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Desde Caracas
La relación entre el gobierno de Venezuela y el de Colombia ha dado nuevos pasos de enfrentamiento esta semana. La primera acusación vino por parte de Iván Duque luego del anuncio del regreso a las armas por parte de un sector de las FARC. El presidente afirmó que el grupo, a quien calificó “banda de narcoterroristas”, cuenta “con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”.
En respuesta a las acusaciones del presidente, el gobierno venezolano emitió un comunicado para rechazar de los señalamientos. “Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas, su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el cumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano”.
No es la primera vez que el gobierno colombiano acusa al de Venezuela de dejar operar a las fuerzas insurgentes en su territorio, en particular al ELN. A esa matriz se había sumado el señalamiento de que Iván Márquez y Jesús Santrich -presentes en el centro del video difundido para anunciar el regreso a las armas- estaban en el vecino país.
El ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció intenciones de guerra detrás de las acusaciones de Iván Duque: “El problema político que enfrenta Colombia, no puede ni debe derivar en una confrontación militar. Exhortamos a no buscar excusas ni pretextos con falsos positivos para intentar violar nuestra soberanía territorial, bien sea por fuerzas convencionales como por grupos irregulares”.
En ese contexto, el día sábado, el ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, denunció el funcionamiento de tres campamentos de preparación armada en Colombia, donde se preparan las acciones terroristas contra el gobierno y la sociedad venezolana.
Afirmó que uno se sitúa en la ciudad de Maicao, a 2,5 kilómetros de la frontera, otro en Río Acha, y el tercero en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los dos primeros son, explicó, de entrenamiento para uso de explosivos, y el tercero de entrenamiento militar. Allí se “entrenan más de 200 personas para acciones paramilitares, terroristas, asesinatos selectivos, y agresión en la frontera”, denunció Jorge Rodríguez.
“¿Qué vas a hacer Iván Duque?” afirmó el ministro de comunicación al exhortar al presidente de Colombia a que desmonte los centros de entrenamiento de los cual, explicó, es cómplice.
Rodríguez explicó que los servicios venezolanos lograron confirmar la existencia de los centros luego de desarticular tres acciones con explosivo. Las dos primeras iban a ocurrir el 17 de agosto, al detonar explosivos cargados de C4 frente la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales y un edificio del barrio 23 de Enero, bastión chavista. El tercero iba a darse a finales de agosto, con la detonación de un explosivo en el Palacio de Justicia de Caracas, situado en una de las zonas más transitadas del centro de la ciudad.
“Todo esto forma parte de un plan que tenía su culminación en los próximos quince, pensaban perpetrar acciones de mayor magnitud en contra del pueblo de Venezuela y el presidente de la república”, detalló Jorge Rodríguez.
Las acusaciones cruzadas regresan así a su punto de mayor tensión desde el 23 de febrero, cuando el gobierno colombiano abrió dos puentes internacionales para intentar ingresar camiones y manifestantes por la fuerza en territorio venezolano. La noche siguiente había tenido lugar un ataque de un grupo de 60 paramilitares a un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana a pocos kilómetros del puente internacional.
No es la primera vez que el gobierno venezolano acusa al de Colombia de ser parte activa en los intentos de derrocamiento de Nicolás Maduro. En agosto del 2018, Venezuela señaló que los autores del intento de asesinato del presidente se habían entrando en un campamento en Colombia, más exactamente en Chinácota. Desde allí también habrían traído los drones que cargaron los explosivos para realizar la acción.
La escalada ocurre en un momento de crisis de la oposición venezolana, que ha perdido su capacidad de movilización y de generar expectativa. Sus iniciativas se redujeron en las últimas semanas, al igual que su impacto mediático tanto nacional como internacional.
El escenario internacional tuvo en contrapartida dos noticias centrales. La primera, de orden similar al que enfrentan Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. La segunda, política, con el reconocimiento de la existencia de diálogos directamente entre el gobierno norteamericano y el venezolano.
Esto último se dio luego de que Maduro decidiera retirarse de la mesa de diálogo con la oposición en Barbados, debido al nuevo paso de acciones unilaterales de Estados Unidos. La confirmación de canales de diálogo entre ambos gobiernos evidenció que la resolución del conflicto pasa por un acuerdo con el gobierno norteamericano, real decisor, financista y articulador del intento de derrocamiento de Maduro.
La posibilidad de ese acuerdo todavía aparece lejana en un juego trancado. EE.UU. afirma que no está dispuesto a una negociación que no implique la salida del presidente venezolano antes mismo de unas elecciones. En cuanto al gobierno de Maduro, una de las exigencias es el retiro del bloqueo contra el país.
¿Cómo operará la nueva escalada entre Venezuela y Colombia en este contexto? El gobierno venezolano ha denunciado en varias oportunidades los laberintos de guerra que se preparan desde el país vecino. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció que presentará pruebas en Naciones Unidas sobre “la protección y amparo de Iván Duque a grupos terroristas y armados en Colombia para, con su anuencia, atentar contra nuestro orden constitucional”.
