad del macrismo, cuya autenticidad no está comprobada, que no tenía la previa autorización del Tribunal Oral y que a las defensas se les ocultó hasta hace tres días. De esa manera, firmaron en soledad --violando las normas periciales-- y a escondidas, un dictamen según el cual hubo más de 170 millones de dólares de sobreprecios. La cuestión será debatida en el juicio oral.

Tras la brutal maniobra, igual se mantuvo la pericia firmada de manera unánime por los contadores y en la que hay acuerdo sobre la inexistencia de sobreprecios en las redeterminaciones de las obras y en las modificaciones, que han sido siempre las claves de las denuncias. El PRO argumentaba que las empresas vinculadas al kirchnerismo ganaban las licitaciones por un precio, pero que después había fraude en la adecuación de esos precios por la inflación y en las modificaciones que se le hacían a las obras. Eso quedó descartado.

El perito designado por los jueces, Eloy Bona, fue cuestionado por las defensas porque no era imparcial sino que aparecía en las redes sociales twiteando barbaridades contra la ex presidenta Cristina Kirchner. "Es lo mismo que en la causa del Gas Licuado. De golpe aparecieron firmando una pericia justito de acuerdo con lo que pedían los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques cuando ya había acuerdos en la mayoría de los puntos", sostuvieron desde las defensas.

Lo asombroso es que, sorpresivamente, apareció en escena como supuesto colaborador el arquitecto Mario Boscoboinik, ex Director de Fiscalización y Control de Obras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien años atrás fuera denunciado por haberse controlado él mismo obras que tenía asignadas. Fue llamativo que Boscoboinik "colabore" en una pericia contable y de ingeniería sin contar con ninguna de las especialidades ya que es arquitecto.

La documentación oculta usada de golpe por los peritos oficiales fue blanqueada en julio con una nota del director del Area de Legales de la Dirección Nacional de Vialidad, Ricardo Stoddart, recientemente denunciado por la doctora Julieta Ripoli como abogado vinculado al presidente Macri y por haber incurrido en graves irregularidades.

La perito de la defensa, ingeniera Adriana Alperovich tuvo que firmar a solas entonces la pericia que concluye que no hubo sobreprecios de ninguna naturaleza y que la comparación que hicieron los peritos oficiales, en base a la documentación recién aparecida, no tiene "el menor rigor". Según Alperovich las licitaciones en las que se apoyaron los peritos oficiales tenían un 70 por ciento de diferencia entre sí y los contratos nunca fueron ejecutados porque la empresa adjudicataria no pudo llevar a cabo los mismos. 

Además, como ya adelantó Página/12, los peritos oficiales, Bona y Panizza, con la documentación de DNV, hicieron sus cálculos a partir de contratos de recuperación y mantenimiento de ruta, que es una especie de parche en el camino, completamente distinto a la construcción de una autovía como fueron las tres obras proyectadas para el tramo entre Rada Tilly y Caleta Olivia, que representan tres de las cinco obras peritadas. Cuando Alperovich fue a ver la documentación oculta y que recién se exhibió hace tres días, le informaron que una de las licitaciones "no pudo ser localizada".

En el juicio oral los peritos oficiales tendrán que contestar bajo juramento, de manera que las defensas pondrán el acento en demostrar que se trata de una maniobra parecida a la de la causa de Gas Licuado, en que el perito David Cohen, terminó imputado por falso testimonio agravado.