El abogado militar David McBride logró acceder a documentos secretos con información referida, fundamentalmente, a crímenes de guerra cometidos por las tropas australianas en Afganistán. Los cables demuestran, por ejemplo, los asesinatos a civiles desarmados y niños, la práctica de cortar manos a talibanes ya abatidos, o la falta de un criterio unificado ante la ejecución de la orden de disparo. El escándalo estalló en 2017. Cuando la filtración llegó a la cadena ABC, empezaron los problemas judiciales para McBride: irá a juicio a partir de abril de 2020, por el "delito" de difundir información "sensible". La persecución también se hizo extensiva a a medios y periodistas del país, que fueron víctimas de allanamientos durante el pasado mes de junio.

Los archivos secretos a los que tuvo acceso el abogado fueron luego difundidos por la cadena pública ABC (Australian Broadcasting Corporation), el 10 de julio de 2017, bajo el nombre The Afghan Files ("Los Archivos Afganos”). La investigación ofrecía una mirada inédita sobre las operaciones clandestinas de las fuerzas especiales de Australia. McBride afirma que primero buscó una investigación interna a través de la Fuerza de Defensa australiana, y luego fue a la policía. Al no obtener respuesta, buscó el interés de los medios: entregó los documentos al citado ABC, al diario Sidney Morning Herald y al periodista Chris Masters, pero solo el medio público tomó el caso.

"Vi algo que el gobierno estaba haciendo ilegalmente e hice algo al respecto", dice McBride, acusado de robo y tres cargos de violación a la Ley de Defensa, por ser miembro de la fuerza, y comunicar un plan, documento o información. Las antiguas disposiciones de secreto de la Ley Federal de Faltas tipifican como delito que un funcionario miembro de la Commonwealth revele información sin autorización. Los cargos, si termina procesado bajo acusación formal, pueden derivar en multas o prisión efectiva. "Tengo el deber de cuidar a Australia, si eso significa informar sobre actividades ilegales por parte de los altos mandos del ejército, voy a hacerlo. No tengo miedo de ir a la cárcel", afirma.

"The Afghan Files": los secretos del ejército australiano

Los documentos secretos que McBride entregó a la cadena ABC permiten un ingreso sin precedentes a las operaciones clandestinas de las fuerzas de elite especiales de Australia en Afganistán. Los documentos, muchos de ellos marcados bajo la sigla AUSTEO (Australian Eyes Only: “sólo para ojos australianos”), refieren al accionar de los altos niveles de Defensa, incluyendo incidentes de tropas asesinando a civiles desarmados y niños. El informe completo de la ABC, producido por los periodistas Dan Oakes y Andrew Clark, demuestra además que en varias ocasiones las denuncias fueron tomadas solo porque las milicias locales se quejaron ante las autoridades afganas, y esas autoridades exigieron respuestas de las fuerzas australianas.

Al menos diez documentos registrados entre 2009 y 2013 demuestran que las tropas de las fuerzas especiales dispararon contra insurgentes muertos, pero también contra hombres y niños desarmados. Uno de los incidentes más llamativos comprende el corte de manos de talibanes muertos en Afganistán. Los documentos privados muestran que durante los combates en la provincia de Zabul, cuatro insurgentes fueron asesinados. Un cabo del ejército australiano examinó el primer cuerpo y encontró una pistola Makarov. El informe de la investigación de Defensa, ahora filtrado, dice: "Él luego cortó una sola mano del EKIA (enemigo muerto en acción) con un bisturí". Repitió el proceso con otros dos insurgentes, cortándoles las manos derechas.

Otros documentos filtrados buscan codificar las “pruebas” que deben considerar los soldados australianos antes de disparar. En 2013, tras un incidente en el que mataron a dos afganos desarmados, la jerarquía de la Fuerza de Defensa emitió una serie de directivas que enfatizaban en la necesidad de asegurarse que los afganos estaban "participando directamente en las hostilidades" antes de abrir fuego. Según los documentos, se podría disparar a civiles por conducir una moto de manera “sospechosa”, o por "maniobrar para obtener una ventaja táctica".

Con la excepción de un solo incidente, en más de una década de participación australiana en Afganistán, ningún soldado fue sometido a acciones legales o disciplinarias por el asesinato de civiles.

Libertad de expresión en riesgo

La difusión de los “archivos afganos” dio origen a fuertes redadas policiales en las oficinas del medio público el pasado 5 de junio, a partir de las cuales reunieron 9.214 archivos, incluidos miles de correos electrónicos internos. La justificación ofrecida por la Policía Federal de Australia (AFP) fue categórica: la "supuesta publicación de información clasificada como secreto oficial, que es un asunto extremadamente serio que tiene el potencial de socavar la seguridad nacional de Australia".

La AFP también allanó la casa de Annika Smethurst, editora política de The Sunday Telegraph de Sidney, por su informe sobre los crecientes poderes de vigilancia en Australia. Según The New York Times , Smethurst informó en abril de 2018 sobre "la correspondencia secreta entre los ministerios del gobierno a raíz de un plan para expandir los poderes de vigilancia de las agencias de inteligencia".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, defendió los allanamientos. "Nadie está por encima de la ley", declaró a la cadena SBS . En julio, el gobierno introdujo un conjunto de leyes severas contra el espionaje extranjero. Las nuevas leyes de seguridad nacional incluyen también el requisito de que las compañías de telecomunicaciones retengan todos los metadatos, así como los registros de llamadas de teléfonos celulares durante dos años, en los los cuales las agencias gubernamentales podrían tener acceso de manera encubierta sin necesidad de una orden judicial. Desde 2015, se aconseja a los periodistas que no usen teléfonos celulares para comunicarse con las fuentes. Muchos de ellos además utilizan servicios de mensajería y correo electrónico que permiten un mayor nivel de cifrado y privacidad.

Para el gremio periodístico, las dos recientes redadas reflejan un patrón de ataque que pone en peligro la libertad de prensa en Australia. Peter Greste, profesor de periodismo en la Universidad de Queensland, pidió la revisión de la Constitución de Australia en un artículo para el sitio web The Conversation . Greste, que preside la Alianza para la Libertad de Periodistas, exige una nueva ley que proteja a los periodistas que informan en interés público, así como a los denunciantes.

“Todo de alguna manera hace que sea peligroso para los periodistas o sus fuentes exponer e informar sobre asuntos dentro del gobierno que usted y yo deberíamos saber. Esos periodistas expusieron temas que necesitábamos saber, debatir y, en algunos casos, cambiar”, agregó Greste. Australia, a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, carece de un equivalente a las protecciones de la Primera Enmienda para la libertad de expresión. Varios tramos de la nueva legislación australiana que amplía los poderes de la policía y las agencias de seguridad no hacen más que disminuir la libertad de prensa en el país oceánico.

Informe: Guido Vassallo.