La desidia, el mal trato, las detenciones ilegales en comisarías, son algunas de las cuestiones centrales de un juicio oral que comienza este lunes, en el cual hay seis policías imputados como responsables de la muerte de siete jóvenes que estaban detenidos en la comisaría primera de Pergamino. La llamada Masacre de Pergamino, una de las tantas ocurridas en centros de detención bonaerenses, es considerada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como “una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia”. Uno de los 12 sobrevivientes del hecho ocurrido el 2 de marzo de 2017 declaró en la causa que el incendio que derivó en masacre se hubiera evitado “con un baldazo de agua”, pero ninguno de los acusados hizo intento alguno por salvar las vidas de jóvenes presos por delitos menores y sin condena firme. La condena sin juicio fue la muerte.

La CPM, cuyos abogados representan como querellantes a cinco de las familias de las víctimas, subrayó que los jóvenes murieron “de manera atroz” en una dependencia policial que había sido centro clandestino de detención durante la dictadura militar que se instauró en el país en 1976. El método ilegal se repetía, porque no debían estar presos en una comisaría que no contaba con las mínimas condiciones de seguridad en sus celdas. Por tales circunstancias, el Estado provincial es responsable de lo sucedido, como lo fue en el que ocurrió dos años más tarde en otra comisaría de Esteban Echeverría.

En el escrito de elevación a juicio, la fiscalía precisó que ese 2 de marzo de 2017 se produjo una disputa entre dos de los detenidos que “duró poco tiempo y una vez finalizada por ellos mismos se dieron la mano y se abrazaron”. La guardia de calabozos estaba a cargo del sargento Brian Carrizo, el teniente primero Sergio Rodas, el oficial sub ayudante de servicio Alexis Eva y el oficial de policía Matías Giulietti. Todos están imputados por “abandono de persona seguido de muerte”, junto con Carolina Denise Guevara y Alberto Sebastián Donza, que estuvo prófugo más de un año. Están acusados por las muertes de Juan José Cabrera, John Claros, Alan Cordoba, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Federico Perrotta y Franco Pizarro.

Los policías que estaban de guardia se enteraron de la pelea cuando ya había finalizado, pero de todos modos ingresaron al sector donde estaban los detenidos y los encerraron en las celdas 1, 2, 3 y 6. Luego pusieron candados en las rejas de las celdas y las puertas de rejas que comunican con el pasillo. La medida carecía de sentido, porque sólo había sido una pelea ya finalizada, porque nunca fue un motín ni nada parecido.

Los policías se retiraron del área y sólo quedó el sargento Brian Carrizo. Ante la injusta sanción, los internos de la celda 1 comenzaron a gritar para que los saquen del encierro porque todavía tenían tiempo para compartir y como no los escucharon, comenzaron a arrojar pedazos de colchones encendidos hacia el pasillo. Cuando el fuego ya tenía alguna importancia, los policías que se habían retirado del lugar volvieron para sacar al sargento Carrizo de la zona que estaba cerrada.

Los sobrevivientes declararon que los policías “desde el primer fuego miraban y no entraban” para evitar que se propague y todos “nunca atinaron a apagar el fuego(...) el imaginaria sí podía ver el fuego, y podía haber tirado un balde de agua (…) se podía haber evitado todo esto, solo con un baldazo” .

Con celulares que tenían en su poder, en medio de la desesperación, los internos enviaron mensajes a sus familiares pidiendo ayuda. Pasaron más de cuarenta minutos entre el llamado a las familias y el alerta de la policía al cuartel de bomberos. Y cuando llegaron los bomberos, no les abrieron los candados. Los detenidos gritaban "abran el candado, abran el candado" y ante la situación de extrema gravedad, “uno de los bomberos que sabía que la autobomba posee herramientas para romper candados (…) advirtió a los policías” que iría a buscar tal herramienta. Y les gritó: “ábranme, ábranme o rompo el candado". Un policía le dijo “aguantá, aguantá, que ya traen la llave”. Esto provocó más demora y la masacre fue inevitable.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de Pergamino, integrado por Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas. Las audiencias previstas son 18 y se realizarán los días lunes, martes y miércoles.