Dos viernes atrás un hombre golpeó la puerta del juzgado de Ariel Lijo, en Comodoro Py, y se presentó como ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dejó un escrito de diez páginas con una denuncia. El texto parece de película, pero él asegura que es real. Decía que había actuado en el doble papel de investigador secreto y abogado en el caso del club Independiente, donde hubo un intento por detener a Hugo y Pablo Moyano. El espía revelaba allí una supuesta operación para incriminar a los dirigentes con pruebas truchas. Como se negó a participar, según su relato, fue amenazado, coaccionado y despedido del organismo. Por eso, parece, decidió hablar.
Un aspecto revelador del escrito es que deja a la vista la actuación de la AFI en el armado de causas. En su caso, explicó, intervenía en la investigación de una presunta asociación ilícita para lavar dinero en Independiente, entidad que dirigen los Moyano. Lo hacía como defensor de uno de los barrabravas detenidos, Damián Lagaronne, pero también como agente. La presentación, a la que accedió Página/12, señala que había ingresado a la central de espionaje el 21 de septiembre de 2016 como agente orgánico y que sus funciones consistían “en llevar a cabo diversas tareas de inteligencia y contrainteligencia a efectos de recabar información que resultara relevante para las diversas causas”. En el asunto puntual de Independiente, señala, “debía asistir legalmente al procesado y mantener informada a las autoridades de la Agencia respecto de la evolución de las actuaciones”.
Pero en septiembre de 2018, cuenta el denunciante –cuya identidad se preserva en esta nota-- la fiscalía de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Scalera, en presunta combinación con la AFI –según él-- le planteó a su defendido que si incriminaba a los Moyano podría salir en libertad u obtener prisión domiciliaria. Dice el agente que esto sucedió desde la llegada a la jefatura de Operaciones de la AFI de Alan Ruiz y que como él se negó a participar: “Date por despedido y tené cuidado con lo que hacés y lo que decís porque podés tener problemas peores que quedarte sin trabajo”. El ex espía denuncia a Ruiz por coacción y señala que llegó a la AFI desde el ministerio de Seguridad, con impulso de Patricia Bullrich.
La causa a cargo de Lijo y del fiscal Ramiro González investiga entre otras cosas la visita de dos funcionarios de la AFI al juez Luis Carzoglio, en el mismo caso, en la que le llevaron un borrador de la orden de detención de los Moyano. Después de negarse a ejecutarla, a Carzoglio le abrieron un juicio político y está suspendido. La denuncia inicial la hicieron Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Marcelo Fuentes después de la declaración del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y su número dos Silvia Majdalani, en la Comisión Bicameral de inteligencia. Allí admitieron esa irregular visita el juez.
Carzoglio relató públicamente que lo habían ido a ver el jefe de asuntos jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano y el de Finanzas Fernando Di Pasquale. “El presidente está obsesionado con Pablo Moyano”, le dijeron en su oficina. “¿Usted que quiere?”, lo tantearon. El guardó el borrador con las órdenes de arresto en su caja fuerte.
El fiscal González, a cargo de la investigación, recibió con sorpresa la denuncia del ex espía y mandó a pedir a la AFI su legajo para chequear si está o estará relevado de guardar secreto. Luego evaluará si lo cita para ratificar su planteo. Según el ex agente, su jefe le indicó que debería “orientar la actuación de Lagaronne de forma tal que aportara elementos sustanciales que permitieran facilitar la detención de alguno de los dirigentes sindicales, fundamentando esto, acorde sus dichos, en que resultaba de interés para el Presidente”. Según su denuncia también le dijo que ya estaba todo “arreglado” para detener a Pablo Moyano y que “él mismo se había reunido con el fiscal Scalera” y lo habían “acordado”. Según su versión, respondió que “no había elementos suficientes”. “Enojado, me contestó que si no había era porque mi cliente no había colaborado lo suficiente”, narró. “Del juez (Carzoglio) hay otra gente que se está ocupando”, habría agregado Ruiz.
La historia que cuenta el hombre de la AFI dice que tras el rechazo de Carzoglio a las detenciones, Scalera citó a Lagaronne a su despacho y en una reunión donde también estuvieron con él y una empleada de la fiscalía, le dijeron a su defendido que “debería aportar pruebas que incriminen a Moyano”. Lo comprometieron entregar planos de los edificios donde concurría Pablo Moyano y hablar de supuestas reuniones. Los Moyano –querellantes ante Lijo-- relacionan un allanamiento del 6 de mayo con ese plan. “A solas con Lagaronne, --escribió el ex espía-- le manifesté mi oposición a estas prácticas. Este, muy entusiasmado y a pesar de lo que le estaba diciendo, me informa que tiene intención de colaborar con el fiscal y que inventaría distintos encuentros con Pablo y Hugo Moyano, con tal de obtener su libertad”.
De avanzar la pesquisa, y más allá del asunto de los Moyano, podría convertirse en un expediente clave con puntos en común con el que tramita en Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, sobre la manipulación de expedientes, tareas de espionaje y fabricación de pruebas. Vuelve a aflorar el poder de las actividades de inteligencia que burlan la legalidad.